Este módulo es un recurso para los catedráticos
El impacto de la corrupción en derechos humanos específicos
Como lo indica el sitio web de los ODS 16, los delitos relacionados con la corrupción le cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares americanos anuales a los países en desarrollo. Este desperdicio y desvío de fondos públicos deja a los gobiernos con menos recursos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, para brindar servicios y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. A continuación, se analizan algunas maneras en que la corrupción permite la violación de derechos humanos específicos. Si bien el debate gira en torno a la violación de los derechos individuales (derechos de primera y segunda generación) que se abordan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), en algunos casos estas violaciones también impiden el logro de los derechos colectivos (tercera generación). Por ejemplo, cuando la corrupción viola derechos económicos y sociales, como el derecho a un nivel de vida adecuado (ICESCR art. 11), esto también puede impedir el logro del derecho colectivo al desarrollo. Otro ejemplo es cuando la corrupción deriva en contaminación (consulte el análisis del módulo sobre el derecho a la salud), y por ende, se viola el derecho colectivo a un ambiente limpio. El siguiente análisis brinda varios ejemplos sobre las formas en que la corrupción está vinculada con la violación de derechos humanos específicos. Los primeros ejemplos están relacionados con los derechos civiles y políticos, mientras que los siguientes refieren a los derechos económicos, sociales y culturales.
Con frecuencia, se considera que el impacto de la corrupción es especialmente marcado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, aunque, en realidad, este no siempre es el caso. A menudo, se cree que los derechos económicos, sociales y culturales requieren una mayor inversión de recursos públicos en comparación con los derechos civiles y políticos, que suelen percibirse como si apenas exigieran que los Estados se abstengan de interferir en las libertades individuales. Sin embargo, materializar todas las categorías de derechos humanos puede, de hecho, requerir de una cantidad sustancial de recursos públicos. Al reconocer que los Estados con recursos limitados puedan necesitar más tiempo para alcanzar los derechos económicos, sociales y culturales, el ICESCR permite una «realización progresiva» de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto significa que, si bien los Estados deben adoptar medidas inmediatas para hacer efectivos estos derechos, pueden hacerlo en la medida de lo posible a partir de sus recursos disponibles. Como se explica en la ficha informativa correspondiente del ACNUDH:
La falta de recursos no puede justificar la inacción o el aplazamiento indefinido de medidas para implementar estos derechos. Los Estados deben demostrar que están haciendo todo lo posible para mejorar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso cuando los recursos son escasos. Por ejemplo, al margen de los recursos disponibles, un Estado debe, con carácter prioritario, intentar conseguir que toda persona tenga por lo menos acceso a los derechos básicos y trabajar en programas de protección de los pobres, los marginados y las personas desfavorecidas.
Al mismo tiempo, la materialización de derechos civiles y políticos también puede requerir una cantidad de recursos considerable. Por ejemplo, se necesitan grandes cantidades de fondos para mantener los sistemas judiciales, de aplicación de la ley y penitenciario, y para asegurar que las elecciones sean gratuitas y justas. Por tal motivo, el uso o asignación indebidos de fondos públicos también pueden afectar gravemente la materialización de derechos civiles y políticos. Además, como se demuestra en el siguiente análisis, la corrupción puede afectar negativamente los derechos civiles y políticos de otras maneras.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación (derechos civiles y políticos)
Se hace referencia al derecho a la igualdad en todos los grandes tratados de derechos humanos (consulte p. ej. ICCPR art. 2(1)). Toda persona tiene el derecho a ser tratada de manera igualitaria y a no ser discriminada por el Estado. El Comité de Derechos Humanos, que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, define el término discriminación como:
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. (Observación general del Comité de Derechos Humanos n.º 18, párr. 7).
Según esta definición, los actos de corrupción son discriminatorios en algunas situaciones porque i) distinguen, excluyen, restringen o prefieren intrínsecamente; y ii) tienen el propósito o efecto de anular o menoscabar la igualdad de reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de los derechos humanos (ICHRP, 2009, pág. 32).
