• Serie de Módulos Universitarios: Lucha contra la corrupción

• Módulo 2: La corrupción y la buena gobernanza

 

 

  Este módulo es un recurso para los catedráticos  

 

¿Qué es la buena gobernanza?

 

No fue hasta la década de 1990 en adelante que se empezó a reconocer de forma gradual y a nivel mundial la necesidad de una buena gobernanza. Aunque existen diferentes definiciones de buena gobernanza, el término se asocia generalmente con objetivos políticos, económicos y sociales que se consideran necesarios para lograr el desarrollo. Por consiguiente, la buena gobernanza es el proceso mediante el cual las instituciones públicas manejan los asuntos públicos y gestionan los recursos públicos para promover el Estado de derecho y el ejercicio de los Derechos Humanos (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). En 1996, el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que «la promoción de la buena gobernanza en todos sus aspectos —incluidas la garantía del Estado de derecho, la mejora de la eficiencia y la rendición de cuentas del sector público, así como la lucha contra la corrupción— [es] un elemento imprescindible dentro un marco en el que las economías pueden prosperar». En la actualidad, las organizaciones para el desarrollo tanto a nivel nacional como internacional suelen utilizar el término «buena gobernanza». Sin embargo, su significado y su alcance no siempre son claros. Si bien esta flexibilidad permite la aplicación contextual del término, la falta de claridad conceptual puede causar dificultades a nivel operativo. En algunos casos, la buena gobernanza se ha convertido en una expresión de moda que se ajusta a cualquier contexto y que carece de significado y contenido específico (Johnston, 2002, pág. 7).

Johnston (2002, págs. 1-2) define la buena gobernanza como «las maneras legítimas, responsables y eficaces de obtener y usar el poder y los recursos públicos para alcanzar objetivos sociales ampliamente aceptados». Esta definición asocia la buena gobernanza con el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas y encarna la colaboración entre el Estado y la sociedad, y entre los ciudadanos. De manera similar, Rose-Ackerman (2016, pág. 1) sugiere que la buena gobernanza se refiere a «todos los tipos de estructuras institucionales que promueven tanto resultados sustantivos como la legitimidad pública». El buen gobierno se asocia también con la imparcialidad (Rothstein y Varraich, 2017), el universalismo ético (Mungiu-Pippidi, 2015) y los órdenes de acceso abierto (North, Wallis y Weingast, 2009).

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la pregunta clave para evaluar la buena gobernanza es la siguiente: ¿Las instituciones de gobernanza garantizan el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a una alimentación suficiente, a la educación de calidad, a la justicia y a la seguridad personal de manera efectiva? Entre los elementos fundamentales de la buena gobernanza se encuentran la transparencia, la integridad, la legalidad, las políticas sólidas, la participación, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta, así como la ausencia de corrupción y delitos. Para un análisis sobre la relación entre la integridad y la legalidad, así como un mayor análisis de la integridad en el sector público, consulte el Módulo 12 y el Módulo 13 respectivamente, de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética.

El Banco Mundial define la buena gobernanza en términos de las tradiciones e instituciones mediante las que se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye 1) el proceso por el cual se eligen, supervisan y reemplazan los Gobiernos; 2) la capacidad del Gobierno para formular e implementar políticas sólidas de manera efectiva; y 3) el respeto de los ciudadanos y del Estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999). Esta definición de buena gobernanza es una de las más utilizadas y constituye la base de los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial que son ampliamente utilizados y que examinaremos más adelante.

Sin embargo, esta definición general ha sido criticada por mezclar el contenido de las políticas («políticas sólidas») y los procedimientos («Estado de derecho»), así como las evaluaciones realizadas por los ciudadanos («respeto») y por referirse tanto a las instituciones que proporcionan acceso al poder político como a aquellas que ejercen y aplican leyes y políticas (Rothstein y Teorell, 2008). La inclusión de «políticas sólidas» en la definición plantea la pregunta sobre si en realidad puede esperarse que los expertos internacionales (en su mayoría, del ámbito económico) sepan lo que constituye una «política sólida». Por ejemplo, ¿las pensiones, la atención de la salud o la educación deberían ser financiadas por el sector privado o por el público o debería optarse por una opción mixta? ¿En qué medida y cómo deben regularse las instituciones financieras? Es evidente que algunas instituciones políticas o aspectos de la política son más importantes que otros cuando se trata de determinar la calidad del gobierno (Rothstein y Teorell, 2008).

