• Serie de Módulos Universitarios E4J: Trata de Personas
  

• Módulo 9: Respuestas de la Justicia Penal a la Trata de Personas
  

• Introducción y resultados del aprendizaje
  

• Cuestiones clave

• • Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
    
  • El papel del sistema de justicia penal
    
  • Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
  • Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
    
  • Derechos de las víctimas a la justicia y protección
    
  • Estrategias potenciales para "cambiar el rumbo"
    

• Ejercicios

• Estructura de clase recomendada
  

• Lecturas básicas
  

• Lecturas avanzadas
  

• Otras fuentes

• Evaluación del estudiante
  

• Herramientas de enseñanza adicionales
  

 

Publicado en mayo de 2019  

 

 

 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Estrategias potenciales para "cambiar el rumbo"

 

Teniendo en cuenta los desafíos asociados con la investigación y el procesamiento de tratantes y el conocimiento de las obligaciones de respetar los derechos de las víctimas, existe una necesidad urgente de desarrollar e implementar marcos legales sólidos y estrategias, políticas y prácticas de justicia penal, incluida la provisión de la capacitación y los recursos necesarios, adaptada para hacer frente a tales desafíos. Dichas medidas han demostrado mejorar la identificación de las víctimas y la efectividad de las respuestas de la justicia penal, como se muestra en Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2018 UNODC:

Figura 1: El impacto de las medidas contra la trata de personas en la identificación de las víctimas

 

Gallagher y Holmes (2008) identifican ocho aspectos esenciales de una respuesta efectiva de la justicia penal a la trata, que incluyen:

• Un marco legal integral sobre la trata de personas, que se ajusta al Protocolo contra la trata de personas.
• Un organismo especializado de aplicación de la ley para investigar los casos de trata de personas.
• En relación con esto, capacidad de aplicación de la ley general para apoyar a los especialistas.
• Apoyo fiscal y judicial firme y bien informado.
• Identificación rápida y precisa de las víctimas, junto con la provisión de protección y apoyo.
• Apoyo especial a las víctimas como testigos.
• Sistemas y procesos que permitan una efectiva cooperación internacional y judicial en casos de trata.
• Coordinación efectiva entre actores que apoyan iniciativas para combatir la trata.

Cada uno de estos elementos se examina a detalle en el artículo citado anteriormente. Esta sección se centra en tres estrategias: iniciativas eficaces de investigación y enjuiciamiento, reforma de la ley y colaboración transfronteriza entre los Estados.

 

Iniciativas efectivas de investigación y procesamiento

Si la comunidad mundial va a cambiar el rumbo contra los tratantes, debe aumentar significativamente sus esfuerzos y examinar la efectividad de muchas estrategias existentes contra la trata. En particular, es necesario establecer respuestas policiales transfronterizas sofisticadas y con recursos suficientes para combatir la trata. Esto llevará tiempo y requerirá de la cooperación de la comunidad global. También se necesitará tiempo para fomentar un mejor entendimiento entre los agentes de la ley y el poder judicial de las complejas circunstancias y los desafíos probatorios de muchos casos de trata de personas. Al mismo tiempo, existe la necesidad de aumentar la capacidad de los actores nacionales de justicia penal (incluidos la policía, inmigración, agencias contra el blanqueo de dinero, fiscales y jueces) para investigar y procesar a los tratantes y confiscar el producto de sus delitos.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales deben recibir capacitación basada en habilidades y contar con los fondos, recursos y equipos necesarios para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. En línea con Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, esto debe incluir:

• La capacitación fundacional en la trata de personas que cubre los elementos de la trata y los delitos conexos, incluidas las sanciones y los factores agravantes. La capacitación relacionada con la recopilación de evidencia, la implicación de la corrupción y los patrones de trata transnacionales también es importante.
• Capacitación para la investigación, incluida la vigilancia, el examen de la escena del crimen, la entrevista a víctimas y testigos, la intervención de escuchas telefónicas y la recopilación de datos en computadoras y otros dispositivos de almacenamiento electrónico.
• Capacitación en la defensa de la fiscalía, incluido el interrogatorio de los delincuentes y sus asociados, la convocatoria y el interrogatorio de peritos y el uso de evidencia en los tribunales.
• Protección, manejo sensible y asistencia a las víctimas por parte de todos los actores de la justicia penal.
• Capacitación judicial en relación con los elementos del delito, así como respuestas adecuadas al trauma y la vulnerabilidad de las víctimas, incluidas instrucciones y procedimientos para testigos vulnerables.

David (2010) enfatiza la importancia de financiar y capacitar adecuadamente a los actores de la aplicación de la ley, argumentando que, entre otras cosas, la capacitación adecuada requiere "concienciar a las autoridades policiales superiores sobre la trata de personas, como un problema y como un tipo de delito en la comunidad local. Para lograr el máximo impacto, es probable que esta capacitación deba incluir la presentación de estudios de casos reales, ya sea desde dentro del área local o desde áreas con características similares a las del área local”.

Si bien el número reportado de procesos judiciales exitosos es bajo, incluso estas cifras pueden exagerar los logros del sector contra la trata. La información disponible sugiere que la mayoría de los casos involucran la convicción de solo uno o dos individuos, la mayoría de los cuales son actores de bajo nivel dentro de organizaciones de trata de personas que son reemplazados fácilmente. Las cifras oficiales también pueden subestimar los procesos exitosos de los tratantes. Cuando los Estados no cuentan con una legislación específica sobre la trata, es posible que los tratantes sean condenados y castigados sin el uso de leyes acordes con el Protocolo contra la trata de personas. Por supuesto, tales leyes pueden omitir ciertos elementos del delito de trata según el Protocolo, o de otra forma incluir elementos no contemplados, o estipular castigos insuficientes para encarar la gravedad del delito.

