Publicado en mayo de 2018
Perspectiva regional: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019
Perspectiva regional: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Estudios de caso y ejercicios

Estudio de caso 1 (entrega vigilada)

El 13 de junio de 2011, las autoridades francesas solicitaron la ayuda de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (Dirección General de la Seguridad Nacional) marroquí, para organizar una entrega vigilada. Esta operación buscaba desmantelar una organización delictiva especializada en el narcotráfico entre Marruecos y la región de París en Francia. La investigación estableció que el jefe de la organización delictiva había designado a un ciudadano francés para la supervisión del transporte de una cantidad desconocida de drogas fiscalizadas. La droga estaba escondida en un cargamento de petróleo en una camioneta «Iveco». El 18 de junio de 2011, las fuerzas policiales del puerto marítimo Tanger-Med facilitaron el tránsito de la camioneta. Una vez llegó a Sète, en el sur de Francia, la camioneta fue monitoreada atentamente hasta que llegó a la ubicación donde se iba a descargar. Como resultado de esta entrega vigilada, se detuvo a 11 personas en varias ciudades de Francia y se incautó una gran cantidad de resina de cannabis.

Archivos relacionados al caso

Característica principal

  • Una operación de entrega vigilada exitosa en un caso de narcotráfico 

Preguntas para debatir

  • ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos de la aplicación del método de entrega vigilada al investigar redes de narcotráfico?
  • ¿Qué factores contribuyeron a que sea una investigación de entrega vigilada exitosa?
  • ¿Qué condiciones deben cumplir las fuerzas del orden antes de la implementación de una técnica de entrega vigilada?

Estudio de caso 2 (Rachel Hoffman)

Crédito de la fotografía

Lea extractos del artículo "The Throwaways" (Los desechables) que describe el caso de Rachel Hoffman, escrito por Sarah Stillman para el New Yorker en 2012 (traducción no oficial):

En la tarde del 7 de mayo de 2008, una mujer de veintitrés años llamada Rachel Hoffman se subió a su sedán Volvo plateado, puso música relajante de una banda de jam y se dirigió hacia el norte a un parque público en Tallahasse, Florida. Se había graduado recientemente de la universidad Florida State e iba vestida para mezclarse entre la multitud —jeans, una camiseta con patrones verdes y blancos y sandalias Reef negras—. A su lado, en el asiento del copiloto, había una cartera que contenía trece mil dólares en billetes marcados.

Antes de llegar a los puestos de duraznos de Georgia y a los vendedores de miel de Tupelo en la calle North Meridian Road, le envió un mensaje de texto a su novio.

«Me acaban de colocar el equipo», escribió a las 6:34 p. m. «Deséame suerte, estoy en camino».

«¡Buena suerte, bebé!», le respondió él. «Llámame y cuéntame cómo va todo».

«Ya casi es hora», respondió ella.

Detrás de los robles y los papelillos del parque, el sol comenzaba a ponerse. Las jóvenes madres empujaban los cochecitos de sus bebés cerca al campo de béisbol y los niños corrían como locos en la zona de juegos. Mientras Hoffman hablaba en su iPhone con el hombre que iba a ver, su voz se filtraba por un cable escondido en su cartera. «Me estoy estacionando en el parque que tiene los campos de tenis ahora», dijo con una voz casual.

Quizás lo que le dio tranquilidad era saber que diecinueve agentes de las fuerzas del orden monitoreaban cada uno de sus movimientos y un avión de vigilancia de la Administración para el Control de Drogas deba vueltas en el cielo. En todo caso, Rachel Hoffman, una pelirroja alta de ojos grandes, era tranquila y confiada por naturaleza. No era una agente formada en materia de estupefacientes. En su página de Facebook se la podía ver bailando en festivales de música con una gran sonrisa bobalicona, así como el perfil falso que había creado para su gato («Música favorita; cat stevens, straycat blues, pussycat dolls»).

