Publicado en mayo de 2018

Perspectivas regionales: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019

Perspectivas regionales: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Factores estructurales y delincuencia organizada

 

El enfoque estructural para explicar la delincuencia organizada se enfoca menos en la conducta individual y enfatiza el papel de cumplen los factores sistémicos más amplios, como las características sociológicas, legales, económicas y políticas del sistema internacional. Estos factores no necesariamente causan los delitos, pero crean las condiciones en las que la actividad delictiva organizada prospera.

Estados débiles y delincuencia organizada

Tradicionalmente, tanto los Estados débiles y fallidos como las regiones en conflicto se han considerado entornos que facilitan el delito. La delincuencia organizada surge de la falta de poder que crea la ausencia de cumplimiento de la ley y de la buena gobernanza. Los Estados fallidos tienen instituciones débiles y altos niveles de corrupción, lo que puede ser tanto un síntoma como una causa de la actividad delictiva organizada. La incapacidad de las instituciones estatales permite que las organizaciones delictivas operen más o menos libres y la corrupción atrae la delincuencia organizada ya que las instituciones corruptas son muy fáciles de influenciar. Por lo tanto, los grupos de delincuencia organizada pueden tomar ventaja tanto del vacío en la gobernanza de los Estados débiles como de la falta de orden público, y usar al Estado para seguir con sus intereses.

La incapacidad de los Estados para controlar las fronteras nacionales también está muy conectada con la capacidad del Gobierno para asegurar su presencia en áreas remotas del Estado. De este modo, las áreas abandonadas, económicamente marginadas y poco pobladas son más propensas a convertirse en paraísos delictivos. Las condiciones que impiden el desarrollo económico y disminuyen los incentivos del Estado para desarrollar la infraestructura necesaria a fin de mantener una presencia fuerte conducen al surgimiento de economías clandestinas y mercados negros. El resultado de que la Policía, los jueces, las agencias reguladoras y otras instituciones estatales sean sistemáticamente corruptos es que el Estado opere como una empresa delictiva al exigir sobornos, comisiones ilícitas y cumplimiento por parte de los ciudadanos y empresas. En algunas situaciones, estas instituciones también reciben sobornos de grupos de delincuencia organizada para proteger actividades ilícitas existentes (consulte el Module 4 para encontrar una explicación de los conceptos de corrupción y soborno y, en general, métodos que usan los grupos de delincuencia organizada para infiltrarse en las empresas y los Gobiernos).

El fracaso del Estado y la transición del Estado pueden dar como resultado la incapacidad del Gobierno para proveer bienes y servicios políticos clave. El fracaso económico, tal como una alta tasa de desempleo, bajas condiciones de vida y dependencia de los mercados negros, estimula a las organizaciones delictivas a proveer bienes, servicios y empleos. Mientras más ausente o deficiente sea el Estado para brindar empleos legales y bienes públicos, más propensas serán las comunidades a volverse dependientes de las organizaciones delictivas y a apoyarlas (Felbab-Brown, 2012). Desde esta perspectiva, los grupos de delincuencia organizada pueden acumular capital político y amplio apoyo público. Esto les da la capacidad de actuar como cuasi Estados.

Un estudio de 59 países halló que estas consecuencias son el resultado del fracaso estatal y económico, y resaltó que un Poder Judicial corrupto y la existencia de actividades de mercados negros surgieron como las correlaciones políticas y económicas más fuertes de la delincuencia organizada (Sung, 2004). Por supuesto, la delincuencia organizada también ha prosperado en circunstancias caracterizadas por fuertes estructuras gubernamentales, pero la característica importante es el nivel en que la operación de los organismos gubernamentales refleja los intereses del público frente a los intereses privados de funcionarios corruptos o grupos de delincuencia organizada.

