Este módulo es un recurso para los catedráticos
Conclusión
Al abordar la corrupción mediante un marco de derechos humanos «se visibiliza el impacto social de la corrupción; esto crea conciencia en la sociedad acerca de las consecuencias de este flagelo y crea nuevas alianzas en la lucha contra la corrupción» (UNHRC, 2015, p. 10). Por lo tanto, determinar si las consecuencias de la corrupción incluyen las violaciones de los derechos humanos podría contribuir a una mejor comprensión de los efectos de la corrupción –en particular, su dimensión humana y sus repercusiones sociales– y puede ser un paso esencial para hacer que la corrupción sea una cuestión pública. Además, un enfoque basado en los derechos humanos puede dar lugar a que se proporcionen reparaciones a las víctimas individuales, como explicó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015, p. 10):
La justicia penal no es [...] un instrumento eficaz para reparar los efectos negativos de la corrupción en las personas, los grupos específicos o la sociedad en general; así, desde una perspectiva de derechos humanos, los Estados tienen la obligación no solo de procesar esos delitos, sino también de adoptar medidas para combatir las repercusiones negativas de este fenómeno [...] En este sentido, una perspectiva de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción y sus efectos resulta complementaria al derecho penal.
Al igual que con otros delitos (p. ej. la tortura y el arresto ilegal), si se combina un enfoque basado en los derechos humanos con el enfoque de justicia penal, estos pueden reforzarse mutuamente en el caso de la corrupción. Al mismo tiempo, algunos de los riesgos analizados en este módulo deben ser reducidos al asegurar un enfoque coordinado donde los órganos de lucha contra la corrupción y los de derechos humanos –a nivel nacional, internacional, de la sociedad civil y del sector privado– cooperan efectivamente para mitigar el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos (UNHRC, 2019). De hecho, al reconocer los riesgos del enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos, se puede argumentar que estos riesgos son superados por los beneficios prácticos de este enfoque. Peters (2018, pág. 1278), por ejemplo, plantea este argumento y explica que «en general, la incorporación de la legislación internacional de los derechos humanos en los esfuerzos por combatir la corrupción parece apta para complementar o reforzar la penalización de la corrupción y, en esa medida, tiene efectos benignos» (consulte también Peters, 2018, pág. 1251). Aun así, el movimiento por los derechos humanos y el movimiento de lucha contra la corrupción están bastante separados, y ha habido poco diálogo y cooperación entre ambos para abordar las violaciones de los derechos humanos causadas por la corrupción.
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