Unas semanas antes, unos oficiales de policía habían llegado a su apartamento luego de que alguien se quejara del olor a marihuana y expresara su sospecha de que ella vendía drogas. Cuando le preguntaron si tenía alguna sustancia ilegal en casa, Hoffman dijo que sí y les permitió entrar a revisar. Los policías decomisaron un poco más de cinco onzas de hierba y varias pastillas de éxtasis y Valium que estaban escondidas debajo de los cojines de su sillón. Hoffman podía enfrentar un buen tiempo en prisión por cargos de delitos graves, entre ellos la «posesión de cannabis con el propósito de venderlo» y «manejar un punto de ventas de drogas». El oficial a cargo, un suboficial de cabello rubio llamado Ryan Pender, le dijo que ella podría ayudarse a sí misma si brindaba una «colaboración sustancial» al equipo de estupefacientes de la ciudad. Ella creyó que podían reducir o incluso desestimar cualquier cargo en su contra. (...)

Hoffman decidió cooperar. Nunca había disparado un arma o manejado una cantidad importante de drogas duras. Ahora se encontraba en camino a realizar una transacción encubierta para el Departamento de Policía de Tallahassee. Para esto, tenía que reunirse con dos delincuentes convictos, sola en su auto, para comprar dos onzas y media de cocaína, mil quinientas pastillas de éxtasis y un arma corta semiautomática.

La operación no ocurrió según lo planeado. Hacia el final de la hora, la Policía perdió el rastro de Rachel y su auto. Más tarde esa noche, llegaron a casa de su novio y le preguntaron si Hoffman estaba dentro. Querían saber si ella había huido con el dinero. Su novio no sabía dónde estaba. (...)

Dos días después de la desaparición de Hoffman, se encontró su cuerpo en Perry, Florida, un pequeño pueblo a unas cincuenta millas al sudeste de Tallahassee, en un barranco descuidado con vides enredadas. Cubierta con una mortaja improvisada hecha de su sudadera Grateful Dead y una bolsa de dormir naranja y morada, Rachel había recibido cinco disparos en el pecho y la cabeza con el arma que la Policía le había mandado a comprar.

Para la tarde de su muerte, Rachel Hoffman llevaba casi tres semanas trabajando para el departamento de Policía. En términos burocráticos, ella era la Informante Confidencial N.° 1129 o I.C. Hoffman. En lenguaje legal, ella era una «cooperante», una de los miles de personas que, cada año, ayudan a la Policía a presentar casos en contra de otros, frecuentemente a cambio de la promesa de indulgencia en el sistema judicial penal.

En 2009, el Senado del estado de Florida aprobó la llamada «Ley de Rachel», que exige que los organismos encargados de hacer cumplir la ley brinden capacitación especial a los oficiales que reclutan informantes confidenciales, comuniquen a los informantes que no se puede garantizar la reducción de sus sentencias a cambio de sus trabajos y que se les permita que soliciten un abogado si así lo desean.

Material relacionado al caso

Característica principal

  • A cambio de indulgencia, se envía a informantes no capacitados a realizar operaciones policiales peligrosas con pocas protecciones legales. 

Preguntas para debatir

  • ¿Cuáles son los riesgos de utilizar informantes no capacitados?
  • ¿Deben las fuerzas del orden proteger a los informantes de los daños mentales y fisiológicos que puedan sufrir durante una operación secreta?
  • ¿Debe la Policía que reclutó a Rachel Hoffman ser penalmente responsable por causar una muerte por negligencia?
  • ¿Los cambios legislativos que promulgó el Senado del estado de Florida luego de la muerte de Rachel Hoffman pueden proteger a los futuros informantes vulnerables de los riesgos de su cooperación con la Policía?

Estudio de caso 3 (el «catfishing» de trabajadores sexuales)

Se ha acusado a los oficiales de policía de hacer mal uso de sus poderes para tender trampas y castigar a los trabajadores sexuales. En algunos países, se permite que los oficiales de policía encubiertos reciban ciertos servicios sexuales de los trabajadores sexuales durante el curso de su trabajo para asegurar pruebas. Muchos trabajadores sexuales han denunciado que la Policía los acusó de captación a pesar de que fue el oficial quien inició el intercambio y ofreció comprar sexo.

Además, los oficiales de policía en algunos países supuestamente amenazaron con delatar a los trabajadores sexuales antes sus cónyuges, padres o hijos si no confesaban. Los trabajadores sexuales y sus abogados también han denunciado que la Policía miente a los trabajadores sexuales sobre las consecuencias de sus confesiones, los manipulan para que firmen declaraciones y les ocultan el hecho de que una admisión de culpabilidad probablemente conduzca a su encarcelamiento. En algunos casos, la Policía decomisó condones como prueba.