Se viola el derecho a ser tratado de forma igualitaria cuando, por ejemplo, se le solicita a alguien que pague un soborno para obtener un servicio público. En esta situación, aquellos a quienes no se les solicitó pagar recibieron un mejor trato, y se violó el derecho a la igualdad de la persona a quien se le solicitó que pague un soborno. El daño que deriva de esta violación es particularmente grave cuando la persona afectada proviene de un grupo vulnerable o marginado, como las minorías sociales, los grupos indígenas, los inmigrantes en situación irregular, las minorías sexuales, etc. Estas personas sufren de este tipo de violaciones de derechos humanos de manera desproporcionada porque su posición en la sociedad los convierte en un blanco fácil para la corrupción, y, a menudo, no pueden pagar el costo del soborno (Boersma, 2012; Figueiredo, 2017; ICHRP, 2009).
Los resultados discriminatorios de las prácticas corruptas también suelen violar otros derechos humanos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada. También se violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación cuando ocurren actos no monetarios de abuso de poder. Por ejemplo, cuando el sexo o el cuerpo humano son utilizados como «moneda» para el acto de corrupción. Estos casos de corrupción sexual (a veces asociados con la sextorsión) se analizan más adelante en el Módulo 8 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha contra la corrupción. Otro tema relevante, que se trata en el Módulo 8, es el nexo entre la corrupción y la discriminación por razón de género, las diversas maneras en las que el género puede influir en la ocurrencia de corrupción y cómo la corrupción puede tener impactos de género al afectar de forma distinta a hombres y mujeres. En el Módulo 8, también se aborda el rol que el enfoque integrado de género y la diversidad en general pueden cumplir en la mitigación de la corrupción.
El derecho al debido proceso y a una solución efectiva (derechos civiles y políticos)
El derecho al debido proceso es un derecho humano fundamental que resulta esencial para salvaguardar el estado de derecho (ICCPR arts. 14-15). Incorpora el principio de la igualdad, que respalda a la administración de la justicia. El derecho al debido proceso comprende una amplia serie de derechos procesales, entre ellos el derecho a un tribunal independiente e imparcial, la igualdad de medios procesales, el acceso a una corte y la presunción de inocencia. El derecho al debido proceso está estrechamente relacionado con el derecho a un recurso efectivo, ya que ningún recurso es efectivo sin igualdad ante la ley y los procesos judiciales justos (ICCPR art. 3).
La corrupción en el sector judicial afecta el derecho al debido proceso, ya que la corrupción socava la independencia, la imparcialidad y la integridad del poder judicial. La falta de independencia de los jueces, fiscales y abogados afecta el derecho al debido proceso de forma directa. Limita la administración efectiva y eficiente de justicia, así como la credibilidad de todo el sistema de justicia (ver el análisis relacionado y las referencias en el Módulo 14 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha sobre la prevención de delitos y la justicia penal). Por ejemplo, cuando la corrupción interfiere con el nombramiento de jueces y con los trámites judiciales, se viola la imparcialidad del poder judicial y el derecho de los procesados al debido proceso (ICHRP, 2009, págs. 37–38). También se priva a las personas de acceso igualitario a la justicia cuando los funcionarios públicos exigen sobornos como condición para acceder al sistema judicial o para agilizar un servicio judicial (Boersma, 2012, pág. 208).
