Este módulo es un recurso para los catedráticos
Acción colectiva y asociaciones público-privadas contra la corrupción
Este módulo ha abordado hasta ahora la implementación de un régimen mundial basado en la aplicación de una relación agente-principal. En otras palabras, la sociedad matriz (la principal) es responsable de los actos de sus subsidiarias, intermediarios y terceros (los agentes). Esta estrategia es útil para reducir los sobornos en los negocios internacionales y en las cadenas de suministros mundiales. Igualmente, aumenta considerablemente la probabilidad de que las compañías multinacionales sancionadas por corrupción en un país pierdan oportunidades comerciales en otros países, debido a su inclusión en una lista negra o a la imposibilidad de participar en licitaciones públicas.
Sin embargo, esta estrategia puede ser insuficiente cuando la corrupción es sistémica, puesto que, por ejemplo, se ha extendido y está profundamente arraigada en las redes público-privadas, o porque el Gobierno la apoya o incluso la organiza. Frente a la corrupción sistémica, las compañías pueden verse obligadas a retirarse del mercado específico, con la consecuencia política no deseada de dejar el mercado en manos de actores menos escrupulosos. Además, cuando la corrupción es generalizada, una intervención legal basada en la responsabilidad corporativa puede generar transiciones costosas. En América Latina, por ejemplo, el caso Odebrecht involucró a cientos de compañías , muchas de las cuales quebraron o están al borde de la bancarrota. Solo en Brasil, más de 100 000 trabajadores perdieron sus puestos. Evitar estas transiciones abruptas, que a menudo promueven contratiempos que perpetúan la corrupción, requiere de una estrategia diferente.
En mercados con corrupción sistémica, las compañías enfrentan el « dilema del prisionero», según el cual temen verse afectadas por una desventaja competitiva si rehúsan participar en prácticas corruptas como, por ejemplo, la pérdida de contratos. Esto también se ha descrito como «el problema de la acción colectiva», discutida en detalle en el Módulo 4 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción. El sentimiento predominante es que, si una compañía no paga sobornos, los competidores lo harán. En otras situaciones, la desconfianza se minimiza a través de la formación de cárteles, lo cual a veces es, incluso, impulsado por el Estado. En ambos casos, el resultado es un aumento exponencial en los costos colectivos.
Para responder a estos problemas se requiere un acuerdo, similar a un contrato multipartidario: un acuerdo en el que las diferentes partes interesadas se comprometan a un nuevo equilibrio normativo. Para que este enfoque funcione, la mayoría de las partes interesadas debe tener la expectativa de que sus pares se atengan a estas nuevas reglas y hagan que otros cumplan con ellas.
Estos enfoques colectivos y coordinados a menudo se conocen como iniciativas de «acción colectiva» y se han definido de la siguiente forma (Banco Mundial, 2008, pág.4):
La «acción colectiva» es un proceso colaborativo y sostenido de cooperación entre las partes interesadas. Aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual, incorpora a los jugadores individuales y vulnerables en una alianza de organizaciones afines y nivela el campo de juego entre los competidores. La acción colectiva puede complementar, sustituir temporalmente o fortalecer las leyes locales débiles y las prácticas anticorrupción.
Las iniciativas de acción colectiva pueden adoptar diversas formas, desde acuerdos a corto plazo hasta iniciativas a largo plazo de aplicación externa. Las compañías que participan en tales iniciativas pueden perseguir sus objetivos comunes de forma mucho más efectiva de lo que podrían individualmente, gracias al esfuerzo conjunto y concentrado. Las iniciativas de acción colectiva pueden formarse ya sea solo en el sector privado (por ejemplo, las PYMES que solicitan normas armonizadas para los proveedores a las empresas más grandes) o mediante asociaciones entre el sector público y el privado (por ejemplo, al abordar de forma colectiva desafíos únicos como los pagos de facilitación, o al abogar por un mejor entorno normativo y empresarial). Un ejemplo del primer tipo de enfoque de acción colectiva es la iniciativa Jornada Íntegra que la plataforma empresarial internacional de Alliance for Integrity lanzó en 2019 en Brasil. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) brasileñas en la creación de un entorno empresarial más ético y sostenible.