Característica principal

  • La policía pone trampas a los trabajadores sexuales 

Preguntas para debatir

  • ¿La Policía está autorizada para utilizar el engaño y la fuerza durante una investigación? ¿Se puede considerar que el hecho de que la Policía utilice el engaño como una herramienta para recopilar pruebas es un mal necesario en un contexto en el que se enfrentan limitaciones legales y logísticas al investigar delitos de naturaleza consensual que no implican una víctima directa como con los vicios o sobornos?
  • Para identificar a las víctimas de la trata sexual en jurisdicciones en las que la prostitución es legal, puede que los agentes necesiten realizar operaciones encubiertas algunas veces. En estos casos, ¿se les debe permitir participar del «muestreo sexual» (es decir, el contacto sexual entre los trabajadores sexuales y los agentes de las fuerzas del orden)?
  • ¿Se deben tratar los condones utilizados por los trabajadores sexuales como pruebas de un delito o admitirse como pruebas ante un tribunal? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

Estudio de caso 4 (vigilancia mundial)

Crédito de la fotografía

Lea el texto corto "Edward Snowden: Traitor or Hero?" Edward Snowden: ¿traidor o heroe?) que escribió Andrew Carlson de la Universidad de Texas en Austin (traducción no oficial):

En 2013, el experto en computadoras y antiguo administrador de sistemas de la CIA, Edward Snowden, filtró a la prensa documentos confidenciales del Gobierno sobre la existencia de programas de vigilancia del Gobierno. De acuerdo con muchos expertos legales y con el Gobierno de los Estados Unidos, sus acciones violaron la Ley de Espionaje de 1917, que identifica la filtración de los secretos de Estado como un acto de traición. Sin embargo, a pesar de haber violado la ley, Snowden argumentó que tenía la obligación moral de actuar. Justificó su «denuncia de irregularidades» declarando que tenía el deber «de informar al público sobre lo que se hace en su nombre y lo que se hacía en contra de ellos». De acuerdo con Snowden, la violación del Gobierno de la privacidad debía exponerse sin importar su legalidad.

Muchos estuvieron de acuerdo con Snowden. Jesselyn Radack del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental defendió sus actos como éticos y argumentó que él había actuado a partir de un sentimiento de bien público. Radack dijo, «Snowden puede haber violado un acuerdo de confidencialidad, que no es un juramento de lealtad sino un contrato y, además, es uno menos importante que el contrato social que una democracia tiene con sus ciudadanos». Otros argumentaron que, incluso si él era legalmente culpable, no era culpable éticamente porque la ley en sí era injusta e inconstitucional.

El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, no encontró convincente el razonamiento de Snowden. Holder declaró, «Él violó una ley. Causó daño a nuestra seguridad nacional y creo que debe responsabilizarse por sus actos».

Los periodistas estaban en conflicto con respecto a las implicaciones éticas de las acciones de Snowden. El comité editorial de The New York Times declaró: «Puede haber cometido un delito... Sin embargo, le ha hecho un gran favor a su país». En un artículo de opinión del mismo periódico, Ed Morrissey escribió que Snowden no era un héroe sino un delincuente: «Snowden decidió violar la ley al filtrar información sobre el comportamiento en lugar de denunciarlo por medios legales». De acuerdo con Morrissey, se debe procesar a Snowden por sus actos dado que sus acciones violaron una ley «destinada a mantener información sobre la seguridad nacional y activos legítimos a salvo de nuestros enemigos; está destinada a mantener a los estadounidenses a salvo».

Archivos relacionados al caso

Característica principal

  • Los derechos humanos y la vigilancia mundial
  • Denuncia de irregularidades o traición 

Preguntas para debatir

  • ¿Cuál es la situación actual del caso de los Estados Unidos contra Edward Snowden?
  • ¿Qué valores entran en conflicto en este caso? ¿Cuál es el daño que Snowden causó? ¿Qué beneficios trajeron sus acciones?
  • ¿Estás de acuerdo con el argumento de que las acciones de Snowden estaban justificadas según la ética incluso aunque eran legalmente prohibidas? ¿Por qué o por qué no? Pondera los valores en conflicto en este caso y presenta un argumento.
  • ¿Cambiarías de postura si supieras que la filtración de Snowden podría llevar a la pérdida de vidas entre los agentes de la CIA? ¿Y si la filtración salvara vidas?
  • ¿Cuál es la situación actual de Edward Snowden?

