Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Tema uno: El concepto de víctimas del delito y una breve historia de la victimología

 

Durante mucho tiempo, se ha descuidado a las víctimas de delitos en el contexto de los procedimientos de justicia penal que dan prioridad llevar a los responsables ante la justicia. Esto cambió, en cierta medida, en la década de 1960 cuando el movimiento de los derechos civiles produjo cambios políticos, jurídicos y sociales de gran alcance en muchos aspectos de la vida. Entre otros avances, dio lugar a una mayor atención al papel de las víctimas en el contexto de la política social y penal. Además, y de forma paralela, el estudio de la victimología surgió como un campo científico que complementaba el estudio de la delincuencia y la criminología. Un resumen de la evolución histórica de la victimología como disciplina es útil para comprender la complejidad de lograr la justicia para las víctimas en los contextos contemporáneos.

La victimología surgió en las décadas de 1940 y 1950 cuando los criminólogos, entre ellos Hans von Henting, Benjamin Mendelsohn y Henri Ellenberger, examinaron las relaciones entre las víctimas y los delincuentes y destacaron que ambos estaban conectados en una relación recíproca. Sin embargo, esta labor académica inicial no se centró en las necesidades ni en los derechos de las víctimas, sino en cómo las víctimas contribuyen a su propia victimización. Los primeros criminólogos examinaron, por ejemplo, cómo un comportamiento imprudente o descuidado podía atraer la atención de los ladrones o asaltantes y facilitarles la realización de un acto delictivo. En su libro The Criminal and his Victim: Studies in the Sociobiology of Crime, Hans von Henting (1948) intentó identificar las características de una «víctima» típica, es decir, las características que podrían considerarse que aumentan efectivamente el riesgo de victimización de esa persona. Si bien este enfoque puede parecer fuera de lugar hoy en día, como ejemplo de «culpabilización de la víctima» (es decir, responsabilizar a la víctima, total o parcialmente, por el daño que un delito o acto ilícito le ha producido), von Henting hizo una contribución notable a la criminología al destacar y demostrar la importancia de la víctima en lo que Mendelsohn (1956) denominó más tarde como la «pareja penal» de la víctima y el delincuente. Los primeros victimólogos comprendieron que hay que interesarse en las víctimas para estudiar de manera adecuada y exhaustiva al delincuente.

A partir de la década de 1970, el enfoque cambió hacia la exploración de maneras de abordar la prevención de la victimización, con un creciente interés y reconocimiento de las múltiples formas de daño y adversidad que experimentan las víctimas. En efecto, la victimología contemporánea reconoce que las víctimas requieren respuestas efectivas con respecto a la reparación, restitución, el hecho de tener voz en sus casos y de que necesitan servicios de apoyo para víctimas y de ayuda legal (Kirchhoff, 2010; Wemmers, 2012, 2017). Esta noción se acentuó aún más por el auge contemporáneo de campos profesionales afines, como la psicología y la asistencia social, que han contribuido a que se tenga más conciencia sobre la necesidad de las víctimas de recibir servicios oportunos, que los apoyen y que no los estigmaticen. Además, como se ha mencionado, el movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970 influenció el surgimiento del movimiento a favor de los derechos de las víctimas al hacer hincapié en llevar la atención del público a las poblaciones marginadas y en cuestionar las políticas injustas del Gobierno. En particular, el aumento de las tasas de delincuencia en la década de 1960, la atención que prestó el movimiento feminista al problema de la violencia en contra de la mujer, los programas de indemnización temprana a las víctimas y el activismo político de las víctimas influenciaron el desarrollo del movimiento a favor de los derechos de las víctimas.

En 1973, Israel Drapkin organizó el primer Simposio Internacional de Victimología, y brindó a los profesionales, académicos, investigadores y estudiantes un foro internacional para discutir y centrarse en temas relacionados con las víctimas y el desarrollo de la victimología como disciplina. Tras el simposio, se creó en 1979 la Sociedad Mundial de Victimología como una organización no gubernamental con el propósito de promover la investigación y la práctica de la victimología, fomentar la labor interdisciplinaria y comparativa, así como la cooperación entre los organismos y grupos internacionales, nacionales y regionales que se ocupan de los derechos de las víctimas. Desde entonces, se han establecido varias otras entidades internacionales para abordar los temas fundamentales relacionados con las víctimas de delitos, incluidas las redes de proveedores de servicios como Victim Support Europe. En 2018, se empezó a planificar el establecimiento de Victim Support Asia.

A pesar de estos relevantes avances en la victimología y de nuestro creciente entendimiento de las víctimas y sus necesidades, aún existe una considerable disparidad entre las jurisdicciones en lo que respecta al reconocimiento y el respeto de los derechos de las víctimas. Además, la existencia de servicios de apoyo efectivos a disposición de las víctimas varía mucho. Esta variabilidad en las respuestas disponibles para las víctimas es producto de un diversas fuerzas sociales, culturales, históricas, económicas y jurídicas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en reconocimiento de la importancia de establecer normas mínimas para impartir justicia a las víctimas, aprobó en 1985 la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (en adelante la Declaración de las Naciones Unidas de 1985), lo que constituyó un importante paso hacia un enfoque unificado para abordar el tema de la justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Como parte de los estándares y las normas de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 establece una base importante para reconocer que las víctimas tienen derechos y necesidades que requieren respuestas legislativas, el establecimiento de apoyo, servicios y esfuerzos para asegurar su protección contra mayores daños y, en la medida de lo posible, el derecho a la reparación. Además, la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 establece una definición del término «víctima», como se menciona en los términos clave.

El hecho de que la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 contenga una definición es importante, en sí mismo, porque una definición contenida en un documento aprobado por la Asamblea General puede ayudar a unificar las diversas prácticas en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Además, la definición es también un hito por la amplitud y el gran alcance con que se define quién es la «víctima» de un delito. La definición combina la violación del derecho penal con una amplia serie de daños que una persona puede sufrir como resultado de ese delito. Además, la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 aclara que se debe reconocer a las víctimas y otorgarles sus derechos, sin importar si se ha identificado, detenido, procesado o condenado al delincuente. La definición de víctima de un delito según la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 también incluye a las personas que sufren daños de manera indirecta, como la familia inmediata o las personas que dependen de la víctima directa y cualquier otra persona que haya sufrido daños como resultado de su intervención para ayudar a las víctimas directas.

Desde la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas (1985), se han producido varias iniciativas internacionales y regionales para asegurar el respeto y reconocimiento de los derechos de las víctimas. En el plano europeo, se han adoptado normas regionales vinculantes tanto a nivel del Consejo de Europa como de la Unión Europea. A nivel nacional, Sudáfrica, por ejemplo, ha publicado un estatuto de servicios para las víctimas de delitos, es decir, una consolidación del marco jurídico actual relacionado con los derechos y servicios prestados a las víctimas de delitos en el contexto sudafricano.

 
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