Hoy en día, las compañías adoptan cada vez más enfoques anticorrupción en colaboración con el sector público y la sociedad civil, así como con la academia. Estos enfoques colectivos tienen un gran potencial para reducir la corrupción en la sociedad en el sentido más amplio, por varias razones. En primer lugar, la corrupción es tan compleja que ningún Gobierno o compañía puede eliminarla trabajando solo. Si bien el sector privado es parte del problema, también es parte de la solución para luchar contra la corrupción en la sociedad. En segundo lugar, si bien las compañías suelen ser una fuente común de fondos corruptos, también son víctimas de corrupción y, en consecuencia, tienen un interés en común respecto a las reformas. En tercer lugar, los Gobiernos se pueden beneficiar de la experiencia y los recursos que las empresas éticas pueden brindar en la lucha contra la corrupción. Con la acción colectiva, las compañías de todos los tamaños se pueden convertir en agentes de cambio importantes en relación a las políticas y operaciones anticorrupción, estimulando los esfuerzos en el sector público y privado parar disminuir la corrupción e instaurar una reforma efectiva.
La acción colectiva puede involucrar tanto a actores privados como estatales; esta colaboración se conoce como asociación público-privada. Un ejemplo reciente de acción colectiva basada en una asociación público-privada es la intervención liderada por la Red Marítima Anticorrupción (MACN) en Argentina junto con varias asociaciones comerciales que operan en el sector del transporte marítimo. La intervención tuvo como objetivo reducir la corrupción durante las inspecciones de las bodegas y tanques de los buques de carga suelta realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Argentina. Las inspecciones debían garantizar que los medios de transporte estuvieran en condiciones adecuadas para evitar la contaminación de los productos agrícolas. Sin embargo, se desarrolló un negocio ilícito por valor de alrededor de 30 millones de dólares al año debido a una combinación de factores, a saber: la discreción no supervisada de la que gozan los inspectores, los costos derivados de las demoras causadas por la desaprobación del almacén y la falta de transparencia y regulación de todo el proceso de inspección. Estas condiciones facilitaron el soborno que los barcos en malas condiciones pagaban por obtener beneficios indebidos como la aprobación, y la extorsión comercial de barcos en buenas condiciones que pagaban para evitar retrasos costosos e injustificados. Con el tiempo, el alcance de la corrupción sistémica en estas inspecciones afectó no sólo a compañías individuales que tenían que sumar el soborno a sus costos comerciales, sino también al comercio internacional de productos agrícolas argentinos en general, en la medida en que los mayores costos y riesgos legales desalentaron a las empresas extranjeras de realizar operaciones comerciales en el país.
Para abordar este caso de corrupción, los miembros de la MACN colaboraron con todas las partes interesadas, incluido el Gobierno, que tomó más de tres años para rediseñar el proceso de investigación. Las discusiones evaluaron las ventajas y desventajas comerciales, legales y financieras que enfrentaba cada parte interesada y cómo las afectaría el hecho de crear un campo de juego nivelado. De conformidad con todas las partes interesadas, el Gobierno reformó el marco regulatorio en noviembre de 2017. La acción colectiva continuó durante la implementación de la reforma, mediante reuniones con todas las partes interesadas y la capacitación del personal operativo, tanto en el sector público como en el privado. Los sobornos disminuyeron hasta casi cero y en los pocos casos en que hubo corrupción los incidentes fueron denunciados y sancionados.
El documento del B20 del 2014 contiene discusiones y ejemplos interesantes de los enfoques de la acción colectiva. El documento propone formas de mejorar el rol del sector privado en la lucha contra la corrupción, incluyendo la mejora de su colaboración con los Gobiernos y las instituciones internacionales. Este documento también contiene muchos estudios de caso útiles que ilustran los diferentes enfoques para lograr dicha colaboración.
Existe más información disponible sobre la acción colectiva y las asociaciones público- privadas en el Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para empresas: Guía práctica de la UNODC. El Instituto de Gobernanza de Basilea mantiene una base de datos de iniciativas de acción colectiva contra la corrupción. Las iniciativas mencionadas anteriormente: Pacto Mundial de Naciones Unidas, Alliance for Integrity, PACI y B20 son otros ejemplos conocidos de iniciativas de acciones colectivas.
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