Estudio de caso 5 (operación secreta)

Alrededor de junio de 2000, el FBI montó Invita, una operación secreta que aparentaba ser una compañía de seguridad informática en Seattle, Washington. El demandado Vasiliy Gorshkov y Alexey Ivanov huyeron de Rusia a Seattle, donde se reunieron con agentes encubiertos del FBI en la oficina de Invita. Durante la reunión, Gorshkov utilizó una computadora portátil del FBI para demostrar sus habilidades en materia de piratería y seguridad informática. También ingresó a su sistema informático en Rusia. Después de la reunión, ambos fueron arrestados.

Luego del arresto, y sin el conocimiento o consentimiento de Gorshkov, el FBI investigó y confiscó la computadora portátil y todas las teclas que Gorshkov pulsó. El FBI obtuvo después el nombre de usuario y la contraseña que Gorshkov había usado para ingresar a la computadora rusa. El FBI utilizó la información de registro, ingresó al sistema informático en Rusia del demandado y descargó los archivos que contenía(n) la(s) computadora(s) sin obtener una orden judicial previa.

De acuerdo con la acusación, Ivanov y Gorshkov habían estafado a PayPal a través de un plan en el que se usaban tarjetas de crédito robadas para generar dinero y pagar partes de computadoras compradas a comerciantes en los Estados Unidos. La operación encubierta del FBI se estableció para persuadir a Ivanov y sus cómplices responsables por estos delitos de viajar a territorio estadounidense.

El tribunal halló que el demandado no podía haber pretendido contar con privacidad en una red informática privada perteneciente a una compañía estadounidense, Invita, y en una computadora que no era suya. Además, el demandado sabía que el administrador del sistema podía y probablemente iba a monitorear sus actividades en la red de Invita.

De igual manera, el tribunal sostuvo que las acciones del FBI eran razonables debido a las circunstancias urgentes. Una sentencia previa concluyó que se puede permitir una incautación ilegal temporal si se apoya en una causa probable y si está diseñada para prevenir la pérdida de pruebas mientras la policía obtiene una orden judicial en un período razonable de tiempo. En este caso, los agentes tenían un buen motivo para temer que los coconspiradores podían e iban a destruir las pruebas o hacerlas inaccesibles ya que se pueden mover los datos y pruebas electrónicas a una computadora distinta con facilidad, y se podía prevenir el acceso con solo cambiar la contraseña o retirar el enchufe de alimentación.

Sentenciaron a Gorshkov e Ivanov a 36 meses en prisión por 20 cargos de conspiración, varios delitos informáticos y fraude. Además, se ordenó a Gorshkov pagar una restitución de casi $700 000 por las pérdidas que había causado a Speakeasy y PayPal.

Archivos relacionados al caso

Característica principal

  • La legalidad de una operación secreta
  • La legalidad de la recopilación transnacional de pruebas 

Preguntas para debatir

  • La recopilación de pruebas presenta desafíos específicos en un caso de delincuencia cibernética. ¿Cuáles son estos desafíos?
  • Las autoridades rusas (es decir, el Servicio de Seguridad Federal) presentó cargos penales en contra de un agente del FBI y acusó al FBI de hackeo. Discute sobre si crees que esta acusación está justificada y, de ser así, por qué.

Estudio de caso 6 (incitación por agentes de la ley a la comisión de un delito)

Oleg Morari, un ciudadano moldavo, fue condenado por participar en la producción de una tarjeta de identidad romaní falsa en diciembre de 2008. Su condena se basó en las pruebas obtenidas durante una operación encubierta. En enero de 2008, la policía de Balti había colocado un anuncio en un periódico sobre ayuda para obtener pasaportes al que Morari respondió. Luego de la llamada telefónica, se reunió con un agente encubierto que le dijo que quería un pasaporte romaní. Los dos hombres acordaron mantenerse informados acerca de si encontraban una manera sencilla de obtener un pasaporte.