De forma similar, Keefer (2004, pág. 5) desaconseja el uso de definiciones amplias que extienden el estudio de la gobernanza a todas las cuestiones relacionadas con el modo en que los grupos de personas se gobiernan a sí mismos, ya que abarcaría todas las áreas de las ciencias políticas. Tal observación coincide también con las críticas de Grindle acerca de que este término abarca tantas cosas «buenas» que se ha convertido en una frase comodín que sirve poco más que una mera lista. Como resultado, los profesionales del desarrollo y los funcionarios públicos «continúan enfrentándose a largas listas de ‘cosas que se deben hacer’ para lograr una buena gobernanza, con poca orientación sobre cómo establecer prioridades entre ellas» [cita traducida] (2007, pág. 571). Grindle argumenta además que su fuerte tenor normativo significa que, en primer lugar, la idea de lograr una buena gobernanza puede ser abrumadora, en especial para los países pobres. En segundo lugar, el término no distingue entre las diversas particularidades institucionales y los principios más básicos que pueden lograr fines similares. En tercer lugar, al no considerar las cuestiones fundamentales de la economía política y las relaciones de poder, este concepto no brinda una orientación útil sobre cómo puede lograrse una buena gobernanza.

En consonancia con estas críticas, el Quality of Government Institute (QoG) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, evita usar el término «gobernanza» ya que su alcance se ha ampliado tanto que apenas sirve para fines analíticos. Por el contrario, se centra en la calidad del gobierno per se, especialmente en relación con una serie de ámbitos políticos específicos, como la salud, el medio ambiente, las políticas sociales y la pobreza. El punto de partida del QoG es que, en todas las sociedades, la calidad de las instituciones gubernamentales es de suma importancia para el bienestar de sus ciudadanos. El QoG desarrolló un conjunto de datos de instituciones y procesos políticos con más de 2500 variables, incluidos indicadores de instituciones formales e informales que pueden afectar los niveles de corrupción, tales como el Estado de derecho, la equidad, el pluralismo político y el acceso al conocimiento, la información y la educación en un país.

 

La buena gobernanza y el desarrollo sostenible

La buena gobernanza se considera un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar humano. Algunos estudios empíricos muestran que la buena gobernanza, a diferencia de la democratización, tiene efectos muy positivos en la medición de la confianza social, la satisfacción con la vida, la paz y la legitimidad política (Ghosh y Siddique, 2015; Rose-Ackerman, 2016; Rothstein y Teorell, 2008). Otros estudios también muestran que la buena gobernanza mejora las evaluaciones de vida, ya sea directamente —ya que la gente es más feliz viviendo en un contexto de buen gobierno (Ott, 2010)— o indirectamente —pues la buena gobernanza permite a las personas alcanzar niveles más altos de algo más que es directamente importante para su bienestar—. Esto se relaciona en particular con el control de la corrupción, que ha demostrado tener un efecto directo e indirecto en el bienestar. Se ha demostrado que la ausencia de corrupción a menudo aumenta la eficiencia de la empresa pública y privada, y por lo tanto genera condiciones favorables para el crecimiento económico. También existe evidencia de que los niveles más altos de confianza general y específica aumentan la felicidad de las personas incluso más que el aumento de sus ingresos (Mungiu-Pippidi, 2015). Por ejemplo, Helliwell y otros (2018) hallaron que los cambios en la calidad de la prestación de servicios por parte del gobierno contribuyen positivamente a la evaluación de la vida por parte de los ciudadanos.

