Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Parte 2 (continuación) - Teorías subyacentes: la tipología de Tonry y Farrington

 

El análisis pormenorizado de cada clasificación, tipología o modelo permite introducir otros conceptos y teorías relevantes para la prevención del delito, así como desprender desafíos particulares. Esta sección ofrece una explicación más detallada de la clasificación propuesta por Tonry y Farrington, como referencia que permita abundar en los alcances y limitaciones de las tipologías o modelos en prevención del delito. El mismo ejercicio se podría realizar con cualquiera de las clasificaciones.

 

Prevención del delito basada en el desarrollo

Se centra en la intervención temprana mediante la reducción de los factores de riesgo asociados a conductas delictuales, así como al refuerzo de los factores de protección (France y Homel, 2007; Farrington y Welsh, 2007). Cada vez hay más evidencia del éxito de aplicar la prevención del delito basada en el desarrollo y en intervenciones tempranas:

Los hallazgos en neurociencia, investigación conductual y economía muestran una «sorprendente convergencia en un conjunto de principios comunes que explican los potentes efectos del primer entorno sobre la capacidad de desarrollo de las habilidades humanas», lo cual reafirma la necesidad de invertir en la niñez desfavorecida en sus primeros años de vida (Knudsen y otros, 2006, como se cita en Welsh y otros, 2010, p. 115).

Ross Homel y Lisa Thomsen (2017), expertos australianos en criminología del desarrollo, señalan:

La prevención basada en el desarrollo implica el uso de la investigación científica para guiar la aportación de recursos a individuos, familias, escuelas o comunidades, con el fin de paliar las condiciones que dan lugar a comportamientos antisociales y a la delincuencia antes de que surjan estos problemas, o antes de que se arraiguen... Actuar de forma temprana contra la delincuencia, de preferencia antes de que el daño sea tan grande que ya no pueda repararse, es un planteamiento de prevención del delito que a la gente le parece lógico. El doble desafío consiste, claro está, en identificar exactamente qué aspectos en los individuos, familias, escuelas y comunidades aumentan las probabilidades de que se cometan delitos y, a continuación, hacer algo útil lo más pronto posible respecto a las condiciones identificadas (Homel y Thomsen, 2017, p. 57).

No obstante, son tareas difíciles evaluar quién está en riesgo de delinquir en el futuro, aislar las razones por las que existe mayor riesgo y luego intervenir de manera efectiva para prevenir la aparición de actividades delictivas en el futuro. Farrington y Welsh (2007) proponen asociar factores de riesgo crítico y los tipos de intervención que parecen ser más efectivos, con los siguientes elementos: 

De igual forma que la clasificación de factores de riesgo antes descrita puede orientar diferentes formas de intervención, las aportaciones de Farrington y Welsh (2007) confrontan con las difíciles tareas vinculadas al diseño y la implementación de un programa de prevención del delito basada en el desarrollo, lo cual supone un gran desafío. Algunos de los retos están en asegurar que los grupos e individuos adecuados participan en el programa; garantizar que los mecanismos para el cambio se han entendido bien y que la intervención los aborda; contar con personal para el programa, debidamente formado, y realizar un estrecho seguimiento del impacto de la intervención. Es, en gran parte, el desafío de la gestión e implementación de la prevención del delito.

En consonancia con el modelo epidemiológico, los programas e intervenciones de la prevención basada en el desarrollo pueden operar a distintos niveles que incluyen el universal, el seleccionado y el indicado (Homel, 2005), con los alcances ya descritos. 

Esto significa que las iniciativas preventivas requieren que se tomen decisiones sobre la población objetivo, con implicaciones en términos de costo y selección de participantes, y con posibles problemas por la estigmatización de comunidades, familias o individuos. Estos factores ejercen una influencia significativa sobre las estrategias requeridas para asegurar la prestación efectiva de programas adecuados para las poblaciones específicas.

