Este módulo es un recurso para los catedráticos  

 

La creación de instituciones políticas como un medio para combatir la corrupción

 

North (1990) define las instituciones políticas como «las reglas del juego en una sociedad o, de forma más formal, ... las limitaciones elaboradas por el humano que condicionan la interacción humana». Con el tiempo, el término instituciones políticas ha llegado a incluir una variedad de entidades diferentes que incluyen «los votantes, los partidos políticos, el parlamento, las autoridades elegidas por el pueblo a nivel regional y local, la administración en un sentido más amplio, las organizaciones políticas y administrativas supranacionales, los tribunales de justicia, la defensoría del pueblo, la contraloría, los grupos de interés y los medios de comunicación» (Goldmann, Pedersen y Østerud, 1997).

Según North, la creación de instituciones políticas puede ser una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Esto se debe a que las instituciones políticas «definen los participantes en los diferentes procesos políticos, y las reglas y procedimientos según los cuales estos procesos se llevan a cabo», de modo que proporcionan indicaciones sobre lo que es factible y permitido (Groop, 2013). Dicho esto, la creación de instituciones políticas no debe considerarse como una panacea contra la corrupción. En cambio, la creación de instituciones, en la mayoría de los casos, necesita complementarse con otros tipos de medidas de lucha contra la corrupción para ser eficaz (para una discusión más detallada sobre las medidas de lucha contra la corrupción nacionales, consulte el Módulo 13  de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

Una gran cantidad de investigaciones se han centrado en los vínculos entre las instituciones políticas y la prevalencia y los niveles de corrupción. Los investigadores se han centrado principalmente en las instituciones políticas, como el Ejecutivo, el Legislativo, las normas electorales y la organización territorial del Estado. Esta investigación se aborda con mayor detalle en Groop (2013). A continuación, se presenta un resumen de la misma.

Ejecutivos

Respecto a los ejecutivos, las investigaciones apuntan a un vínculo entre el parlamentarismo (caracterizado, entre otras cosas, por el hecho de que el Gobierno como norma es elegido desde dentro del parlamento y depende de la confianza parlamentaria) y una prevalencia menor de la corrupción. Shugart (1999) explica esto por el hecho de que los sistemas parlamentarios engendran partidos fuertes, que obligan a los políticos a «subordinar sus objetivos a los intereses más amplios del partido». Por tanto, según Shugart, es más probable que los políticos de estos sistemas «desarrollen políticas dirigidas a circunscripciones nacionales amplias en lugar de circunscripciones sectoriales o regionales particularistas», lo que reduce las tendencias hacia la asignación de fondos públicos para proyectos que sirven a intereses locales en lugar de generales (consulte las definiciones legales de Estados Unidos aquí).

Legislativos

Swamy y otros (2001) estudiaron la relación entre la cantidad de parlamentarias mujeres y los niveles de corrupción. Encontraron que los niveles de corrupción eran menores en aquellos países con un alto porcentaje de mujeres parlamentarias. Los autores especulan que la relación puede estar vinculada a diferencias en términos de socialización y acceso a las redes (para una discusión más detallada sobre los vínculos entre sexo, género y corrupción, consulte el Módulo 8 de la serie de módulos universitarios E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

Sistemas electorales

Se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre los vínculos entre los sistemas y normas electorales, y la prevalencia de la corrupción. Los hallazgos, sin embargo, están lejos de ser inequívocos. Chang (2005), por ejemplo, ha estudiado los sistemas electorales de representación proporcional por listas abiertas, y argumenta que los candidatos en estos sistemas se enfrentan a una mayor incertidumbre en relación con el resultado electoral, así como a una mayor presión para acumular votos personales debido a la competencia dentro de los mismos partidos. Como resultado, Chang teoriza que los candidatos necesitan recursos con urgencia para financiar sus campañas y, por ende, muchos de ellos se ven obligados a participar en actividades corruptas. 

La organización territorial del Estado

Los investigadores también se han interesado en los vínculos entre la corrupción y las instituciones, como el unitarismo (caracterizado por tener un fuerte centro) y el federalismo (caracterizado por tener una mayor división del poder entre el centro y, por ejemplo, las provincias o los Estados).

Gerring y Thacker (2004) encontraron que los Estados federales (especialmente aquellos con un sistema presidencial) son más susceptibles a la corrupción que los Estados con un modelo institucional diferente. Los autores lo atribuyen a un poder electoral y función pública fragmentados, lo que resulta en una autoridad dividida, mensajes contradictorios, superposición de jurisdicciones, burocracia y caos general. Gerring y Thacker sostienen que «las actividades ilícitas se encubren fácilmente en [este] caos». También consideran que el federalismo es más propenso al desarrollo de contactos estrechos relaciones personalizadas, lo que contribuye a aumentar los niveles de corrupción. 

 
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