Por consiguiente, las nociones modernas de buena gobernanza son necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas . El Objetivo 16 de los ODS, titulado «Paz, justicia e instituciones sólidas», es de particular importancia. El ODS 16 tiene como objetivo «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles». Otros ODS también están estrechamente relacionados con la buena gobernanza. Por ejemplo, el ODS 10 hace referencia a la reducción de las desigualdades y a la promoción de la inclusión social, económica y política de todas las personas. En términos más generales, el logro de todos los ODS depende de la buena gobernanza. Después de todo, el desarrollo sostenible requiere que quienes se encuentran en el poder respeten los derechos humanos y trabajen para erradicar la pobreza, luchar contra el hambre, asegurar una buena atención de la salud y una educación de calidad para sus ciudadanos, garantizar la igualdad de género, reducir la desigualdad, etc. Para un análisis relacionado sobre cómo la corrupción afecta los ODS, consulte el Apéndice del Módulo 1 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.

 

Los principios de la buena gobernanza

La buena gobernanza está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción. Por consiguiente, algunos de los principios fundamentales de la buena gobernanza son también principios de la anticorrupción. La literatura identifica la buena gobernanza con los sistemas políticos que:

• son participativos;
• coherentes con el Estado de derecho;
• transparentes;
• tienen capacidad de respuesta;
• están orientados al consenso;
• son equitativos e inclusivos;
• eficaces y eficientes; y
• rinden cuentas (Rothstein y Teorell, 2008; UN, 2009).

Cuando los sistemas políticos no se adhieren a estos ocho principios, es probable que sus instituciones no sean capaces de prestar servicios públicos y de satisfacer las necesidades de la población. El sexto principio requiere especial atención, ya que asegura que se tengan en cuenta las opiniones de las minorías y que se escuchen las voces de las personas más vulnerables de la sociedad cuando se tengan que tomar decisiones. Los ocho principios se desarrollan en los siguientes párrafos.

La participación

hace referencia a la oportunidad que todos los sectores de la sociedadtienen de participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones relacionadas con todas las cuestiones de interés. Se promueve la participación permitiendo la existencia de entornos propicios en los que la información pertinente se difunde de manera apropiada y oportuna para que todas las personas interesadas puedan expresar su opinión sin restricciones. Para ver un ejemplo de indicadores de acceso y participación ciudadana, consulte Linares (2016). En cuanto a la lucha contra la corrupción, cabe señalar que el artículo 13 de la CNUCC exige a todos los Estados parte «fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción». Para un mayor análisis sobre este tema, consulte el Módulo 10 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.

Estado de derecho

es el ejercicio del poder del Estado que utiliza y se guía por normas publicadas que encarnan valores sociales que cuentan con gran respaldo, evitan el particularismo y gozan de un amplio apoyo público (Johnston, 2002). Es decir, existen marcos jurídicos, hay orden público, el sistema de justicia es independiente y eficaz, se hacen cumplir los derechos de propiedad y los contratos, se aplican las normas de los derechos humanos y existen limitaciones constitucionales al poder del ejecutivo. Además, las leyes deben responder a las necesidades de la sociedad y ejecutarse de manera justa e imparcial. Cabe señalar que prácticamente todos los Estados, incluso los corruptos y represivos, pueden promulgar y hacer cumplir leyes que no garantizan los requisitos mencionados. Sin embargo, un verdadero Estado de derecho requiere la cooperación del Estado y de la sociedad, y es el resultado de procesos sociales complejos y profundamente arraigados. Fukuyama (2013) distingue entre el «gobierno la ley» y el «gobierno >por la ley». El «gobierno por la ley» hace referencia al uso de la ley y de la burocracia como instrumento de poder por parte del ejecutivo, mientras que el «gobierno de la ley» es aquel en el que el propio ejecutivo está limitado por las mismas leyes que se aplican a todos los demás. Al juntar todos estos elementos, la ONU da la siguiente definición de Estado de derecho:

Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, justicia en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la toma de decisiones, certeza legal, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal ( United Nations, 2004).

Entre los ejemplos de indicadores y mediciones pertinentes se incluyen el Índice de Estado de derecho del World Justice Project y los Indicadores de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho.

