Este módulo es un recurso para los catedráticos
Obligaciones del gobierno de garantizar la participación ciudadana en los esfuerzos contra la corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) proporciona la base para la participación ciudadana en los esfuerzos contra la corrupción en el artículo 13(1), que requiere que los Estados parte "tomen medidas apropiadas para promover la participación activa de individuos y grupos fuera del sector público, como la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, en la prevención y la lucha contra la corrupción". Además de esto, el artículo exige que los Estados parte proporcionen vías para la participación pública en la toma de decisiones, así como para proteger las actividades de los periodistas de investigación y la ciudadanía (convencionales) con sujeción al estado de derecho. Para poner en práctica las obligaciones del artículo 13, los Estados pueden tomar una serie de medidas complementarias. Estas incluyen el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes públicos en virtud del artículo 10 de la CNUCC, que requiere que un Estado "mejore la transparencia en [su] administración pública, incluso con respecto a su organización, funcionamiento y procesos de toma de decisiones, cuando corresponda". También incluye mantener un régimen sólido de libertad de información, proporcionar a los ciudadanos y la sociedad civil la información necesaria para combatir la corrupción y garantizar que exista un entorno propicio para el registro y el funcionamiento de la sociedad civil. La última medida requiere que el Estado, como mínimo, no actúe de manera que reprima u obstruya el trabajo de los ciudadanos, las OSC y los medios de comunicación en sus esfuerzos contra la corrupción.
Estas obligaciones de derecho internacional son fundamentales para ayudar a fomentar el empoderamiento social (es decir, la capacidad de producir los cambios deseados en la sociedad), al eliminar las barreras de conocimiento y recursos que las y los ciudadanos pueden encontrar al intentar participar en los esfuerzos contra la corrupción. Por supuesto, esto no puede excluir la represión gubernamental de activistas y el control de los medios de comunicación, que no solo socavan los esfuerzos contra la corrupción, sino que también ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Para una discusión más detallada sobre estos temas, véase, por ejemplo, el reporte de CSIS, que se centra en las OSC especializadas en la defensa de los derechos humanos.
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