Publicada en septiembre de 2019
Perspectiva regional: África oriental y meridional - incluido en abril de 2020
Este módulo es un recurso para los catedráticos
Procesos judiciales y el poder judicial
La aplicación efectiva de las leyes para los delitos contra la vida silvestre y los bosques requiere de una fiscalía que funcione bien y sea eficiente, y un poder judicial que sea independiente. Esto garantiza que los delincuentes asuman la responsabilidad de sus actos y se protejan los derechos de todas las partes interesadas (UNODC, 2012; Nurse, 2015; UNODC, 2018). Sin embargo, en muchos países, la fiscalía y los tribunales no tienen personal ni recursos suficientes y, en algunos casos, son corruptos (UNODC, 2012).
Las respuestas judiciales al tráfico de vida silvestre se pueden clasificar en tres grandes categorías: (1) cuestiones ambientales, entre ellas el tráfico de vida silvestre, del cual se ocupan las autoridades fiscales y judiciales basándose en el derecho común, (2) especialización interna de las autoridades fiscales y judiciales a cargo de fiscales y funcionarios judiciales que han recibido una formación especializada y (3) el establecimiento de cortes ambientales especializadas (órgano o individuo en la rama judicial del Gobierno) y tribunales (órganos gubernamentales no judiciales de solución de controversias) (Amirante, 2012).
Estructura y organización
Fiscales
Según la tradición jurídica nacional, los fiscales pueden supervisar y dirigir la investigación del tráfico de vida silvestre y llevar casos ante un tribunal. Es poco común que los países tengan unidades especializadas para tomar acciones penales en contra del tráfico de vida silvestre; por lo general, los fiscales con un mandato más general se encargan de los casos. Tampoco es común que las jurisdicciones instituyan normas de procedimientos penales para el procesamiento del tráfico de vida silvestre, por tanto, se aplican las normas generales relativas al procedimiento penal (UNODC, 2012; Nurse, 2015; Wyatt, 2013).
En pocos países, se han colocado fiscales en unidades de aplicación de la ley contra el delito de vida silvestre y los bosques para facilitar y mejorar los procesos judiciales contra estos delitos. Ante la ausencia de dichas medidas, se debe establecer una estrecha relación de trabajo entre las unidades correspondientes de la aplicación de la ley y las autoridades judiciales para garantizar una investigación y un procesamiento efectivos del tráfico de vida silvestre (UNODC, 2012).
Ejemplo: Fiscal especial de España
España es uno de los pocos países con una fuerza policial especializada para el delito contra el medio ambiente denominada Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). SEPRONA es parte de la Guardia Civil, la fuerza policial (militar) española a la que generalmente se le encarga combatir los tipos de delitos específicos.
Además de una fuerza policial especializada, España también cuenta con fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente en diferentes niveles. La Fiscalía española tiene un coordinador para los delitos contra el medio ambiente («Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo»). Esta oficina es responsable de la coordinación y supervisión de la actividad de todos los fiscales de España en el área de delitos contra el medio ambiente. Los fiscales con labores especiales en el campo del medio ambiente también se encuentran en los tribunales superiores y provinciales. Por tanto, los fiscales especializados ahora actúan desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de los procesos judiciales.
Parlamento Europeo, Directiva General de Políticas Internas, Departamento de Política A: Política Económica y Científica, 2016)
Poder judicial
Un sistema judicial operativo depende de una estructura y organización adecuadas. Es un requisito previo que las funciones judiciales estén separadas de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno. La falta de independencia o la percepción de que dicha falta existe puede llevar a interferencias en los asuntos del poder judicial y la corrupción en todos los niveles, incluso en el sector de la vida silvestre y forestal (UNODC, 2012).
Algunas jurisdicciones han decidido establecer tribunales o cortes que tengan jurisdicción sobre cuestiones ambientales, incluido el tráfico de vida silvestre. Este es un avance positivo que algunos expertos han recomendado (Sundari Kella y Allan, 2012). Las principales ventajas denominadas «las cortes verdes» incluyen una mayor experiencia del organismo rector, la disminución de los costos de los litigios y uniformidad en la jurisprudencia, por nombrar algunas (UNEP, 2016).