Además del fracaso del Estado, la estructura misma del sistema internacional se puede ver como un factor que contribuye a la generación de oportunidades delictivas para la delincuencia organizada. Algunos académicos arguyen que el delito transnacional es impulsado por diferencias estructurales entre los países. Desde esta perspectiva, las desigualdades de varios tipos, conocidas como «asimetrías criminogénicas», incrustadas en el sistema internacional, crean circunstancias que las organizaciones delictivas pueden capitalizar (Passas, 2001; Zabyelina, 2014). Desde esta perspectiva, se puede argumentar que, si un país legaliza una conducta particular mientras que otro Gobierno lo penaliza, la delincuencia organizada transnacional puede aprovecharse de las discrepancias entre las distintas jurisdicciones legales. Estas discrepancias se perciben como mecanismos por los que se crean mercados ilícitos y se desarrollan rutas de tráfico (Block y Chambliss, 1981). Por ejemplo, ciertos países han atraído a turistas que necesitan un trasplante en busca de donantes de órganos debido a la ausencia de una aplicación de la ley efectiva contra el tráfico ilícito de órganos y la tolerancia pública a estas prácticas. Asimismo, las distintas normas para la protección del medio ambiente impulsan, en parte, la eliminación ilícita de desechos a través de las fronteras.

Tabla. 6.1. Factores estructurales que supuestamente crean oportunidades para la delincuencia organizada
Asimetría de controles   La diferencia en la destreza de los Estados para implementar controles fronterizos y hacer cumplir las leyes.
Asimetría de recursos La desigualdad en la asignación de recursos naturales y humanos en el sistema internacional.
Asimetría de precios La diferencia en la distribución de activos económicos e ingresos entre Estados.
Asimetría de inversiones La desigualdad entre las inversiones de los Estados en la prevención de delitos nacionales y en la justicia penal frente a, fortalecimiento de las capacidades jurídicas, institucionales y operacionales internacionales (siendo el primero considerablemente mayor que el último)).
Asimetrías jurídicas La falta de armonía de los sistemas jurídicos y las leyes.

A la luz de la predisposición estructural del sistema internacional para que los mercados ilícitos sean rentables, se ha reconocido explícitamente que la lucha contra la delincuencia organizada debe ser parte de cualquier estrategia integral y efectiva que apunte a lograr las dimensiones «cualitativas» del desarrollo, como los derechos humanos, el acceso a la justicia, la buena gobernanza, el Estado de derecho y la seguridad. Estas dimensiones clave del desarrollo son la esencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los líderes del mundo aprobaron los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en setiembre de 2015 y entraron en vigencia el 1 de enero de 2016. Los ODS toman como base el éxito de  los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  y buscan seguir desarrollándose para poner fin a todas las formas de pobreza. Los nuevos Objetivos son únicos porque requieren la acción de todos los países para promover la prosperidad y proteger al planeta simultáneamente. Reconocen que terminar con la pobreza debe ir de la mano con estrategias que desarrollen el crecimiento económico y que aborden un rango de necesidades sociales, incluidas la educación, la salud, la protección social y las oportunidades laborales, al mismo tiempo que aborda el cambio climático y la protección ambiental. Si bien los ODS no son jurídicamente vinculantes, se espera que los Gobiernos se hagan cargo y establezcan marcos nacionales para lograr los 17 Objetivos.

El Objetivo 16 hace referencia explícita a la lucha contra la delincuencia organizada como un objetivo crítico, pero las reiteradas referencias a las varias manifestaciones de la delincuencia organizada en todos los 17 Objetivos, desde la explotación laboral hasta la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, evidencian el hecho de que la delincuencia organizada se ha convertido en una de las áreas clave del foco de desarrollo de las Naciones Unidas.

Afrontar la delincuencia organizada requiere un enfoque sistémico e integrado que se centre en la armonización de las leyes y el cumplimiento de los marcos regulatorios, la protección de los derechos humanos, la construcción de comunidades sostenibles y la toma de conciencia social. Se necesita un enfoque sistémico debido a las interconexiones con los riesgos mundiales más grandes, como la corrupción (que es tanto un impulsador como una consecuencia de la conducta delictiva), los Estados frágiles (el comercio ilícito masivo frecuentemente es una causa y, casi siempre, una consecuencia importante) o las desigualdades económicas (que contribuyen y exacerban una falta de seguridad y Estado de derecho) (Documento de posición de la UNODC; Guía de Recursos del Modelo de las Naciones Unidas, 2018).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sostiene de manera explícita que «no puede haber desarrollo sostenible sin paz y no puede haber paz sin desarrollo sostenible». De este modo, reconoce que reducir el delito, los conflictos, la violencia y la discriminación es un elemento clave para el bienestar de las personas.

 
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