Este módulo es un recurso para los catedráticos
Términos y conceptos básicos
El término sociedad civil se entiende en este Módulo como el sector de la sociedad que incluye ciudadanos individuales, las OSC y los medios de comunicación, a diferencia de los sectores público y privado. Sin embargo, se observa que la definición de sociedad civil es dinámica y evoluciona, como se enfatizó en el Foro Económico Mundial en su informe The Future Role of Civil Society (2013):
Las definiciones están cambiando a medida que se reconoce que la sociedad civil abarca mucho más que un simple "sector" dominado por la comunidad de ONG: la sociedad civil de hoy incluye una gama cada vez más amplia y vibrante de grupos organizados y no organizados, a medida que los nuevos actores de la sociedad civil desdibujan los límites entre sectores y experimentan con nuevas formas organizativas, tanto en línea como fuera de ella.
Los términos ciudadano y ciudadanía están asociados con el estatus de ser miembro de un país en particular y tener derechos en virtud de este estatus, incluido el de recibir protección del Estado. La ciudadanía a veces se define no solo como un estatus, sino también como un rol, que requiere tomar parte activa en la vida política del país y participar en el ejercicio del poder político (Marshall, 1950). Para los propósitos actuales, la participación ciudadana se refiere al papel de las y los ciudadanos en abordar y combatir la corrupción (incluida su detección y denuncia). Dicha participación puede tener lugar a nivel personal o individual, a un nivel más organizado a través de las OSC y a través de los medios de comunicación.
Las OSC han sido definidas por el Banco Mundial para incluir una amplia gama de organizaciones no privadas sin fines de lucro, tales como "grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones basadas en la fe, asociaciones profesionales y fundaciones" (Banco Mundial, s.f.). Las OSC interactúan en la esfera pública, a menudo son autónomas y generalmente están impulsadas por intereses que no son puramente privados o económicos (véase, por ejemplo, Spurk, 2010). Dependiendo de los contextos locales y de otro tipo, las OSC pueden ser formales o informales. Tienen objetivos e ideologías diferentes y a veces en competencia. Las OSC también se han descrito como organizaciones que surgen de una falla del Estado y los mercados, y a menudo son creadas por la ciudadanía para llenar las brechas que resultan de esas fallas.
Los medios de comunicación incluyen todos los canales de comunicación, como la radiodifusión, la prensa y las redes sociales. Los medios de comunicación se consideran en este Módulo como un medio para que los ciudadanos ejerzan un escrutinio sobre la conducta de los actores gubernamentales y privados y para mantener la corrupción bajo control. Se puede encontrar más información sobre la definición y las formas de los medios de comunicación en el Módulo 10 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Integridad y Ética.
Aunque no se incluye en las definiciones convencionales de la sociedad civil, la academia es parte de la sociedad civil en la medida en que los individuos y los grupos de académicos son ciudadanas y ciudadanos, grupos comunitarios, asociaciones profesionales, etc. Bajo una definición más flexible de la sociedad civil, la propia academia podría considerarse un componente de la sociedad civil, junto con las OSC y los medios de comunicación. En cualquier caso, dado el importante papel de la academia en la lucha contra la corrupción, las ideas y discusiones de este Módulo son aplicables a la academia.
Responsabilidad social y empoderamiento social
Las y los ciudadanos activos son cruciales para la lucha contra la corrupción: llaman la atención sobre la corrupción, sensibilizan a la población sobre el problema y su impacto, y actúan como vigilantes efectivos de políticos y partidos al monitorearlos y mantenerlos bajo un escrutinio permanente en términos de rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Las y los ciudadanos activos ayudan a cultivar el comportamiento anticorrupción entre la élite gobernante. Esto conduce a un mecanismo de autoafirmación, ya que obliga a funcionarias y funcionarios públicos a comportarse éticamente y a ofrecer un gobierno limpio, que la ciudadanía toma como sus derechos correspondientes (Collier 2002; Mungiu-Pippidi 2015). Según lo declarado por Adserá, Boix y Payne (2003, p. 445): "qué tan bien funciona un gobierno cualquiera depende de cuán buenos sean los ciudadanos para hacer que sus políticos rindan cuentas de sus acciones".
El concepto de responsabilidad social se refiere a la capacidad de respuesta de las instituciones públicas (y privadas) a las preocupaciones sociales, y su disposición a compartir información y facilitar el escrutinio público de sus acciones. Se espera que los líderes que están obligados a rendir cuentas públicamente por sus acciones se comporten mejor porque pueden ser destituidos de su cargo si su desempeño se considera inaceptable (véase, sin embargo, la discusión sobre "perdón de los votantes" en el Módulo 3 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción). Como Holmberg y Rothstein (2015, p. 14) lo describen: "Los ciudadanos necesitan tener a sus líderes con una correa, tal vez no una correa muy corta, pero son necesarias algunas restricciones constitucionales / democráticas, así como afilados procedimientos de rendición de cuentas".