Sin embargo, la idea de tribunales especializados sería una incongruencia con el sistema judicial y las tradiciones judiciales de algunas jurisdicciones, y la creación de dichos tribunales tiene consecuencias significativas en términos de recursos.
Ejemplo: El Tribunal de Servicios Públicos, Normas y Vida Silvestre de Uganda
En 2017, Uganda creó un tribunal especializado para los casos derivados de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA), entre otros delitos. Denominado el «Tribunal de Servicios Públicos, Normas y Vida Silvestre», el tribunal busca reducir la gran cantidad de casos atrasados y el gran retraso de las audiencias judiciales.
En febrero de 2019, se informó que el tribunal había asumido el proceso judicial de dos ciudadanos vietnamitas detenidos por la aduana de Uganda en posesión de marfil de elefante y escamas de pangolines, y los funcionarios planeaban acusarlos ante el Tribunal de Servicios Públicos, Normas y Vida Silvestre por delitos conforme a la Ley de Vida Silvestre, que incluyen la posesión y el tráfico ilegal de productos de vida silvestre.
(Uganda Wildlife Authority, 6 de febrero de 2019)
Ejemplo: Creación del Tribunal Nacional Verde de la India
La Corte Suprema de India ha tenido un rol importante no solo en la solución de conflictos relacionados con los delitos contra el medio ambiente, sino también por iniciar el desarrollo de un nuevo derecho ambiental a través de su jurisprudencia. Ya en 1986, el poder judicial enfatizó la necesidad de que participen expertos no jurídicos procedentes de las ciencias en los litigios sobre el medio ambiente. El poder judicial de la India también ha pedido repetidas veces el establecimiento de un sistema de tribunales ambientales especializados.
En 1995, el Gobierno de la India anunció la creación del Tribunal Nacional del Medio Ambiente, seguido por la Autoridad Nacional de Apelaciones del Medio Ambiente dos años después. Sin embargo, las dos entidades nunca iniciaron sus actividades.
El interés por dichos tribunales se reavivó en 2003 cuando la Comisión de Derecho de la India presentó un informe en el que se describían las dificultades a las que se enfrentan los tribunales ordinarios cuando tienen que ocuparse de los delitos contra el medio ambiente, y presentó opciones para el diseño y desarrollo de tribunales especializados.
En 2006, el Gobierno presentó una nueva política nacional e integral de medio ambiente. En 2010, la Ley del Tribunal Nacional Verde fue aprobada para establecer tribunales ambientales. El poder judicial de la India cumplió un rol importante en la elaboración de esta legislación y los redactores de la ley tuvieron en cuenta las necesidades específicas que habían identificado los jueces y otras personas que trabajaban en el sistema judicial.
(Amirante, 2012)
Australia y Nueva Zelanda han sido particularmente proactivos en el establecimiento de tribunales especializados. Un ejemplo es el Tribunal de Tierra y Medio Ambiente en el Estado de Nueva Gales del Sur en Australia, que se creó en 1979 y es considerado como un modelo de tribunal especializado independiente que funciona bien; el Tribunal del Medio Ambiente de Nueva Zelanda es otro ejemplo. Más allá de Australasia, se pueden encontrar tribunales ambientales especializados en varias jurisdicciones, por ejemplo, Brasil, donde el Estado de Amazonas creó un Tribunal de Medio Ambiente y Cuestiones Agrarias.
En algunas jurisdicciones, si bien los tribunales ambientales son independientes en sus acciones penales y en la toma de decisiones, aún forman parte del sistema judicial general. El Tribunal de Planificación y Medio Ambiente de Queensland (Australia) y la División Ambiental del Tribunal Superior de Vermont en los Estados Unidos son dos ejemplos de ello. En comparación, el Tribunal Nacional del Medio Ambiente de Kenia y la Comisión de Coordinación de Conflictos sobre el Medio Ambiente son completamente independientes en sus operaciones.
En varias jurisdicciones se han creado tribunales especializados para abordar las cuestiones ambientales. Por ejemplo, el Tribunal Nacional Verde de la India (mencionado anteriormente), el Tribunal de Evaluación Ambiental en Ontario, Canadá y la Junta de Fiscalización del Medio Ambiente en Nueva York, Estados Unidos.
