Publicado en julio de 2018.

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Desafíos actuales para el marco jurídico internacional

 

A pesar de que la interrelación incrementada entre los principios de asilo y de los refugiados y otros regímenes jurídicos que conforman la base del marco jurídico internacional dentro del cual deben producirse las respuestas de lucha contra el terrorismo es positiva, por un lado, particularmente en lo que respecta a la promoción de los principios de cada uno de los regímenes jurídicos identificados, no está exenta de los desafíos asociados.

Una cuestión importante es que el derecho internacional de los refugiados no se creó originalmente como una herramienta de lucha contra el terrorismo ni para implementarse como tal. Así, su identificación como un régimen jurídico clave dentro del marco jurídico internacional de lucha contra el terrorismo tiene el potencial de producir un impacto negativo en la protección de los solicitantes de asilo y los refugiados, al ofrecerles una protección menor, en lugar de una equivalente o mayor. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tomó estas opiniones en cuenta como respuesta al incremento de las medidas de lucha contra el terrorismo posteriores a los atentados terroristas del 11 de setiembre.

Equiparar el asilo con un refugio seguro para los terroristas no solo es jurídicamente incorrecto y, por lo tanto, no cuenta con el respaldo de los hechos, sino que sirve para difamar a los refugiados ante la mirada del público y promueve la selección de personas de determinadas razas o religiones para la discriminación o el acoso basado en el odio.

Desde el 11 de septiembre, varias comunidades de inmigrantes y refugiados han sufrido ataques y acoso basados en la percepción de etnia o religión, lo que intensifica las tensiones sociales. Si bien existen solicitantes de asilo y refugiados que han estado, o estarán relacionados con delitos graves, ello no quiere decir que la mayoría debe ser castigada asociándola a los delitos de unos pocos. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2015).

Otra cuestión a tomar en cuenta es que algunos de los Estados han aplicado una cláusula de exclusión a los «terroristas» de manera conjunta, basándose en listas de terroristas y de organizaciones terroristas proscritas como aquellas de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en lugar de realizar evaluaciones individuales. Desde el punto de vista del Estado de derecho, tales enfoques no siempre están acompañados por niveles básicos de garantías procesales y pueden ser difíciles de impugnar con éxito, inclusive en un tribunal de justicia (consulte el Módulo 11). Otro problema relacionado es que tal enfoque no aborda las cuestiones subyacentes, sino que traslada el problema de un Estado a otro.

Dicho esto, se puede considerar que varios de estos desafíos y riesgos están al menos parcialmente compensados por los beneficios de integrar el derecho internacional de los refugiados dentro del marco jurídico internacional. Podría argumentarse que la mejor opción para conciliar los intereses de seguridad nacional con el derecho a ser protegido de la devolución es combinar los diferentes campos del derecho. La aplicación del derecho de los refugiados de la mano con el derecho penal, la ley de extradición y el derecho de los derechos humanos puede cumplir una función importante en cuanto a garantizar correctamente que se le niegue la protección de refugiados a cualquier persona involucrada en actividades terroristas. Por el contrario, la protección de los intereses de seguridad nacional mediante el enjuiciamiento de individuos según el debido proceso, la salvaguardia de los derechos y la protección de los más vulnerables, así como la toma de otras medidas apropiadas para proteger los derechos humanos básicos, mantiene la ratificación del Estado de derecho como el foco de las respuestas de lucha contra el terrorismo.

 
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