Unas pocas semanas después, el agente contactó a Morari para preguntar si había logrado algún avance en su búsqueda. Morari informó al agente que había encontrado a una persona que podía ayudar y accedió a actuar como intermediario luego de que el agente rehusara contactar directamente a esta persona y le propusiera un trato que involucraba a uno de sus conocidos (otro agente encubierto). Después de cerrar el trato en abril de 2008, la Policía lo arrestó.

Un tribunal de primera instancia rechazó el alegato de Morari de que le habían puesto una trampa. Los dos tribunales superiores que examinaron su apelación y su recurso sobre cuestiones de derecho (en marzo de 2009 y julio de 2009, respectivamente) analizaron su alegato de que lo habían incitado a cometer un delito, pero lo desacreditaron porque fue Morari quien llamó primero al número de teléfono en el anuncio. Todos los tribunales rehusaron dar audiencia a los agentes encubiertos al hallar que, de acuerdo a la ley, solo se les podía oír si consentían a que se revelaran sus identidades.

Morari se amparó bajo el artículo 6§1 («derecho a un juicio imparcial») de la Convención Europea de Derechos Humanos y alegó que había sido víctima de una incitación por parte de la Policía y que los tribunales no habían examinado esta denuncia en el proceso en su contra. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró admisible la solicitud y sostuvo que hubo una violación del artículo 6§1 de la Convención. El Tribunal declaró que el Estado demandado debía pagar los siguientes montos al solicitante: (I) EUR 3 500, más cualquier impuesto cobrable, por perjuicio moral; (ii) EUR 1820, más cualquier impuesto cobrable, por costos y gastos.

Archivos relacionados al caso

Característica principal

  • Los efectos de la incitación por agentes de la ley a la comisión de un delito sobre los derechos humanos. 

Preguntas para debatir

  • ¿Se pueden utilizar las pruebas obtenidas como resultado de la incitación en un juicio penal en tu país o jurisdicción?
  • ¿Por qué la incitación y la provocación son problemáticas desde la perspectiva de los derechos humanos?

Estudio de caso 7 (acción mundial en contra de estafadores en línea en el sector de aerolíneas)

En noviembre de 2014, una operación internacional coordinada condujo al arresto de 118 individuos relacionados con una estrategia de fraude en línea en contra de compañías de aerolíneas. Esta operación se realizó en más de 80 aeropuertos e involucró a más de 60 aerolíneas y 45 países. La Europol, la INTERPOL y la AMERIPOL coordinaron la investigación.

Los sospechosos supuestamente habían comprado boletos aéreos con tarjetas robadas o falsas, lo que generó pérdidas de USD 1 000 millones. La investigación reveló que la estrategia fraudulenta en varios casos estaba conectada a otros delitos como el narcotráfico y la trata de personas.

Las aerolíneas y compañías de tarjetas de crédito involucradas participaron activamente en reuniones con las fuerzas del orden en el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de la Europol. Estas compañías brindaron la información de sus bases de datos a los investigadores. Esta alianza permitió que las fuerzas del orden identificaran 281 transacciones sospechosas.

Una extensa red internacional permitió que los investigadores rastrearan a los sospechosos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional brindó información de los individuos que usaban boletos obtenidos de forma fraudulenta. La INTERPOL cumplió un papel esencial en la identificación de personas buscadas y documentos robados. Los oficiales de la Europol estuvieron activos en varios aeropuertos europeos además de en Singapur y Bogotá.

Archivos relacionados al caso

Característica especial

  • La lección principal que se aprendió de esta operación es que las alianzas entre las fuerzas del orden y el sector privado son clave para contrarrestar las amenazas de la delincuencia cibernética. La cooperación entre las compañías privadas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la Europol, la INTERPOL, la AMERIPOL y las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley dieron frutos. Esta colaboración estratégica permitió que los investigadores recopilaran la información necesaria para identificar las transacciones ilícitas y a los sospechosos. 

Preguntas para debatir

  • ¿Cuáles son las ventajas de la cooperación interinstitucional? ¿Cuáles son los beneficios de las alianzas entre los sectores público y privado en la investigación de la delincuencia organizada? 
 
 Siguiente: Pensamiento crítico a través de la ficción
 Volver al inicio