Además, el aislamiento o la identificación de factores de riesgo, como los enumerados arriba, también es objeto de críticas. Así, se han expresado preocupaciones sobre el potencial estigmatizador que supone identificar como factor de riesgo para la delincuencia, por ejemplo, el hecho de crecer en un hogar con un nivel socioeconómico bajo. Para algunas personas, esto equivale a estigmatizar a los grupo sociales en situación de pobreza y desvía la atención de los factores estructurales que contribuyen a la misma, ya que se centra en las víctimas individuales de estas desventajas.

La tipología de Tonry y Farrington ofrece la posibilidad de resaltar diversos cuestionamientos sobre las limitaciones de agrupar diversas condiciones o situaciones que favorecen, precipitan o dinamizan conductas asociadas a la delincuencia, así como proponer intervenciones concretas con probabilidades reales de ofrecer oportunidades y disminuir riesgos. Las mismas críticas podrían hacerse a otras tipologías o clasificaciones, por lo que resulta muy importante cómo se gestionan o comunican los programas de prevención en su etapa de implementación.

La siguiente tabla proporciona algunos componentes útiles sobre aspectos de la prevención social y de desarrollo temprano, y la implementación de programas:

(Fuente: Batchelor y otros, 2006, p. 2)
 

Prevención comunitaria del delito

Hope (1995, p. 21) sugiere que «la prevención comunitaria del delito se refiere a las acciones que pretenden modificar las condiciones sociales consideradas como motivos de la delincuencia en comunidades residenciales. Suele centrarse en la habilidad de las instituciones sociales locales para reducir las actividades delictivas en vecindarios residenciales».

En este contexto, «la estructura y organización de una comunidad afectan a la delincuencia que ésta experimenta, independientemente de las características individuales de sus residentes» (Hope y Shaw, 1988, como se cita en Hogg y Brown, 1998, p. 190). Esto significa que la comunidad (sin importar cómo ésta se defina) es un ente más allá de la simple suma de sus habitantes –ya que existen efectos que surgen de la forma en que los residentes interactúan, las oportunidades que se ponen a su disposición, los servicios que se les brindan y las relaciones entre ellos– tanto de forma colectiva como junto con los proveedores y las agencias de servicios relevantes.

De ahí que este planteamiento se centre en comunidades y vecindarios residenciales y tenga por objetivo cambiar las condiciones sociales asociadas a la delincuencia. Sin embargo, no son tareas tan evidentes identificar qué condiciones deberían modificarse y encontrar maneras para ello.

Este enfoque tiene sus raíces, en parte, en la Escuela de Chicago y la atención sobre la desorganización social. Sampson y Groves apuntan:

En términos generales, la desorganización social se refiere a la incapacidad de una estructura comunitaria para reconocer valores comunes entre sus residentes y mantener controles sociales efectivos. Desde el punto de vista empírico, las dimensiones estructurales de la desorganización social comunitaria pueden medirse en términos de la prevalencia e interdependencia de las redes sociales en una comunidad –tanto informales (p. ej., lazos de amistad) y formales (p. ej., participación organizativa)– y en el grado de supervisión colectiva que la comunidad dirige hacia los problemas locales; por ejemplo, las barreras estructurales impiden el desarrollo de lazos formales e informales que promuevan la habilidad de resolver problemas comunes (véase el diagrama en la página siguiente). Por consiguiente, la organización y la desorganización social se consideran extremos del mismo proceso continuo en relación con las redes sistemáticas del control social comunitario. (1989. p. 777)

El siguiente diagrama muestra las barreras estructurales que pueden impedir el desarrollo de lazos formales e informales, identificados por la Escuela de Chicago (en particular, Shaw y McKay, citados en Sampson y Groves, 1989). De igual forma, ilustra cómo los problemas generales y estructurales, como el nivel socioeconómico, la movilidad residencial y la manera en que las familias se asientan en las comunidades y tejen relaciones con vecinos e iguales, pueden contribuir al surgimiento de la delincuencia en casos donde existe un bajo grado de control social informal y de eficacia colectiva.