El impacto de la corrupción en el poder judicial puede trascender los casos individuales al socavar otros derechos, fomentar la impunidad entre agentes corruptos y disminuir la confianza en el sistema de justicia (lo que, al mismo tiempo, puede ocasionar mayor corrupción, Figueiredo, 2017). Una de las funciones esenciales del sistema de justicia es promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en una sociedad. Si ha ocurrido una violación de los derechos humanos, el sistema de justicia puede tener un papel crucial al momento de identificar dichas violaciones y proteger los derechos humanos de las personas. Sin embargo, esto solo se puede lograr cuando el sistema de justicia funciona de manera adecuada y es transparente, responsable y está libre de corrupción. En sociedades con un alto nivel de corrupción, un sistema de justicia que defiende el derecho al debido proceso puede ser crucial para salvaguardar los derechos humanos que se ven afectados por la corrupción. Los recursos sobre la corrupción y la integridad en el poder judicial están disponibles en el sitio web de la Red Mundial de Integridad Judicial de la UNODC.
Los derechos de participación política (derechos civiles y políticos)
Se ha descrito la participación política como el «sello de la democracia» (UNHRC, 2015, párr. 4). El derecho a la participación política incluye el derecho a participar en asuntos públicos, a ejercer poder político, y a formular políticas en todos los niveles del Estado; el derecho al voto y a ser elegido, y el derecho al acceso público igualitario a cargos públicos (consulte p. ej. ICCPR art. 25)». Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar el goce pleno, efectivo e igualitario de estos derechos. Los Estados también deben proteger los derechos relacionados de expresión, información, reunión y asociación. Las prácticas corruptas pueden tener un efecto perjudicial en todos los aspectos de la participación política. Por ejemplo, la compra de votos es una violación del derecho al voto, ya que restringe la libre elección de los ciudadanos y afecta el proceso electoral al socavar su legitimidad (Pearson, 2013, p. 55). Otro ejemplo relacionado con el derecho a ser elegido es cuando el comisionado electoral impide que alguien se registre como candidato presidencial, por causa de soborno o tráfico de influencias, es decir, que el comisionado abusa de su influencia para asegurarse de que otra persona sea elegida con la expectativa de recibir un beneficio indebido por parte de esa persona. El tercer ejemplo está relacionado con el derecho a la igualdad de acceso a cargos públicos. Se viola este derecho cuando los cargos públicos se obtienen por medios corruptos, tales como sobornar a la persona encargada de la contratación o por nepotismo (Bacio-Terracino, 2008, p. 18). El derecho a la igualdad de acceso a cargos públicos implica que se debe respetar la igualdad y los principios generales de mérito en la participación en cargos públicos.
El derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación, vivienda y salud (derechos económicos, sociales y culturales)
El artículo 11 del ICESCR establece el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye el derecho a una «alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de vida». El artículo 12 estipula el derecho al «nivel más alto posible de salud física y mental». Además, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda y a la salud.
Existen muchas pruebas acerca del impacto de la corrupción en el derecho a la alimentación. En el informe realizado en 2001 por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, se identifican siete obstáculos esenciales que limitan o previenen la realización del derecho a la alimentación, entre ellos el problema de la corrupción. En la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial también se reconoce que la corrupción contribuye significativamente a la inseguridad alimentaria. La corrupción puede provocar una violación del derecho a la alimentación al desviar los fondos del gasto social (ICHRP, 2009). La malversación de fondos dirigidos a la ayuda alimentaria es, por ejemplo, una violación del deber que tiene el Estado de proveer alimentos para aquellos que no tienen acceso a estos por sus propios medios. El derecho a la seguridad alimentaria también se ve amenazado cuando hay alimentos de calidad deficiente en el mercado debido a prácticas corruptas. Por ejemplo, cuando un funcionario ignora el requisito de obtener una licencia para producir un producto alimenticio o para llevar a cabo procedimientos de inspección, a cambio de un soborno. (ICHRP, 2009, pág. 44).