Transparencia

existe cuando los miembros de la sociedad interesados pueden escudriñar el proceso de toma de decisiones de quienes están en el poder. La transparencia depende de una asociación en la que los funcionarios facilitan el acceso a la información, y en la que hay personas y grupos con motivos y oportunidades para utilizar esta información. Destaca entre ellos un poder judicial independiente y una prensa libre, competitiva y responsable, así como una sociedad civil activa y crítica (Johnston 2002). Es necesario que las normas y procedimientos estén abiertos al escrutinio y que sean comprensibles, lo que implica un gobierno transparente explica con claridad lo que se está haciendo, cómo y por qué se realizan determinadas acciones, quiénes participan en ellas y en función de qué normas se toman decisiones. La transparencia también es uno de los principios más importantes que sustentan la lucha contra la corrupción. En este sentido, el artículo 10 dela CNUCC exige a los Estados parte que adopten las medidas necesarias para aumentar la transparencia en sus instituciones públicas. La transparencia necesita muchos recursos y un sistema que permita el libre flujo de información relevante y de fácil acceso para las partes interesadas de manera comprensible, de modo que las decisiones y su aplicación se puedan supervisar fácilmente. Para una revisión de los índices mundiales de transparencia, consulte Williams (2014) y el Índice de integridad pública, que incluye, por ejemplo, el indicador «transparencia presupuestaria». Para un mayor análisis sobre este tema, consulte el Módulo 10 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.

Capacidad de respuesta

existe cuando las instituciones y los procesos sirven a todos los interesados de manera rápida y apropiada, de modo que se protegen los intereses de todos los ciudadanos. La capacidad de respuesta también hace referencia a la identificación y la lucha contra las prácticas discriminatorias incorporadas que afectan a grupos étnicos o minoritarios, incluida la capacidad de respuesta a las cuestiones de género y la participación de todos los géneros en la gobernanza. Los mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta pueden incluir la descentralización selectiva para que los gobiernos locales supuestamente estén más en sintonía con las necesidades de sus representados y puedan servir de manera oportuna a la población que, a su vez, podría participar más en la toma de decisiones. Las cartas del ciudadano y las leyes de facilitación también pueden mejorar la capacidad de respuesta al disponer plazos para cada paso en la obtención de servicios de primera línea, líneas de atención directa y personal dedicado a recibir y atender quejas y reclamos con prontitud. Es difícil medir la capacidad de respuesta con el objetivo de realizar comparaciones, en especial a nivel internacional. Para ver un marco sectorial específico que indique la capacidad de respuesta en la atención de la salud, consulte De Silva (s.f.). Para un análisis más detallado sobre la capacidad de respuesta a las cuestiones de género en el contexto de la gobernanza, consulte el Módulo 8 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción, el Módulo 5 y el Módulo 9 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética, así como el Módulo 9 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

Orientación al consenso

asegura que los sistemas existentes sirvan a los mejores intereses de la sociedad. Este principio puede ser uno de los más difíciles, puesto que cualquier acción o política podría afectar a distintos grupos de la sociedad de maneras diferentes y a menudo opuestas. Por lo tanto, se deben tener en cuenta diferentes puntos de vista. Para lograr un compromiso, es necesario que exista una estructura de mediación fuerte, imparcial y flexible para que se pueda servir a los mejores intereses de toda la comunidad. Las audiencias públicas, los referendos, los foros de debate, el derecho legal de los ciudadanos a presentar peticiones a los líderes sobre las políticas y los mecanismos de consulta son ejemplos de medios para lograr el consenso o, cuando menos, para llegar a un compromiso.

Equidad y inclusión

donde todos tienen oportunidades de mejorar o mantener su bienestar. En otras palabras, se toma en cuenta a todos los miembros de la sociedad en la formulación de políticas, en especial a los más vulnerables. De este modo nadie se siente aislado, privado de sus derechos o abandonado. La buena gobernanza demanda que se brinde atención preferencial a la difícil situación de los pobres, marginados y necesitados. Esto coincide con los principios de la justicia de Rawls, según los cuales los más desfavorecidos de la sociedad deben recibir un trato justo. Según Rawls (1971), las políticas sociales y económicas deben cumplir dos condiciones: en primer lugar, que los cargos y puestos de trabajo estén disponibles para todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, que brinden el mayor beneficio a los miembros menos favorecidos de la sociedad (el principio de la diferencia). Los impuestos progresivos, la atención médica gratuita y las viviendas subvencionadas son ejemplos de mecanismos de equidad. La medición más común de la desigualdad, aunque no sea perfecta, es el Índice de Gini, que mide la distribución estadística del ingreso o la riqueza de los residentes de un país. Otra forma de medir este indicador es el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, el cual está ajustado para reflejar la situación local. Para un mayor análisis sobre la equidad e igualdad, en particular en el contexto de un mundo globalizado y diverso, consulte el Módulo 5 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética.