Fuente: Modelo causal de la versión extendida de la teoría de Shaw y McKay sobre la estructura sistémica comunitaria y las tasas de delincuencia y criminalidad (Sampson y Groves, 1989, p. 783).

En general, un elevado grado de control social informal y de eficacia colectiva en las comunidades locales tiene como consecuencia una baja tasa de delincuencia. La siguiente cita aporta información sobre la naturaleza de estos constructos:

Sampson y sus coautores introdujeron entonces el término «eficacia colectiva», que se define como la habilidad del vecindario de mantener el orden en los espacios públicos, tales como calles, aceras y parques. La eficacia colectiva se implementa cuando los residentes del vecindario llevan a cabo acciones para mantener el orden público, tales como quejarse a las autoridades u organizar programas de vigilancia comunitaria. Los autores argumentan que los residentes solo emprenden estas acciones cuando la «cohesión y la confianza mutua» en el vecindario están vinculados a «expectativas compartidas para intervenir en apoyo del control social del mismo». Si la confianza mutua o las expectativas compartidas están ausentes, es improbable que los residentes actúen cuando el desorden invada el espacio público (Vold y otros, 2002, p. 131-132).

En consecuencia, el punto focal consiste en fortalecer a las comunidades mediante la prestación de servicios que establezcan conexiones entre los miembros de la comunidad y los enlacen a recursos y servicios externos que puedan ayudarles a combatir el delito (incluida la policía, los organismos de salud, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales). Este contexto multisectorial requiere que las agencias trabajen juntas, lo cual no siempre es tan sencillo. La prevención del delito interinstitucional efectiva requiere: compartir información para ayudar a entender la naturaleza del o de los problemas de delincuencia; el desarrollo de planes coordinados para la prestación de servicios; el mantenimiento de una comunicación regular; y la evaluación conjunta del impacto de la o las intervenciones; lo que vuelve a colocar gran parte del éxito de las intervenciones en la dimensión de la gestión para la prevención).

En América Latina y el Caribe se han realizado diversas investigaciones académicas que han testeado las premisas propuestas por Sampson y Groves.  Se presentan algunos ejemplos en los ejercicios propuestos al final del Módulo

 

Prevención situacional del delito

Uno de los promotores más importantes de la prevención situacional del delito, el profesor Ron Clarke, la describe de la siguiente forma:

La prevención situacional del delito comprende medidas de reducción de oportunidades que (1) están dirigidas a formas muy específicas de delincuencia, (2) implican la gestión, el diseño o la manipulación del entorno inmediato de una forma lo más específica y permanente posible, (3) están destinadas a aumentar el esfuerzo y el riesgo de cometer actos delictivos y reducir las recompensas a los ojos de un amplio rango de delincuentes. (1997. p. 4)

Este modelo de prevención del delito asume que muchos delincuentes son racionales y responden a las oportunidades disponibles para delinquir. Si cometer un delito es difícil, entonces la propensión a delinquir se verá reducida; y allí donde la delincuencia no se controla, escalará. Se asume que un delincuente pondera los beneficios derivados de delinquir, los riesgos potenciales de que le detengan y los costes asociados a ello. El resultado de este cálculo determinará si comete el delito o no.

Este modelo también se basa en la Teoría de las Actividades Rutinarias. Felson y Cohen sugieren que:

... cualquier infracción llevada a cabo de manera satisfactoria requiere como mínimo un delincuente con inclinaciones delictivas y la habilidad de materializarlas, una persona u objeto que suponga un objetivo idóneo del delincuente, así como la ausencia de un guardián capaz para impedir la infracción. (1980, p. 392)

El siguiente triángulo visualiza los supuestos señalados:

Abordar estos tres elementos puede ayudar a prevenir los delitos.

