Varios instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos prohíben el uso de la pena de muerte o fomentan su abolición o limitan estrictamente su aplicación. En específico, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés), destinado a la abolición de la pena de muerte, establece que «no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989). En los países que no han abolido la pena de muerte, el derecho internacional de los derechos humanos exige como mínimo el total cumplimiento de las restricciones claras establecidas concretamente en el artículo 6 del ICCPR. No obstante, de acuerdo con el último párrafo del artículo 6, el ICCPR establece que «nada en este artículo será invocado para demorar o impedir la abolición de la pena de muerte en cualquier Estado Parte del Pacto» (consulte aquí la situación actual de la validación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales de los derechos humanos).