La eficacia y eficiencia gubernamentales

existen cuando los procesos e instituciones hacen el mejor uso de los recursos para obtener resultados que satisfagan las necesidades de la sociedad. La eficacia y la eficiencia requieren la mejora de la calidad y la estandarización de la prestación de servicios públicos, la profesionalización de la burocracia, la concentración de los esfuerzos gubernamentales en funciones vitales y la eliminación de redundancias o superposiciones de funciones y operaciones. Para la prestación de servicios públicos, los organismos deben atender las necesidades de los ciudadanos en forma rápida y adecuada mediante la simplificación de los procedimientos gubernamentales, la reducción de la burocracia, el uso de tecnología apropiada cuando sea factible, así como la coordinación de los procesos entre los distintos organismos gubernamentales a fin de eliminar los requisitos de información innecesarios. Se podría discutir que existe un imperativo normativo que respalda la buena gobernanza, es decir, el empleo de los recursos y poderes ética y profesionalmente que demuestre integridad y que maximice los valores y los bienes públicos (para un análisis más detallado de los valores públicos, consulte el Módulo 13 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética). La eficacia y la eficiencia también requieren que las metas de desempeño individuales se alineen con los programas y objetivos del organismo. Una remuneración adecuada y una compensación no monetaria serán necesarias para mantener la competencia y levantar la moral. Para ver un ejemplo de indicador, consulte la dimensión Eficacia de los gobiernos de los Indicadores mundiales de gobernanza.

Rendición de cuentas

se basa en el principio de que cada persona o grupo es responsable de sus acciones, en especial cuando sus actos afectan intereses públicos. Se refiere a la capacidad de respuesta o responsabilidad de las acciones de uno, de modo que existan sistemas para que los responsables de la toma de decisiones en el Gobierno, el sector privado y que las organizaciones de la sociedad civil respondan ante el público, así como ante las instituciones interesadas. La rendición de cuentas es, en parte, una cuestión de diseño institucional, lo que implica que el sistema formal de equilibrio de poderes puede y debe incorporarse a cualquier estructura constitucional (Johnston, 2002). Promover la rendición de cuentas también es importante para la prevención de la corrupción y es uno de los principales objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (consulte el artículo 1 de la CNUCC).

La rendición de cuentas también demanda energía política, en el sentido de que «las personas, los grupos de interés, la sociedad civil, los tribunales, la prensa y los partidos de la oposición deben insistir en que quienes gobiernan sigan los mandatos legítimos y expliquen sus acciones», y que «aquellos que exigen la rendición de cuentas deben tener la confianza de que pueden hacerlo con seguridad, de que los funcionarios responderán honestamente y de que las necesidades y demandas sociales se toman en serio» (Johnston, 2002, págs. 3-4). En ocasiones, se distingue entre la rendición de cuentas horizontal (sistema de equilibrio de poderes dentro del sector público) y la vertical (rendición de cuentas de los Gobiernos hacia sus ciudadanos). Para un mayor análisis sobre la rendición de cuentas horizontal y vertical, consulte el Módulo 3 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.

Entre los ejemplos de mecanismos o instrumentos de gobernanza diseñados para promover la rendición de cuentas y el profesionalismo se encuentran los códigos de ética o los códigos de conducta. Tales códigos son herramientas esenciales para promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre las personas, y se recomiendan en el artículo 8 de la CNUCC ((«cada Estado parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas»). Para un análisis más a fondo de los códigos de ética o conducta, consulte el Módulo 13 y el Módulo 14 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética. Para ver indicadores de rendición de cuentas, consulte Holland y otros (2009).