Durante el mismo periodo (finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX) en que Felson y Cohen estaban desarrollando la Teoría de las Actividades Rutinarias, los Brantingham estaban analizando las tendencias delictivas espaciales y temporales (véase Brantingham y Brantingham, 1978; 1981; 1982). A partir de sus investigaciones concluyeron que:

Los delitos no ocurren de forma aleatoria o uniforme en el tiempo, el espacio o la sociedad. Los delitos no ocurren de forma aleatoria o uniforme en vecindarios o grupos sociales, ni durante las actividades diarias de una persona ni durante la vida de un individuo. Hay lugares de conflicto (hot spots) y exentos de conflicto (cold spots); hay delincuentes de reincidencia alta y víctimas de alta victimización reiterada. De hecho, a menudo los dos grupos suelen estar vinculados. Mientras que las cifras se continuarán debatiendo dependiendo de la definición y la población que se someta a estudio, una proporción muy pequeña de personas comete la mayor parte de delitos conocidos y también representa un elevado porcentaje de victimización. (2008, p. 79)

Haciéndose eco de las palabras de Felson y Cohen (1980), los Brantingham llamaron la atención sobre las actividades rutinarias. Sugirieron que los individuos realizan una serie de actividades regulares en distintos ámbitos (hogar, trabajo, escuela, compras, entretenimiento). Estos ámbitos de actividad están conectados por caminos y las personas suelen transitar los mismos caminos de forma rutinaria cuando se dirigen a realizar sus actividades cotidianas. En consecuencia, los individuos observan y aprenden circunstancialmente sobre posibles oportunidades para delinquir. Cuando un potencial delincuente se cruza con un posible objetivo/víctima, este último se convertirá en un objetivo real cuando se haya activado la disposición del primero para cometer el delito. Los patrones de actividades y rutinas diarias ayudan a explicar por qué en algunos lugares en particular existen tasas elevadas de delincuencia, un fenómeno conocido como «Teoría del Patrón Delictivo».

Los Brantingham sugieren que es posible predecir los lugares conflictivos (hot spots) si se entienden estas dinámicas. Si se analizan lugares específicos y se toma en consideración la convergencia de los elementos clave de la Teoría del Patrón Delictivo, es posible predecir dónde se concentrarán los delitos.

Las teorías de la Elección Racional, de las Actividades Rutinarias y del Patrón Delictivo, en su conjunto, evidencian cómo las oportunidades de delinquir surgen en lugares particulares y en momentos específicos. Promueven un entendimiento de las dinámicas de la delincuencia, incluidas importantes tendencias espaciales y temporales. Operan sobre la base de que delinquir es un acto racional y deliberado que sucede cuando una persona lo suficientemente motivada encuentra un objetivo o víctima idóneo en ausencia de una protección efectiva. Estos enfoques también fomentan un análisis más profundo de las decisiones específicas asociadas a la delincuencia y sobre cómo ésta se ve afectada por la disponibilidad de oportunidades para delinquir.

Con base en dichos enfoques, pueden adoptarse las acciones siguientes para prevenir y disuadir la comisión de hechos delictivos:

  • Aumentar el esfuerzo
  • Aumentar los riesgos
  • Reducir las recompensas
  • Reducir las provocaciones
  • Eliminar las excusas

Cornish y Clarke (2003) han ampliado estos a 25 técnicas de reducción de oportunidades  [ Open table as pdf].

(Source: Cornish and Clarke, 2003).

Con una visión muy didáctica, Cornish y Clarke (2003) han propuesta las denominadas “técnicas de reducción de oportunidades” que, constantemente, encuentran nuevos espacios de aplicación. Con la finalidad de ofrecer una perspectiva analítica de estas técnicas, se sugiere  consultar los ejercicios propuestos en este Módulo.