Para combatir la corrupción de manera efectiva, la participación ciudadana no solo debe mejorar la responsabilidad social; también debe mejorar el empoderamiento social. El concepto de empoderamiento social se refiere al proceso de desarrollar la capacidad de producir los cambios deseados en la sociedad (Mungiu-Pippidi, 2015). La importancia del empoderamiento social no puede exagerarse en este contexto, debido a las barreras que pueden limitar la capacidad de las y los ciudadanos para participar directamente en la lucha contra la corrupción, incluida la falta de conocimiento, recursos (financieros y de otro tipo), información y apoyo legal. La necesidad de los Estados de eliminar esas barreras se aborda en el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC [o UNCAC, por sus siglas en inglés]), que se analiza a continuación. Otras barreras para la participación ciudadana en los esfuerzos contra la corrupción pueden incluir la represión gubernamental de ciudadanos activos, ya sea como individuos o de manera organizada en OSC; censura; o control de los medios de comunicación por parte del gobierno o actores económicos poderosos. Para obtener más información sobre estos y otros desafíos adicionales que enfrentan las OSC, véase este documento de trabajo del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (Tiersky y Renard, 2016).
Las modalidades de participación ciudadana varían notablemente entre las sociedades, dependiendo de las estructuras legales y políticas locales que facilitan o dificultan la participación ciudadana. Como resultado, existen diferentes niveles de responsabilidad social y empoderamiento social en diferentes sociedades. La idea de que los funcionarios públicos (y los actores privados) deben dar cuenta de su conducta a la sociedad en general presupone estructuras que permitan una medida de transparencia de la información y el escrutinio público. Por lo tanto, las condiciones que fomentan la responsabilidad social y el empoderamiento social incluyen la existencia de una sociedad civil fuerte y exigente, pero también una prensa libre y libertad de información (puntos que se analizan a continuación).
Los conceptos relacionados de capital social y cultura cívica también son dignos de mención en el contexto actual. El capital social y la cultura cívica sirven como restricciones normativas que podrían afectar las actitudes de las personas hacia la corrupción. Según Mungiu-Pippidi (2013), el capital social es "un hábito generalizado" de las y los ciudadanos para participar en acciones colectivas formales o informales basadas en intereses, objetivos o valores comunes, mientras que la cultura cívica se refiere a la participación activa de la ciudadanía en los movimientos sociales y los medios de comunicación. Para mayor discusión, véase, por ejemplo, Johnston (2011), Mungiu-Pippidi (2013) y Marquette y Peiffer (2015). Sobre la acción colectiva contra la corrupción, véase el Módulo 5 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
Confianza pública, instituciones y normas informales
Idealmente, las instituciones públicas deben actuar de manera socialmente responsable y ética para ganar y mantener la confianza pública. Por el contrario, las expectativas de las y los ciudadanos sobre las instituciones públicas son y deberían ser altas: no solo como una forma de hacer que estas instituciones rindan cuentas por un comportamiento poco ético, sino también porque la premisa misma de las instituciones públicas es proporcionar bienes y servicios públicos a la comunidad que sirven. El desafío está en el hecho de que la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones públicas se gana con dificultad y se pierde fácilmente. La falta de responsabilidad social puede influir negativamente en la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones públicas y políticas. Algunos académicos consideran la falta de confianza de la ciudadanía como parte del "problema de acción colectiva" que conduce a la corrupción (el problema de acción colectiva se explica a detalle en el Módulo 4 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción). Además, sostienen que el desempeño del gobierno, incluidas las reformas y el establecimiento de nuevas instituciones, no puede tener éxito sin la confianza de las y los ciudadanos (Johnston, 2011). Así, la responsabilidad social, la confianza y las instituciones públicas están interconectadas en una relación compleja y frágil.
También se debe tener en cuenta que, si bien las instituciones eficientes y responsables son importantes, muchos académicos han argumentado que las instituciones formales como el poder judicial, los organismos contra la corrupción y otras organizaciones policiales están sobrevaloradas en términos de su capacidad para controlar la corrupción y están lejos de ser suficientes (Charron, Dijkstra y Lapuente, 2015). Por lo tanto, el papel de las instituciones informales y las normas sociales también debe considerarse al analizar la participación ciudadana en las actividades contra la corrupción. Las normas, valores y tradiciones sociales (incluidas las leyes y las instituciones) afectan la comprensión básica del individuo respecto de lo que hacen los demás (normas descriptivas) y de lo que otros piensan que deberían hacer (normas cautelares). Cialdini, Kallgren y Reno (1991) definen las normas descriptivas como "las percepciones de un individuo de lo que se hace comúnmente en situaciones específicas, sin asignar juicio, mientras que una norma cautelar dicta cómo debe comportarse un individuo". Las normas sociales dictan en qué medida los individuos se involucran y esperan que otros se involucren en la corrupción. Las normas sociales pueden ser formales (leyes escritas e instituciones formales) o informales (basadas en la cultura y las interacciones sociales). Aunque las últimas son más difíciles de observar, juegan un papel importante en la explicación de la corrupción y requieren una consideración particular (véase, por ejemplo, Kubbe y Engelbert, 2018).
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