Publicada en septiembre de 2019
Perspectiva regional: África oriental y meridional - incluido en abril de 2020
Este módulo es un recurso para los catedráticos
Desafíos para la aplicación de la ley
La aplicación eficaz de la ley para los delitos contra la vida silvestre y los bosques enfrenta numerosos desafíos y obstáculos.
Luchar contra el tráfico de vida silvestre no se considera una prioridad en muchos países (Bennett, 2011; DLA Piper, 2014; Nurse, 2015; Nurse, 2013; UNODC, 2012; Wyatt, 2013; Wellsmith, 2011; WWF, 2015). Los encargados de formular políticas, la policía, los fiscales y el poder judicial no suelen considerar los delitos contra la vida silvestre y los bosques como delitos graves que merezcan consideración especial o prioridad (Sundari Akella y Allan, 2012; Wellsmith, 2011). Este problema no solo ocurre en los países en desarrollo, sino también en países como Noruega (Runhovde, 2016) y el Reino Unido (INTERPOL y UNEP, 2016). Si bien hay algunas señales de que el «estatus» del tráfico de vida silvestre está aumentando (INTERPOL y UNEP, 2016), muchos países aún prestan poca atención a este tipo de delito.
En muchas jurisdicciones, las leyes y regulaciones relacionadas con el tráfico de vida silvestre, con otros aspectos de la vida silvestre y el sector forestal siguen siendo deficientes y con frecuencia sufren de algunos vacíos importantes. Algunas veces, los elementos de los delitos no se formulan o expresan de manera clara. Por lo tanto, dificulta que se realicen investigaciones y acciones penales efectivas. En algunas jurisdicciones, los delitos en cuestión se redactan mal y dejan ambigüedades e incertidumbres que pueden dificultar los procesos judiciales y los abogados defensores se aprovechan de ello (UNODC, 2012; Biegus y Bueger, 2017; Nurse, 2015). Cuando los funcionarios del Estado están involucrados en el tráfico de vida silvestre, la inmunidad diplomática puede impedir su procesamiento y condena. Además, en algunas jurisdicciones, las autoridades y los funcionarios encargados de aplicar la ley contra los delitos de tráfico de vida silvestre carecen de las facultades necesarias de ejecución.
La aplicación de ley contra los delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre se dificulta por la falta de una asignación adecuada de recursos y capacitación (Bennett, 2011; Nurse, 2015; consulte también, Sundari Akella y Allan, 2012). En muchos países, este es un problema relacionado con la elaboración del presupuesto en vez de la falta de recursos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley suelen tener poca experiencia y capacidades para hacer frente al tráfico de vida silvestre (Runhovde, 2016). Los organismos especializados a menudo carecen de personal suficiente, no los capacitan bien y tienen pocos fondos. Además, las acciones penales y las prácticas judiciales deficientes impiden que se tenga una respuesta adecuada al tráfico de vida silvestre (UNODC, 2012). Esto suele llevar a entornos en los que los cazadores, los traficantes y otros implicados en el tráfico de vida silvestre pueden operar con relativa impunidad (Biegus y Bueger, 2017). La falta de integridad de las autoridades y funcionarios involucrados, que facilita la corrupción, exacerba aún más el problema.
Si bien la coordinación nacional y la cooperación internacional son fundamentales en la lucha contra el tráfico de vida silvestre, los propios funcionarios y algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden o no desean trabajar junto con otros organismos, compartir información relevante, usar recursos disponibles y los conocimientos técnicos, o colaborar con otros países (Sundary Akella y Allan, 2012; consulte también EIA, 2016).
Ejemplo: Desafíos de la aplicación de la ley en la Unión Europea
Un estudio de 2016 reveló los diferentes desafíos de la aplicación de las leyes relacionadas con el tráfico de vida silvestre en los Estados miembro de la Unión Europea. La legislación existente en los Estados miembro mostró un nivel insuficiente y desigual de la aplicación de las leyes. Además, sola una minoría de los Estados miembro tenían planes nacionales de acción para los delitos contra la vida silvestre (como lo recomendaba la CITES).
La implementación y la aplicación de las leyes relacionadas con los delitos contra la vida silvestre se vio obstaculizada principalmente por (1) la falta de personal suficiente y recursos monetarios, lo que se refleja en un número reducido de controles y la falta de voluntad para tomar medidas costosas para la aplicación de la ley y poco tiempo para la cooperación y el intercambio de datos, (2) la falta de conocimientos especializados sobre los delitos contra la vida silvestre en los órganos administrativos, los encargados de hacer cumplir la ley y judiciales, así como la falta de organismos especializados, (3) un nivel bajo de sanciones aplicadas que no reflejan la gravedad de los delitos y (4) la ausencia de sanciones penales y la preferencia por las sanciones administrativas a menudo debido a la falta de pruebas.
(Parlamento Europeo, Directiva General de Políticas Internas, Departamento de Política A: Política Económica y Científica, 2016)
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