Si bien hay evidencia muy sólida de que las distintas formas de prevención situacional del delito son efectivas en la reducción de la delincuencia, sus críticos a menudo argumentan que dichos esfuerzos solo logran desplazarla (trasladándola de un área, ubicación o modalidad a otra). A pesar de estas afirmaciones, en general se ha establecido que el desplazamiento delictivo no acompaña a todas las intervenciones de prevención situacional e, incluso, cuando existen pruebas de desplazamiento no sucede para todos los delitos. Por ejemplo, en un análisis realizado por Hesseling (1994) «no encontró pruebas de desplazamiento en 22 de los estudios que examinó; en los 33 restantes, encontró algunas pruebas de desplazamiento, pero en ningún caso la cantidad de delitos desplazados igualaba a la de delitos prevenidos» (este estudio se cita en Clarke, 2008, p. 188). En cambio, hay cada vez más pruebas de que, en lugar de desplazar los delitos, las medidas preventivas podrían, de hecho, dar como resultado una «dispersión de beneficios»; es decir, la reducción de la delincuencia más allá del objetivo inmediato de las medidas introducidas. En este contexto, los beneficios netos son mayores de lo que se podría haber anticipado con una intervención particular, porque no solo se previene la delincuencia en la zona objetivo, sino también en las áreas adyacentes.

Prevención del delito mediante medidas de tipo ambiental

La prevención del delito mediante intervenciones urbanas o medidas de diseño ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés) debe su denominación al trabajo de Ray Keffery que en 1971 publicó el libro Crime Prevention Through Environmental Design (Jacobs, 1961; Jeffery, 1971; Newman, 1972). De acuerdo con Crowe, se basa en la noción de que:

el entorno físico puede manipularse para lograr efectos sobre el comportamiento que reduzcan la incidencia de la delincuencia y el miedo a ésta, aumentando en consecuencia la calidad de vida. Dichos efectos del comportamiento pueden conseguirse reduciendo la propensión del entorno físico a favorecen los comportamientos delictivos (Crowe, 2000, p. 34–5).

Bloquear las oportunidades de delinquir a través de la creación de obstáculos o barreras para llegar al objetivo; eliminar lugares donde pudieran ocultarse los posibles delincuentes; restringir las vías de escape, y aumentar la vigilancia de probables infractores (Rosenbaum, Lurigio y Davis, 1998, p. 125–6) son todas ellas formas de manipular el entorno físico para prevenir delitos.

Más concretamente, la CPTED ahora incluye, por norma general, una serie de técnicas de diseño con la que Cozens et al (2005) confeccionan la siguiente lista:

  1. Vigilancia: la vigilancia natural y técnica aumenta los riesgos para posibles delincuentes. La vigilancia puede lograrse mediante el fomento de la estrategia «ojos en la calle», defendida por Jane Jacobs, que consiste en usar el entorno para maximizar la presencia de peatones durante el día y la noche, o mediante vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV). Un ejemplo concreto del diseño que facilita la vigilancia natural es garantizar que los árboles y arbustos no interfieran con el alumbrado público. Otros ejemplos de diseño para lograr la vigilancia natural están disponibles en el sitio web interactivo (solo en inglés) Secured by Design;
  2. Controlar puntos de acceso: bloquear el acceso a lugares y objetos reduce las oportunidades de cometer delitos. Este bloqueo puede llevarse a cabo en forma de vallado, paisajismo y entrada a zonas residenciales activada mediante vídeo y teléfono;
  3. Territorialidad: el diseño que fortalece la apropiación de los espacios promueve la territorialidad. A menudo los propietarios de un espacio intervendrán si existe un comportamiento antisocial. El diseño puede influir sobre la probabilidad de que dichas acciones se lleven o no a cabo;
  4. Apoyar actividades: los espacios públicos pueden activarse usando música o actuaciones que atraigan a la gente a un espacio. La presencia de gente a menudo aumentará la sensación de seguridad en un área;
  5. Imagen/mantenimiento: el mantenimiento de un área puede contribuir a la percepción de que existe un guardián capaz. Una zona que no parezca cuidada o con falta de mantenimiento podría invitar a cometer actividades ilícitas. Quitar la basura de los parques y mantener la infraestructura pública, como las marquesinas de los autobuses y los baños públicos, son ejemplos de inversión en mantenimiento que pueden ayudar a la prevención del delito. Del mismo modo, un área que sugiera la existencia de un alto grado de vigilancia tendrá menos probabilidades de atraer actividades ilícitas; y
  6. Dificultar el acceso al objetivo: es decir, reducir su atractivo para los posibles delincuentes. Esto podría incluir la instalación de dispositivos de seguridad para disminuir las posibilidades de robo. Otro ejemplo es la instalación de bolardos de hormigón para prevenir ataques de vehículos en propiedades físicas o la entrada a zonas peatonales.

