Este módulo es un recurso para los catedráticos  

 

Teorías que explican la corrupción

Como la corrupción es un fenómeno complejo, ninguna teoría la explica en toda su extensión. Esta parte del módulo analiza las principales teorías que se usan para explicar el porqué de la corrupción.

Teoría del agente-principal

El deseo de beneficio personal se entiende a menudo como la principal causa de corrupción en el sector público, pero esto es una simplificación de las complejas relaciones entre las personas y el Estado. Hay muchas teorías que ayudan a deconstruir estas relaciones. Dos de las principales teorías sobre la corrupción en la literatura económica son la del modelo agente-principal y el problema de agencia relacionado (consulte, p. ej., Klitgaard, 1988; Shleifer y Vishny, 1993). El modelo agente-principal asume que los agentes (funcionarios públicos) sirven para proteger los intereses del principal (ya sea el pueblo, parlamento o supervisores). Sin embargo, en realidad, los intereses de los agentes a menudo difieren de los intereses del principal, y mientras este último puede imponer determinadas reglas en la relación agente-principal, hay asimetría informativa en beneficio del agente que podría usar para su beneficio personal (Groenendijk, 1997). En este contexto, un problema de agencia ocurre cuando el agente elige involucrarse en una transacción corrupta, siguiendo sus propios intereses y en detrimento de los intereses del principal. Para limitar el problema de agencia, el principal puede diseñar incentivos y planes (p. ej. monitoreo, socialización y supervisión) para evitar posibles abusos por parte del agente (para una discusión más detallada sobre cómo la teoría del agente-principal se aplica en la práctica, consulte el Módulo 13  de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción).

Teoría de acción colectiva

Por décadas, la literatura económica se apoyó en el modelo agente-principal para explicar la corrupción (Groenendijk, 1997). Más recientemente, la teoría de acción colectiva ha emergido como una explicación alternativa sobre por qué la corrupción sistémica persiste a pesar de que la ley establece que es ilegal, y por qué la corrupción resiste ante muchos otros esfuerzos de lucha contra la corrupción en algunos países. La teoría de acción colectiva va más allá de las relaciones tradicionales agente-principal y enfatiza la importancia de factores como la confianza y cómo los individuos perciben el comportamiento de otros. Persson, Rothsten y Teorell (2013) consideran la corrupción sistémica como un problema colectivo, pues las personas racionalizan su propio comportamiento basándose en percepciones de lo que otras personas harían en la misma situación. Cuando la corrupción se convierte en una norma social, todos comienzan a verla simplemente como la manera de hacer las cosas. Las personas son conscientes de las consecuencias negativas de la corrupción generalizada, pero participan de acciones corruptas porque creen que «no tiene sentido ser la única persona honesta en un sistema corrupto» (Marquette y Pfeiffer, 2015). En tal entorno, las medidas de lucha contra la corrupción que se basan en el modelo agente-principal no van a ser efectivas, pues no hay «principales con principios» que hagan cumplir las normas anticorrupción (Klitgaard, 2004; Persson, Rothstein y Teorell, 2013). Una cultura institucional u organizacional de corrupción conduce a la normalización de prácticas corruptas a un nivel tanto social como individual, y a la impunidad cuando se violan o ignoran las reglas formales de lucha contra la corrupción (Appolloni y Nshombo, 2014). Para combatir la corrupción en estas circunstancias, se necesita de enfoques colectivos y coordinados, como las coaliciones de reformas o las alianzas proactivas de organizaciones afines. A estos enfoques a menudo se les llama iniciativas de «acción colectiva», y se discuten con más detalle en el Módulo 5 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