Ejemplo: El Tribunal de Medio Ambiente y Cuestiones Agrarias en el Estado de Amazonas, Brasil
El Tribunal de Medio Ambiente y Cuestiones Agrarias en el Estado de Amazonas (Brasil) es un ejemplo de tribunal ambiental esencialmente independiente. Este tribunal tiene la más amplia e innovadora gama de soluciones disponibles para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente.
Una característica única de estas soluciones es una «escuela nocturna para los infractores del derecho ambiental», que ganó el Premio Brasil 2013 de Calidad Nacional en el poder judicial. De acuerdo al juez Adalberto Carim Antônio, quien implementó esta solución, los participantes del curso obligatorio se volvieron ecologistas al aprender los fundamentos del derecho ambiental. Según se informa, como resultado las tasas de reincidencia han disminuido significativamente.
Otras soluciones incluyen el servicio comunitario, la reparación de los daños al medio ambiente, sentencias únicas como el financiamiento de carteles de educación ambiental en la parada de buses y libros sobre educación ambiental para las escuelas locales. Este tribunal ambiental ha asumido la tarea de acondicionar un bus como si fuera una sala de tribunal pequeña en el que se pueden llevar a cabo audiencias en áreas rurales y remotas.
(UNEP, 2016)
Recursos
La calidad de los procesos judiciales por el tráfico de vida silvestre depende de los recursos humanos y materiales disponibles, como la dotación de personal, la cualificación y formación del personal y las instalaciones y equipos disponibles. Es importante que los fiscales hayan recibido una educación y capacitación adecuada. Deben conocer a fondo los marcos jurídicos y el derecho jurisprudencial pertinentes y los elementos técnicos de las leyes de vida silvestre y bosques, así como la función y operación de cada aspecto del sistema de justicia penal. Además, necesitan entender el daño que ocasiona el tráfico de vida silvestre a la vida silvestre en sí y al ecosistema en general. Incluso en los lugares donde existen programas integrales de capacitación, es importante que se revisen regularmente dichos programas para garantizar que estén actualizados y se adapten a los cambios legislativos y jurisprudenciales y al carácter cambiante de los delitos contra la vida silvestre y los bosques (UNODC, 2012; Wyatt, 2013; World Bank, 2018). En muchas jurisdicciones, los fiscales no tienen los recursos para cumplir sus obligaciones. En algunos lugares, los sueldos insuficientes e inestables aumentan el riesgo de corrupción (UNODC, 2012).
Los tribunales también deben contar con personal suficiente. Los sueldos y otras prestaciones de los jueces y su personal reflejan sus responsabilidades, cualificaciones y experiencia. Los jueces y su personal también necesitan las instalaciones básicas y pueden necesitar un equipo especializado para trabajar con eficacia. Para una respuesta judicial eficaz al tráfico de vida silvestre es importante que los jueces y su personal estén debidamente capacitados. Deben estar familiarizados con los antecedentes, las técnicas, los procesos y los requisitos legales pertinentes (UNODC, 2012; Wyatt, 2013; World Bank, 2018). En muchos países, la falta de recursos impide que los tribunales cumplan sus obligaciones. Además, al igual que con los fiscales, los salarios insuficientes e inestables aumentan el riesgo de corrupción (UNODC, 2012).
Rendición de cuentas e integridad
Al igual que otros funcionarios involucrados en el sistema de justicia penal, los fiscales y jueces pueden ser vulnerables a la corrupción o pueden conspirar con personas u organizaciones involucradas en actos ilegales. Además, la fricción entre las obligaciones de los fiscales y sus intereses personales pueden ocasionar conflictos (por ejemplo, si sus parientes o amigos son acusados de haber cometido un delito contra la vida silvestre o los bosques). Por tanto, es importante que los fiscales rindan cuenta de sus acciones y que se garantice la integridad de la fiscalía y su personal (UNODC, 2012; para lecturas adicionales, consulte la serie de módulos universitarios de E4J sobre Integridad y Ética y la lucha contra la corrupción).
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