La CPTED y la prevención situacional son parte de una «familia» de enfoques preventivos similares. La prevención situacional pretende eliminar los problemas existentes, mientras que la CPTED intenta «eliminar los problemas de forma anticipada con un nuevo diseño sobre la base de la experiencia pasada con diseños similares» (Clarke, 2008, p. 182). Así pues, Clarke sugiere que la CPTED está más orientada al futuro que la prevención situacional. 

 

Prevención del delito mediante la aplicación de la ley/justicia penal

Este tipo de prevención hace referencia a las actividades del sistema de justicia penal que intentan reducir la incidencia y gravedad del delito. Por consiguiente, incluye diversas acciones a lo largo del sistema de seguridad y justicia tales como actividades policiales variadas o programas de apoyo tras la excarcelación de personas en situación de reclusión. No es el objetivo del presente Módulo ofrecer una visión integral de todas las posibles intervenciones de prevención del delito mediante la operación del sistema de seguridad y de justicia penal. En Módulos posteriores se incluye la siguiente información relevante:

La siguiente definición da una idea de la diversidad de las actividades cubiertas por este enfoque:

[La prevención del delito mediante la aplicación de la justicia penal] se ocupa de los delitos después de cometidos e implica la intervención en las vidas de los delincuentes registrados de forma que no cometan más delitos en el futuro. En cuanto a su carácter preventivo,  opera a través de la incapacitación y la disuasión individual, y puede ofrecer la oportunidad de tratamiento en la cárcel o mediante otras opciones de condena. (Cameron y Laycock, 2002, p. 314)

Esta definición subraya la importancia de los tribunales y los centros penitenciarios (incluidas las prisiones y los centros correccionales comunitarios) en la anticipación o prevención de futuros delitos. Trata conceptos fundamentales de criminología y derecho penal, como incapacitación, disuasión, rehabilitación y restauración. Como toda definición tradicional, se ha ido ajustando a la evidencia existente para incorporar a las víctimas como parte fundamental de las actividades del sistema de seguridad y justicia penal y el rol tal relevante que tienen intervenciones como las de justicia restaurativa o las de intervención, atención y reparación integral.

Prácticas policiales

La policía busca prevenir el delito de varias formas. Distintos modelos de policía se centran en diferentes tácticas y estrategias para prevenir o reducir la delincuencia. Si bien existen varios modelos policiales, los tres más comunes tienen enfoques diferenciados que resultan, igualmente, en formas particulares de prevención, y son:

  • Policía de proximidad: este enfoque reconoce que la policía es de las personas y para las personas. Sin el apoyo de la comunidad la policía no es muy eficaz, porque gracias a la información provista por miembros de la comunidad son resueltos una cantidad considerable de delitos. La policía de proximidad, conocida más comúnmente como policía comunitaria, favorece las tácticas que conectan a la policía precisamente con las comunidades locales. Dicha labor puede llevarse a cabo a través de la participación de la policía en eventos comunitarios; la creación de comités policiales y comunitarios para establecer prioridades policiales locales; y la creación de intervenciones específicas acordes con las características comunitarias de tal forma que la policía pueda conectar con grupos minoritarios o minorías difíciles de alcanzar.
  • Policía orientada a la resolución de problemas: este enfoque, desarrollado por el profesor Herman Goldstein, busca asegurar una actividad policial con mayor capacidad de respuesta. Más que solo responder a las llamadas de servicio, Goldstein sugiere que los problemas deberían definirse con una especificidad mucho mayor; que deben invertirse esfuerzos en investigar el problema; que deben considerarse soluciones alternativas (incluidos cambios físicos y técnicos, en la prestación de servicios gubernamentales, desarrollo de nuevos recursos comunitarios, mayor uso de las ordenanzas municipales, y una utilización eficaz de la zonificación); y que la implementación ha de gestionarse de forma detallada (Goldstein, 1979, p. 244–58). Este enfoque utiliza el modelo BASE (SARA), que se explicará en más detalle en la próxima sección de este Módulo.
  • Disuasión focalizada y acción selectiva: este enfoque, desarrollado por el profesor David Kennedy y sus colegas, propone prevenir el delito mediante el análisis detallado de los problemas delictivos más apremiantes; comunicando de forma clara y creíble las amenazas de la aplicación de la ley a delincuentes de alto riesgo; proporcionando con mayor rapidez recursos policiales si estos delincuentes de alto riesgo continúan delinquiendo, a la vez que se amplían las oportunidades para salir de la criminalidad mediante la participación de servicios de apoyo idóneos; así como la movilizando a los líderes de la comunidad local para condenar la actividad delictiva en curso (sobre todo si es violenta). Este enfoque se basa en la coordinación de distintos servicios, que incluyen a la policía, sistemas de libertad condicional y libertad vigilada, fiscalía, servicios sociales, educadores juveniles, miembros de la comunidad local afectados por la delincuencia y otros organismos. La efectividad reside tanto en proporcionar respuesta policial y de justicia penal de forma rápida si la delincuencia persiste, como en proveer oportunidades para el cese de la ofender.

Tribunales

Los tribunales contribuyen a la prevención del delito de varias formas. La disuasión general y específica forman parte de los objetivos de las sentencias y los procesos judiciales. Al comparecer ante un tribunal y recibir una condena, se espera disuadir a los delincuentes de seguir delinquiendo. Esto podría ser resultado de la vergüenza asociada a tener que comparecer ante un tribunal, el reconocimiento durante el proceso judicial de haber cometido un delito, o los servicios a los que se puede acceder para facilitar su rehabilitación. En muchas jurisdicciones, en los últimos años, los tribunales han intentado desarrollar formas más creativas para reducir la reincidencia. Por ejemplo, los tribunales especializados, tales como los de tratamiento de drogas, tienen por objetivo ofrecer asesoramiento y tratamiento apropiados para los delincuentes con problemas demostrables en el ámbito del consumo de droga o de otro tipo, con lo cual, las instituciones se vinculan estrechamente al tratamiento que ayuda a reducir los factores de riesgo asociados a la delincuencia en cursog.

Prisión y apoyo post-liberación

Por lo menos en teoría, la prisión ofrece oportunidades de rehabilitación. Ello puede tener lugar de varias formas, incluyendo programas educativos y de empleo, intervenciones terapéuticas y de inserción laboral, así como asesoramiento individual o asistencia social. Cada intervención puede intentar abordar los factores de riesgo relacionados a la delincuencia, preparar a un recluso para su retorno a la comunidad o proveerle de las cualificaciones y habilidades necesarias para obtener un puesto de trabajo.

El apoyo post-liberación se ha reconocido como un aspecto fundamental para ayudar a los ex reclusos en su regreso a la comunidad y superar los riesgos tras la excarcelación (que incluyen mendicidad, sobredosis, suicidio y reincidencia). El apoyo, tras la puesta en libertad, puede materializarse de distintas formas e incluye la facilitación de alojamiento, constante asesoramiento psico-social o gestión del caso, orientación para la búsqueda de trabajo, y medidas de mayor control, tales como monitoreo electrónico y análisis de orina.

Todas estas intervenciones tienen el potencial de reducir los riesgos de reincidencia, una faceta importante en la prevención del delito.

 
Siguiente: Parte 3 – La gestión de la prevención y los enfoques de resolución de problemas
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