Teoría institucional

La teoría institucional -también conocida como institucionalismo- hace uso de características institucionales del país y del Gobierno, como el Estado de derecho preexistente, normas de lucha contra la corrupción bien definidas e instituciones anticorrupción independientes con poderes coercitivos, para explicar la corrupción en el sector público. La teoría institucional «examina los procesos y mecanismos por los que las estructuras, esquemas, reglas y rutinas se convierten en guías establecidas que ejercen autoridad sobre el comportamiento social» (Scott, 2004). Para comprender la corrupción, la teoría institucional aporta el contexto social y propone una taxonomía para entender cómo la corrupción puede arraigarse en organizaciones, instituciones y en la sociedad, a pesar de la existencia de un marco anticorrupción (Luo, 2005). La teoría institucional considera que la corrupción está influenciada por el carácter, diseño y transparencia del sistema político y sus instituciones. Al mismo tiempo, reconoce que la relación entre la corrupción, las instituciones, los sistemas políticos, la cultura y el género es compleja (Debski y otros, 2018; Stensöta, Wängnerud y Svensson, 2015). Una gran parte de las investigaciones se ha enfocado en la relación entre las instituciones políticas por un lado y, por otro, en la preponderancia y los niveles de corrupción. Esta investigación se discute con mayor detalle en Groop (2013). Un resumen sobre este tema se encuentra en el Módulo 3  de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

En relación con esto encontramos la visión «institucionalista» de la corrupción política que Thompson (1995) y Lessig (2018) desarrollaron. Esta visión enfatiza que, mientras la corrupción puede ocurrir en un nivel individual, también puede tener una naturaleza institucional en casos donde las instituciones están estructuradas de forma que las hace desviarse de su propósito original. Un ejemplo paradigmático es la financiación privada de las campañas políticas en los Estados Unidos, como lo explican Ceva y Ferretti (2017, pág. 3):

En EE.UU., se les permite a los candidatos que se presentan a las elecciones recibir apoyo financiero de fuentes privadas tan diversas como los ciudadanos ordinarios, corporaciones privadas y grupos culturales o religiosos. De este modo, podría pasar que, una vez electo, un político que ha recibido apoyo financiero de, por ejemplo, una empresa privada impulse alguna regulación que apunte a reducir la presión fiscal en el área donde opera esta empresa.

En este ejemplo, la combinación de apoyo financiero ilimitado y la falta de transparencia son un problema, pues, aunque los candidatos no actúan ilegalmente en el nivel individual, está claro que la práctica de donación privada es susceptible a la corrupción política. Así, se puede sostener que la instauración de elecciones democráticas es corrupta porque «la práctica institucionalizada de recibir fondos privados para las campañas electorales hace que la instauración de elecciones democráticas dependa de … la influencia arbitraria de los poderes financieros» (Ceva y Ferretti, 2017, pág. 3). Por consiguiente, el enfoque institucionalista sugiere que para estudiar la corrupción nos deberíamos enfocar en la «cesta llena» (prácticas y mecanismos institucionales distorsionadores) y no en «las manzanas podridas» (comportamiento indebido individual). Esto también se discute en el Módulo 1 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

Teoría de juegos

Otra teoría que explica la preponderancia de la corrupción en el sector público es la de juegos. Esta teoría toma elementos prestados de la literatura económica y busca dar razones para las decisiones corruptas de los funcionarios públicos. En particular, Macrae (1982) sugiere que la corrupción es parte de un cálculo racional y un método integral y a menudo muy arraigado por el que las personas toman decisiones. En este contexto, las personas se enfrentan al « dilema del prisionero», el cual «ilustra un conflicto entre el raciocinio individual y grupal» (Kuhn, 2019). La persona le teme a una desventaja si rehúsa tomar parte en prácticas corruptas, mientras otras en la misma situación no rehúsan hacerlo. Como resultado, todas las personas obtienen algún tipo de beneficio, que, sin embargo, siempre es menor al beneficio que cada uno de ellos habría obtenido si hubieran rehusado tomar parte de prácticas corruptas. Esto se ilustra, por ejemplo, en el área de la compras públicas, donde los que participan en la corrupción son agentes del sector privado que no están seguros de las acciones de otros. Entonces, el miedo a perder contra los competidores que actúan de una manera ilegal o poco ética motiva a las compañías éticas a tomar parte de la corrupción en la adquisición.También se debe recalcar que varios factores situacionales y psicológicos podrían desempeñar un papel en fomentar comportamientos poco éticos, a veces a pesar de que la persona tenga las mejores intenciones. Estos factores se discuten más detalladamente en los Módulos 6 y 8 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

 
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