Freedonia es una democracia multipartidista, aunque en las últimas tres elecciones se ha producido una violencia generalizada, fraude electoral e intimidación a las minorías étnicas por parte de las autoridades. Con frecuencia, se ha acusado a la Policía Nacional de dispersar las protestas en contra del régimen en el poder y de permitir que se lleven a cabo manifestaciones a favor del Gobierno. Freedonia es un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Dentro de tres semanas se celebrarán nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Una enorme manifestación antigubernamental está prevista en la plaza principal de la capital, Freedomville, dentro de dos semanas. Los medios de comunicación social están inundados de informes de que los anarquistas tienen la intención de utilizar la manifestación para encubrir actos de violencia contra la «propiedad capitalista».

El Gobierno ha anunciado que está prevista una contramanifestación para el mismo día frente al parlamento nacional, que está a solo 250 metros de la plaza principal. También anunció que, si hay violencia en la manifestación antigubernamental, dicha concentración será dispersada con gases lacrimógenos y, de ser necesario, con disparos.

Preguntas

• ¿Qué medidas debe tomar la Policía antes de las manifestaciones?
• ¿Qué armas, equipo relacionado y entrenamiento se le debe dar a la Policía?
• ¿Qué medidas debe tomar la Policía el día de las reuniones?

Respuesta sugerida

La labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consiste en hacer posible una reunión pacífica. Esto significa establecer un vínculo con los organizadores con antelación sobre el lugar o la ruta de la reunión o manifestación, identificando los puntos de encuentro entre el organismo encargado de la aplicación de la ley y el grupo organizador. Se deben tomar medidas de seguridad y acceso o preparación para el personal médico. Es posible que se necesiten barreras de seguridad.

Los oficiales de primera línea deben haber recibido una capacitación específica en el manejo de reuniones. Los perros policía y los oficiales con equipo antidisturbios completo deben mantenerse fuera de la vista para no provocar violencia. Los oficiales no deben estar equipados con armas de fuego, o si lo están, deben recibir instrucciones de no disparar nunca a una multitud.

Se deben permitir las contramanifestaciones siempre que sea posible, aunque puede ser necesario canalizarlas y separarlas. La dispersión de una reunión debe ser el último recurso en caso de violencia generalizada y no debe ocurrir cuando la reunión es pacífica.

Ruritania es una democracia que recientemente ha votado por un presidente populista que se ha comprometido a hacer frente al rápido aumento de la violencia en el país, especialmente como resultado del tráfico de drogas. La Policía Nacional recibirá armas totalmente automáticas que antes solo portaban los militares, con órdenes de disparar a los traficantes de drogas en el acto. Freedonia es un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Preguntas

• Dado el mandato democrático del nuevo presidente, ¿se debería permitir a la Policía usar medidas extremas para controlar el aumento de la violencia?
• ¿Cuáles son los peligros de tal enfoque?

Respuesta sugerida

El mismo marco jurídico se aplica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del mundo, incluso en sociedades con altos niveles de violencia. Sin embargo, cuando se considera que la Policía es incapaz de frenar el aumento de la violencia, el reclamo público para que se adopten medidas más draconianas puede ser incontenible. Esto puede manifestarse en el aumento del armamento que se proporciona a la Policía o en el uso del ejército con el fin de «restablecer el orden». No obstante, es difícil encontrar ejemplos de casos en los que ese enfoque haya logrado reducir la violencia. Además, la intervención de la Policía suele verse obstaculizada por la infiltración de elementos delictivos o la corrupción.

Algunos atribuyen la tolerancia cero de la Policía y la «detención y registro» en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990 (donde incluso se procesan los delitos menores en los barrios «fracasados») a la considerable disminución de los delitos violentos en esa ciudad, aunque entre los criminólogos existe desde hace tiempo la controversia sobre la influencia de otros factores (consulte, p. ej., Grabosky, 1998).