 

Medición de la buena gobernanza

Medir hasta qué punto las distintas jurisdicciones se adhieren a los principios de buena gobernanza es una tarea compleja y difícil. En efecto, algunos de estos principios pueden entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, puede que sea necesario comprometer la eficacia y la eficiencia para lograr la equidad y la inclusión. Los indicadores que se suelen utilizar califican el siguiente grupo de variables proxy: a) la existencia y calidad de los procedimientos, como en la formulación del presupuesto y las adquisiciones, así como las descripciones claras de los puestos de trabajo en el servicio público; b) los niveles de capacidad, como el nivel promedio de educación, las cualificaciones técnicas y el profesionalismo; c) los productos, como los resultados en materia de salud y educación, así como la disponibilidad de servicios y d) las estimaciones a partir de la observación directa.

Algunos de los índices más populares en materia de buena gobernanza son los Indicadores mundiales de Gobernanza, the Índice de integridad pública y el informe Freedom in the World de Freedom House. También hay índices con enfoque regional, como el Índice de gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim. Estos índices miden la buena gobernanza mediante la evaluación de distintos aspectos de la gobernanza y sus muchos indicadores. Por ejemplo, los Indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, de uso extendido a nivel global, intentan cuantificar la buena gobernanza midiendo los siguientes seis aspectos de la gobernanza sobre la base de «puntos de vista de un gran número de empresas, ciudadanos y expertos encuestados en los países industrializados y en desarrollo»:

• Voz y rendición de cuentas: implica la participación ciudadana y la independencia de los medios de comunicación, que incluye la libertad política y de los medios, así como las libertades civiles.
• Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: amenaza de golpe de Estado.
• Efectividad gubernamental: calidad de la administración pública.
• Calidad regulatoria: políticas favorables al mercado.
• Estado de derecho: percepción de la delincuencia, un poder judicial eficaz, contratos ejecutables.
• Corrupción: control de la corrupción, medido mediante encuestas compuestas.

Otro ejemplo es el Índice de integridad pública (IIP), que busca evaluar «la capacidad de una sociedad para controlar la corrupción y asegurar que los recursos públicos se utilicen sin prácticas corruptas», así como «hacer que su Gobierno rinda cuentas» (Mungiu-Pippidi et al., 2017). En este contexto, el IIP mide los siguientes aspectos: independencia judicial, carga administrativa, apertura comercial, transparencia presupuestaria, e-ciudadanía y libertad de prensa. Dado su enfoque holístico para evaluar la integridad, el IIP ofrece datos útiles sobre cuestiones de gobernanza. Una fuente adicional para evaluar la buena gobernanza es la Encuesta mundial de valores,

que ofrece una clasificación de los países a nivel mundial sobre la base de la manera en que los ciudadanos perciben la calidad de la gobernanza en sus propios países (Ivanyna y Shah, 2018). Además, los estudios localizados de situaciones específicas proporcionan un punto de vista importante, pero su aplicabilidad es, en general, limitada (consulte, por ejemplo, Moore, 1993; Olken y Pande, 2012).

Sin embargo, se ha criticado la fiabilidad de todos los índices mencionados debido a sus evaluaciones subjetivas y a los posibles sesgos de muestreo causados por los distintos grados de voluntad de quienes participan en las encuestas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cada una de estas mediciones tiene sus limitaciones. Toda forma de medir el buen gobierno está diseñada para detectar ciertos elementos e ignorar otros. Los estudiantes deberían preguntar: ¿Qué es exactamente lo que cada metodología afirma medir y cómo se formulan y construyen sus parámetros? La última parte de la pregunta hace referencia a lo que cada índice o clasificación mide en realidad, a diferencia de lo que dice medir.

Una de las razones principales de la dificultad para definir y medir la buena gobernanza es que cada uno de los enfoques teóricos, metodológicos y empíricos dan un concepto diferente del término «gobernanza» (Andrews, 2008). Una solución posible es usar el término «calidad de Gobierno» en vez de «buena gobernanza», tal como sugieren investigadores como Rothstein y Teorell (2008). Sin embargo, mientras el término buena gobernanza se siga usando de manera extendida, los intentos de definirla y medirla serán importantes, a pesar de los desafíos descritos.

 

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