La corrupción también puede violar varios aspectos del derecho a la salud (consulte el informe de 2012 a la Asamblea General), como la «gestión de recursos financieros», la «distribución de suministros médicos» y la «relación de los trabajadores de salud con los pacientes» (ICHRP, 2009, pág. 53). Como sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales, si ocurre una malversación de fondos destinados al sector de la salud, se viola el derecho a la salud de toda la sociedad (Boersma, 2012, pág. 264). La corrupción vinculada con los contratos públicos puede violar el derecho a la salud al comprometer la calidad de la construcción de los establecimientos de salud o el abastecimiento de bienes de salud (ICHRP, 2009, pág. 53). El derecho a la salud y su accesibilidad se violan cuando alguien debe pagar sobornos para acceder a servicios de salud, como medicamentos, tratamiento médico o anestesia. Las prácticas corruptas pueden causar violaciones generalizadas del derecho a la salud, por ejemplo, cuando la industria farmacéutica vende medicamentos no seguros. La corrupción también puede tener un impacto en el derecho a la salud cuando los funcionarios públicos permiten que las empresas contaminen el ambiente (Boersma, 2012, págs. 261–262). La violación del derecho a la salud está relacionada con la violación de los derechos ambientales porque estas violaciones, que causan ambientes insalubres y dañinos, pueden interferir con el derecho a la salud.
El derecho a la viviendapuede ser afectado por la corrupción cuando, por ejemplo, los funcionarios públicos exigen un soborno como condición para apoyar un programa de vivienda pública. De manera más general, el derecho a una vivienday otros derechos relacionados con las condiciones de vida no pueden realizarse en lugares donde la corrupción causa pobreza. Por tanto, la pobreza generada por la corrupción es particularmente perjudicial para el goce de los derechos humanos. Para un análisis sobre la corrupción y la pobreza, consulte este video de 3 minutos.
El derecho a la educación (derechos económicos, sociales y culturales)
El derecho a la educación es un derecho humano esencial en sí mismo, y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos. La educación es crucial para la realización personal y el desarrollo de la sociedad en general (Coomans, 2010, pág. 281), ya que funciona como un vehículo que empodera a las personas en situación de desventaja y mejora las condiciones sociales y económicas. El derecho a la educación se encuentra en varios tratados de derechos humanos e incluye el derecho a recibir educación (dimensión social) y el derecho a elegir instituciones educativas que reflejen las creencias personales del individuo (dimensión de libertad) (ICESCR art. 13). Las personas deben tener acceso a una educación no discriminatoria, gratuita y obligatoria en el caso de la educación primaria (Coomans, 2010, págs. 284–288). Además, la educación debe tener un enfoque holístico que promueva los valores de los derechos humanos y la conservación de la diversidad multicultural (consulte, p. ej. el informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación realizado en 2014). Según la Observación general n.º 13 del CESCR, los Estados tienen la obligación de proporcionar una educación (i) que se encuentre disponible y cuente con un número suficiente de instituciones educativas en funcionamiento; (ii) física y económicamente accesible para todos; (iii) de buena calidad y culturalmente aceptable; y (iv) que se adapte a distintos contextos culturales y sociales.
Las prácticas corruptas pueden socavar, en particular, el acceso a la educación y la calidad de los servicios de enseñanza, limitar el desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto, y en especial el de los grupos vulnerables y marginados (ICHRP, 2009, pág. 57). Las prácticas corruptas pueden, por ejemplo, poner en riesgo el derecho al acceso igualitario y gratuito a la educación primaria y secundaria cuando pago de un soborno se vuelve una condición para la matrícula o para recibir libros que en principio deberían ser gratuitos (Boersma, 2012). Además, la corrupción sexual está muy extendida en el sector educativo de muchos países. Por ejemplo, cuando los profesores piden favores sexuales a cambio de mejores notas (consulte los análisis relacionados en el Módulo 8 y Módulo 9 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha contra la corrupción). Debido a las consecuencias a largo plazo en todos los niveles de la sociedad, la corrupción en el sector educativo es especialmente grave (Figueiredo, 2017). Para un análisis más detallado sobre la corrupción en la educación, consulte el Módulo 9 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha contra la corrupción.
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