Carga de la prueba

El apartado 7 del artículo 12 de la Convención contra la Delincuencia Organizada establece que los Estados Parte pueden considerar la posibilidad de requerir que un delincuente demuestre el origen lícito de los ingresos supuestamente provenientes del delito o cualquier otra propiedad sujetos a decomiso, en la medida en que este requerimiento sea compatible con los principios de su legislación nacional y con la naturaleza de los procedimientos judiciales y de otra índole.

De manera similar, la recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben considerar la adopción de medidas que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales. Implementar dichas medidas es la mejor práctica para los países, compatible con los principios de su legislación nacional (GAFI, 2012). Los siguientes son dos ejemplos de cómo dichas medidas pueden ser estructuradas.

Cuando se considera el decomiso, el tribunal debe decidir si el acusado tiene un «estilo de vida delictivo». Se considerará que un acusado tiene un estilo de vida delictivo si se cumple una de las tres condiciones. Tiene que haber un beneficio total mínimo para que se cumplan las condiciones ii) y iii) siguientes.

Las tres condiciones son:

1. es un «delitos de un estilo de vida delictivo» (por ejemplo, el tráfico de drogas);
2. es parte del «curso de la conducta delictiva» o
3. es un delito cometido por un período de al menos seis meses y el acusado se ha beneficiado de él.

El tribunal debe calcular el beneficio de la conducta delictiva utilizando uno de los dos métodos:

1) Conducta delictiva general («decomiso por el estilo de vida delictivo»):

Este método es usado cuando se considera que el acusado tiene un estilo de vida delictivo. El tribunal debe asumir que:

• Todo bien transferido al acusado después de una fecha seis años previos al inicio del proceso penal fue obtenido como resultado de su conducta delictiva;
• Todo bien en poder del acusado en cualquier momento posterior a la fecha de la condena fue obtenido como resultado de su conducta delictiva;
• Todo gasto realizado en el periodo de seis años mencionado anteriormente se satisfizo con cargo a los bienes obtenidos por este como resultado de su conducta delictiva general;
• A los fines de evaluar cualquier bien obtenido por el acusado, el bien fue obtenido libre de intereses de terceros.

Donde se compruebe la condición del estilo de vida delictivo, la carga de prueba en lo que respecta al origen del bien es efectivamente revertida (es decir, la fiscalía ha cumplido su obligación probatoria y el acusado tiene que demostrar, mediante un equilibrio de probabilidades, que un determinado bien, transferencia o gasto proviene de una fuente legítima).

2) Conducta delictiva particular («decomiso por la conducta delictiva»):

La experiencia de los países en el manejo y disposición de los activos decomisados

En 2017, la UNODC publicó un documento titulado Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets con el fin de proveer a los Estados y al personal pertinente una guía sobre el decomiso e incautación. Abarcando todas las regiones geográficas, los diversos sistemas legales y los distintos niveles de desarrollo, el estudio presenta la experiencia de 64 países en el manejo y la disposición efectiva de activos incautados y decomisados. El estudio también presenta experiencias previas para ayudar a todo aquel que esté encargado de desarrollar marcos legales y políticos o al responsable del manejo diario de los activos incautados y decomisados para saber cómo evitar o mejorar la gestión de los riesgos y dificultades correspondientes (UNODC, 2017).

La GAFI también ha desarrollado una lista de recomendaciones y mejores prácticas para la gestión del congelamiento, incautación y decomiso de los bienes (GAFI, 2012). Idealmente, un marco de gestión de activos presenta las siguientes características:

(a) Existe un marco para manejar o supervisar la gestión de propiedades incautadas, congeladas o confiscadas. Dicho marco debe incluir el nombre de las autoridades designadas que serán responsables de la gestión (o de la supervisión de la gestión) de dichas propiedades. También debe incluir a la autoridad legal que preservará y administrará la propiedad.

(b) Existen suficientes recursos para abordar todos los aspectos de la gestión de activos.

(c) Se debe realizar una planificación adecuada antes de tomar alguna acción de congelamiento o incautación.

(d) Existen medidas establecidas para:

(i) cuidar y conservar adecuadamente dicha propiedad en la medida de lo posible;

(ii) lidiar con los derechos de la persona y de terceros;

(iii) disponer de la propiedad decomisada;

(iv) mantener registros adecuados, y

(v) asumir la responsabilidad por cualquier daño que se deba pagar, tras la acción legal por parte de una persona en relación a la pérdida o al daño del bien.

(e) Los responsables de la gestión (o de supervisar la gestión) de los bienes están en la capacidad de brindar apoyo y asesoramiento inmediato a los organismos encargados del cumplimiento de la ley en todo momento en lo que concierne al congelamiento y la incautación, incluyendo el asesoramiento y manejo posterior de todos los temas prácticos relacionados con el congelamiento e incautación de los bienes.

(f) Los responsables de manejar los bienes tienen experiencia suficiente para administrar cualquier tipo de bien.

(g) Existe autoridad legal que le permite a un tribunal ordenar la venta, incluyendo casos en que el bien es perecible o se desvalora rápidamente.

(h) Existe un mecanismo que permite la venta de los bienes con el consentimiento del propietario.

(i) Los bienes que no son aptos para la venta pública se destruyen. Esto incluye todo bien que probablemente se utilice para realizar otras actividades delictivas; cuya posesión implique un delito penal; que sea falsificado, o que represente una amenaza para la seguridad pública.

(j) En el caso de los bienes decomisados, existen mecanismos para transferir el título, según sea necesario, sin complicaciones ni demoras indebidas.