Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Tema cuatro: Recolección de datos sobre las víctimas

 

La recolección de datos es importante para comprender la forma en que el delito afecta a las víctimas y si la respuesta a sus experiencias es adecuadas y eficaces. En muchos países, las estadísticas nacionales sobre delitos no registran todos los casos en que el delito afecta a las víctimas.

Para efectos de las estadísticas oficiales, la Policía recoge datos sobre la denuncia de delitos, que se complementan con datos del sistema judicial sobre los delitos o los delincuentes procesados y datos de los servicios correccionales y de libertad condicional.

Se pueden hacer dos críticas básicas con respecto a estos datos:

Primero, los datos recogidos se refieren generalmente al delito y al delincuente, y no suelen registrar todos los detalles o la perspectiva de las víctimas. Esos datos oficiales pueden carecer de información sobre la relación entre la víctima y el delincuente, por ejemplo.

Otra limitación importante de esos datos es que se basan únicamente en los delitos denunciados, mientras que los delitos no denunciados siguen sin contabilizarse. Esto sesga los datos de prevalencia y las tasas de victimización, y tiene implicancias en cuanto a la prestación de servicios, ya que diversas respuestas para la prevención del delito o servicios a las víctimas se fundamentan en datos cuantitativos y cualitativos incompletos.

Estadísticamente, las probabilidades de que las víctimas de ciertos tipos de delitos los denuncien son mayores que las de las víctimas de otro tipo de delitos. En los países desarrollados, las víctimas de delitos menores, como el hurto de bienes sin identificación rastreable, incluido, por ejemplo, el hurto de bicicletas, no denuncian con frecuencia, mientras que otras formas de hurto, como el robo de automóviles, en las que la víctima suele contar con un seguro, tienen grandes probabilidades de ser denunciadas. Otras razones para que una víctima no denuncie un delito pueden ser: el temor a las represalias; la vergüenza; una relación personal entre la víctima y el delincuente; la falta de confianza en el sistema de justicia penal o la falta de acceso a la Policía o al procesamiento, especialmente para las víctimas vulnerables o las víctimas de comunidades marginadas; o para los delitos con consecuencias relativamente pequeñas, en que la víctima considera que el análisis de la relación costo-beneficio del esfuerzo que le supondría denunciar el delito a las autoridades no hace que valga la pena hacerlo. Además, los delitos de cuello blanco, en los que las víctimas no se ven afectadas de forma directa e inmediata, tampoco suelen denunciarse en su totalidad.

Como respuesta al movimiento por los derechos de las víctimas de 1970, varios países empezaron a desarrollar e implementar encuestas sobre victimización. Estas encuestas abordan los delitos en general o tipos específicos de delitos, por ejemplo, las encuestas sobre la violencia contra la mujer. Un grupo de criminólogos europeos expertos en encuestas nacionales sobre la delincuencia inició la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito (ICVS, en inglés) en 1987 (Van Dijk, Mayhew, Killias, 1990). La encuesta se creó para generar estimaciones sobre la victimización que pudieran utilizarse para la comparación internacional. La encuesta se ha convertido en el principal programa mundial de encuestas estandarizadas que examina la experiencia de los hogares con respecto a delitos comunes en diferentes países. Hasta ahora, ha habido cinco rondas principales de la ICVS. Después de la primera ronda en 1989, las encuestas se repitieron en 1992, 1996 y 2000 y 2004/2005. Para finales de 2005, se habían realizado más de 140 encuestas en más de 78 países. Hasta ahora se ha entrevistado a más de 320 000 ciudadanos en el curso de la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito. La presente base de datos incluye a 325 454 encuestados individuales (Encuesta Internacional de Víctimas de Delitos, s.f., en inglés).

En 2009, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) publicaron el Manual para encuestas de victimización. El Manual (2009) constituye una fuente integral de información y normas para elaborar una encuesta nacional sobre la victimización. También brinda información metodológica y muestral sobre la forma de organizar y realizar una encuesta. Expone los temas clave que deben considerarse, incluidos el enfoque que debe adoptarse, los métodos disponibles, algunos temas analíticos clave y la presentación de los resultados. El Manual (2009) presenta directrices a nivel internacional para el diseño de encuestas nacionales sobre victimización. La UNODC apoya firmemente la utilización de las encuestas como herramientas estándar no tanto para medir las tasas de delincuencia, sino para comprender mejor la dinámica de los problemas relacionados con la delincuencia, la forma en que el delito afecta a las personas y a las comunidades, y los mejores medios para hacer frente a la delincuencia y sus daños. Desde entonces, la UNODC y el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia han puesto en marcha un repositorio de encuestas sobre la victimización que permite realizar investigaciones comparativas (UNODC, s.f.). Las encuestas de victimización son una herramienta importante para medir el delito y para evaluar la satisfacción de las víctimas con respecto al sistema de justicia penal. Se han diseñado encuestas específicas para tener una comprensión más matizada de la satisfacción de las víctimas con los servicios.

A pesar de sus inherentes limitaciones, las encuestas sobre las víctimas, así como los estudios científicos y las investigaciones académicas, pueden ser herramientas útiles para quienes formulan políticas y los políticos. Además, pueden orientar las opciones sobre las políticas, como el establecimiento de prioridades y la asignación de presupuestos. Los países que realizan encuestas periódicas sobre victimización también cuentan con una base de conocimientos con la que pueden medir los efectos de las políticas públicas. La mejor manera de utilizar el dinero público es asignar recursos a las áreas en las que la investigación tiene un efecto positivo comprobado.

 
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