Este módulo es un recurso para los catedráticos
El enfoque de la democratización profunda
Para que un régimen supere los cuatro síndromes de corrupción descritos anteriormente y logre construir las bases sociales para la reforma, necesita diversos medios indirectos de empoderamiento y apoyo a la oposición política de la corrupción a largo plazo. Johnston (2014) sugiere que, a la larga, uno de los enfoques de la lucha contra la corrupción más importantes es la «democratización profunda», la cual permite que los ciudadanos defiendan sus intereses por medios políticos. Este enfoque global tiene el potencial de reavivar conflictos y acontecimientos políticos de larga data en sociedades en las que la corrupción se ha llevado a límites factibles. A diferencia de otras estrategias de reforma, la democratización profunda concibe un mejor Gobierno en términos de justicia y equidad, aunque no una administración más eficiente. Alcanzar ese objetivo implica el mejoramiento de la calidad de las instituciones, las leyes y las medidas de aplicación, las que, a su vez, requieren una demanda política, económica y social sostenida de que las reformas y los controles se apliquen eficazmente.
Sin embargo, la relación entre los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la democratización siempre se debe considerar y entender dentro de contextos específicos, ya sea para comprender cómo se fomenta la corrupción o para desarrollar formas de erradicarla. También requiere de aceptar la complejidad de la diversidad cultural y política, a pesar del amplio acuerdo con respecto a los valores universales (para más información sobre los valores universales y la diversidad política, consulte el Módulo 2 y el Módulo 5 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Integridad y Ética). De esta forma, la asociación de la democracia con Gobiernos honestos y limpios depende en gran medida de un entorno político más amplio a nivel nacional y de otras circunstancias locales ( Kramer, 2018). Por ejemplo, en el caso de la corrupción por oligarcas y clanes, las prioridades de la reforma deben girar en torno a la creación de un espacio político y económico seguro y valorado, dentro del cual los ciudadanos y las empresas puedan expresar, discutir y defender sus intereses y necesidades. La aplicación básica de las leyes y la seguridad de los derechos legales deberían ser de alta prioridad, así como la solidez de la moneda y la banca, y la construcción de un sistema de justicia independiente y accesible. En este caso, también es muy probable que la corrupción sea sólo uno de los muchos problemas que generan controversia y debate, pero en la mayoría de los casos se trata de cuestiones de rendición de cuentas e imparcialidad (Johnston, 2014; 2017).
En las situaciones de corrupción por funcionarios magnates que se caracterizan por un círculo interno autoritario, las estrategias de lucha contra la corrupción pueden comenzar con intentos de asegurar incluso las libertades civiles más mínimas. De esta manera, por ejemplo, se podría contribuir a una mejor implementación de los proyectos de apoyo al desarrollo incluso en entornos no democráticos; reducir la opresión policial y militar a los grupos de ciudadanos; aumentar el interés en la vida política, y plantear la corrupción como un problema de manera indirecta. Esto no significa que estos intentos necesariamente tendrán dicha influencia positiva, sino que podrían tenerla.
Frenar la corrupción es complejo y requiere un enfoque múltiple que continúe durante un largo período de tiempo, independientemente de si el régimen es democrático, híbrido o autoritario. Al final de cuentas, «la clave es un cambio gradual e indirecto que permita la aparición de este tipo de contención dentro de la sociedad, impulsado por cuestiones y reclamos que incumben a los ciudadanos» (Johnston, 2017, pág. 7). La idea es que frenar la corrupción es un proceso dinámico que toma tiempo e implica un conjunto de intervenciones y reformas administrativas y procesales para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia y la igualdad. Como se señala en Kubbe (2017):
al incorporar el componente institucional del 'poder del pueblo', la democracia genera niveles más altos de transparencia y permite (...) la participación social de grupos, como las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación y prensa, para dirigir la atención sobre la corrupción, sensibilizar a la población y actuar como vigilantes. Como los estudios han indicado, en las democracias consolidadas, estas organizaciones y movimientos sociales se han convertido en una fuente constante de influencia en el Gobierno, de modo que mantienen a los funcionarios electos bajo una presión permanente en términos de rendición de cuentas y capacidad de respuesta.
Este tipo de rendición de cuentas vertical, también llamada rendición de cuentas social, está relacionada con las democracias. En los regímenes híbridos y autoritarios, los movimientos de la sociedad civil y los ciudadanos en sí deben ser empoderados para exigir un mejor Gobierno y un control efectivo de la corrupción a largo plazo. En este contexto, Collir (2002, pág. 27) argumenta que «una sociedad civil empoderada que juega un papel importante en la rendición de cuentas de la élite emerge como la base para la construcción de normas de compromiso». Así, el enfoque de la democratización profunda está relacionado con la rendición de cuentas y el empoderamiento social, dos factores esenciales para luchar contra la corrupción. Este y otros temas relacionados se discuten en el Módulo 10 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
Siguien: Los partidos políticos y la financiación política
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