En última instancia, la trata de personas es un negocio y, como todas las empresas, opera en función de las pérdidas y ganancias. Una respuesta de la justicia penal debe eliminar estos beneficios y aumentar el riesgo de aprehensión. Para lograr esto, las agencias policiales y los fiscales deben esforzarse por procesar y castigar a los delincuentes "mayores" dentro de los sindicatos criminales transnacionales. Además, y en reconocimiento de que la trata prospera en ciertas situaciones, las estrategias de prevención del delito también deben centrarse en abordar las condiciones estructurales que aumentan los riesgos de la trata. Esto incluye, entre otras cosas, mejorar las condiciones socioeconómicas en las comunidades, proteger a las personas en circunstancias de conflicto y posteriores a conflictos, y adoptar procedimientos de protección infantil para apartar a los niños en riesgo.

Figura 2: Delincuentes potenciales 

Fuente: UNODC (2017), Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases - Case Digest, p. 130

Los enfoques de investigación y enjuiciamiento también deben considerar la necesidad de diferentes estrategias para diferentes tipos de delincuentes. Por ejemplo, deberían incorporarse los aspectos de género del delito y debería haber un mayor enfoque en la comprensión de las vías hacia el delito penal. Como sostiene Broad (2015, p. 1073), “[un] enfoque más receptivo de la trata tomaría en serio las historias previas de los delincuentes que cometen estos delitos, teniendo en cuenta sus viajes de migración, la naturaleza de sus relaciones íntimas y sus múltiples experiencias de explotación”.

 

Emprender la reforma de la ley prioritaria

La comunidad internacional debe seguir alentando a los países a ratificar / adherirse al Protocolo contra la trata de personas y promulgar la legislación nacional que la tipifique como delito. A partir de enero de 2019, 173 Estados son parte del Protocolo. Además, cada Estado debe revisar y, según sea necesario, reformar las leyes existentes para habilitar a los organismos de aplicación de la ley, los fiscales y los jueces y eliminar los obstáculos para la investigación y el procesamiento oportuno y efectivo de los presuntos tratantes. En particular, esto debería:

• Permitir que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales colaboren con sus homólogos transfronterizos y simplifiquen el proceso para extraditar a los delincuentes y obtener pruebas de testigos ubicados en otras jurisdicciones.
• Permitir que los organismos de aplicación de la ley obtengan órdenes judiciales para llevar a cabo la vigilancia de audio, video y electrónica de presuntos tratantes.
• Permitir que los fiscales ofrezcan a los delincuentes de bajo nivel acuerdos de culpabilidad o inmunidad de enjuiciamiento a cambio de presentar pruebas contra los delincuentes mayores.
• Permitir a las agencias gubernamentales rastrear e incautar el producto del delito e instruir a los bancos e instituciones financieras para que se nieguen a proporcionar servicios bancarios a los tratantes y congelar los existentes.
• Establecer agencias policiales y tribunales especializados en la lucha contra la trata de personas que se centren en agilizar la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes en países donde existan altos niveles de trata de personas.
• Permitir que los fiscales soliciten indemnizaciones contra los tratantes en favor de las víctimas.
• Permitir que los tribunales brinden a las víctimas la oportunidad de ser escuchadas a través de las declaraciones de impacto sobre las víctimas cuando se sentencia a los delincuentes.

 

Establecer una colaboración y asistencia funcional transfronteriza entre países en los que se produce la trata transnacional

La naturaleza transnacional de la trata de personas crea desafíos para la detección de delitos, la identificación de miembros de organizaciones delictivas, la recopilación y recolección de pruebas y la detención y extradición de delincuentes. Estos desafíos, si no se abordan, amenazan con socavar la impartición de justicia y el estado de derecho en muchos países. Como se señaló anteriormente, la cooperación internacional es fundamental para el éxito de las investigaciones y procesamientos. 

El artículo 18(3) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional  establece que los Estados parte se prestarán mutuamente, y tanto como sea posible, asistencia judicial recíproca en investigaciones, procesos y procedimientos judiciales relacionados con los delitos contemplados en la Convención (véase también el Módulo 11 sobre Cooperación Internacional en la Serie Universitaria sobre Delincuencia Organizada (1689). Se puede solicitar asistencia recíproca para:

• Tomar evidencia o declaraciones de testigos.
• Efectuar el servicio de documentos judiciales.
• Ejecución de registros, decomisos y congelación de activos.
• Examinar objetos y sitios.
• Proporcionar información, evidencias y evaluaciones periciales.
• Proporcionar originales o copias certificadas de documentos y registros relevantes, incluidos registros gubernamentales, bancarios, financieros, corporativos o comerciales.
• Identificar o rastrear el producto del delito, bienes u otras cosas con fines probatorios y su decomiso con el fin de su confiscación (véase el artículo 13 de la Convención).
• Facilitar la comparecencia voluntaria de personas ante el tribunal del Estado requirente.

La cooperación internacional requiere un compromiso entre los Estados y sus agencias, lo que puede ser un desafío. Sin embargo, como muestran los ejemplos siguientes, esto puede llevar a resultados prometedores.

Recuadro 11

Recuadro 12

Además de las organizaciones del Estado encargadas de hacer cumplir la ley, existen diversas organizaciones internacionales con el mandato de facilitar la cooperación policial y judicial internacional, como INTERPOL, Europol, Afripol y Eurojust (véase también el Módulo 3). Estas entidades regionales están autorizadas para celebrar acuerdos de cooperación con países individuales siempre que estos últimos cumplan con las mismas normas de protección, especialmente para la seguridad en el procesamiento de datos y la protección de datos personales.

 

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