Este módulo es un recurso para los catedráticos
Enfoque basado en los derechos humanos
Las diferentes vinculaciones entre la corrupción y los derechos humanos, y especialmente el reconocimiento de que la corrupción socava el goce de los derechos humanos, ha conducido a que académicos y profesionales recomienden un enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos. Este enfoque busca resaltar el rol esencial de los individuos como «titulares de derechos» y el papel de los Estados como «garantes de derechos» (Peters, 2018; UNHRC, 2019). El enfoque basado en los derechos humanos complementa el enfoque de justicia penal sobre la corrupción. Las normas contra la corrupción se suelen aplicar a través de marcos de justicia penal, es decir, mediante la criminalización de determinadas conductas en la legislación nacional, y la acusación y sanción de los autores. Este enfoque de justicia penal se refleja en la UNCAC y en otros tratados, así como en las legislaciones internas alrededor del mundo (consulte los debates relacionados en el Módulo 4, Módulo 5, Módulo 6, Módulo 12 y Módulo 13 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha contra la corrupción). El enfoque basado en los derechos humanos y el enfoque de justicia penal se complementan entre sí porque enfatizan diferentes daños y responsabilidades. En el enfoque de justicia penal se asume que el Estado (y el público al que representa) ha sido perjudicado por actos de corrupción cometidos por individuos, como un funcionario del gobierno que ha aceptado un soborno o malversado fondos públicos. El enfoque basado en los derechos humanos se centra en las formas en que el Estado ha incumplido sus obligaciones con respecto al público al no protegerlo de la corrupción, y en la necesidad de que el Estado proporcione soluciones. En los siguientes párrafos, se analizan las ventajas del enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos y en las críticas a dicho enfoque.
Ventajas del enfoque basado en los derechos humanos
Académicos y profesionales han presentado varios argumentos a favor de adoptar un enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos. Algunos de ellos se resumen a continuación (para más información, consulte Hemsley, 2015; Merkle, 2018; Peters, 2018):
- Enfoque centrado en la víctima Un enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos puede añadir una perspectiva que sitúe a la víctima en el centro de la lucha contra la corrupción. Para ello, se hace hincapié en los impactos negativos que tiene la corrupción en una persona, en grupos de personas típicamente afectadas por la corrupción (que son muy a menudo grupos vulnerables o marginados) y en la sociedad en general (UNHRC, 2015). Según Rothstein y Varraich (2017, pág. 60), abordar la corrupción mediante un discurso de derechos humanos permite un enfoque centrado en las víctimas y en el costo humano en riesgo. Este enfoque holístico no solo se centra en las consecuencias económicas y penales de la corrupción, sino también en las víctimas, especialmente en aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o marginados. Dicho enfoque puede ayudar a empoderar a las personas afectadas por la corrupción y a transformarlas en actores en la lucha contra este problema. Un enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos puede hacer hincapié en los daños acumulativos de la corrupción, la opresión y la desigualdad (Peters, 2018).
- Aumentar la transparencia y la participación. La transparencia y la participación permiten el escrutinio y la supervisión de los procesos de toma de decisiones del gobierno, aumentando la probabilidad de que se detecte la corrupción y de que se aborden, promuevan y protejan los derechos humanos. La transparencia se refiere a la disponibilidad pública de la información sobre procesos de toma de decisiones que se puede verificar con facilidad. La transparencia está asociada al derecho del público a conocer sobre los procesos y acciones del gobierno. La transparencia desempeña un papel en facilitar la participación de las partes interesadas, como la sociedad civil, en los procesos de toma de decisiones del gobierno. La transparencia y la participación son principios de la ley contra la corrupción que se establecen en la UNCAC (UNCAC arts. 5, 13).
- Fortalecer la rendición de cuentas. Con mayores niveles de participación y transparencia, los ciudadanos pueden supervisar de forma más efectiva y exigir rendiciones de cuentas a los responsables del poder y las políticas públicas y reducir la corrupción. La UNCAC exige que los Estados establezcan varios mecanismos que mejoren la rendición de cuentas, como (i) una política participativa en la elaboración y el análisis de presupuestos; (ii) seguimiento del gasto público, lo que implica que los ciudadanos hacen un seguimiento de la manera en que el gobierno utiliza los fondos; y (iii) supervisión y evaluación participativa del rendimiento (UNCAC arts. 9, 10). La disponibilidad de dicha información acerca de la formulación de presupuestos y el gasto público pueden proporcionar la base para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas que existen en el ámbito de los derechos humanos. Los procedimientos de denuncias individuales asociados con los órganos de derechos humanos proporcionan, por ejemplo, un mecanismo potencial mediante el cual las víctimas individuales de la corrupción pueden solicitar reparaciones. Para un análisis sobre la rendición de cuentas en el contexto de la lucha contra la corrupción, consulte el Módulo 3 de la serie de módulos universitarios E4J sobre la lucha contra la corrupción.
- Reparaciones para las víctimas. Si se realizan cuidadosamente, la presentación de reclamaciones y casos relacionados con la corrupción ante jueces internacionales y regionales de derechos humanos y la supervisión de mecanismos pueden ayudar a abordar la corrupción al proporcionar reparaciones para las víctimas. Para más información sobre los enfoques de la justicia restaurativa y la reparación de las víctimas respecto de los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el sector privado, consulte esta entrada de blog de Andrew Spalding. Cabe señalar que la misma UNODC no adjudica ni otorga reparaciones a las víctimas. En cambio, trabaja con los Estados para fortalecer sus marcos y capacidades legales e institucionales contra la corrupción, y los ayuda a implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Más actores en la lucha contra la corrupción. Reconocer la corrupción como una violación de los derechos humanos podría complementar los esfuerzos existentes de lucha contra la corrupción al permitir que los tribunales y las comisiones de derechos humanos, así como los tribunales constitucionales, escuchen casos relativos a los derechos de las personas que han sido violados por actos de corrupción (aunque esto también supone riesgos, como se analizará a continuación). Además de los tribunales y las comisiones internacionales y regionales de derechos humanos, existen otros actores relevantes en el ámbito de los derechos humanos, tales como los relatores especiales, los organismos nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Como explica Davis (2019), estos diferentes actores tienen poderes y capacidades de investigación que pueden ayudar a recopilar información acerca de la corrupción. Sin embargo, Davis (2019, págs. 1294–1295) también advierte que para que dichas investigaciones sean útiles, deben ser complementarias y coordinarse con las iniciativas de investigación de los actores de la lucha contra la corrupción:
El régimen de derechos humanos tiene una capacidad considerable de investigación, tomando en cuenta que esto no solo comprende comisiones y tribunales internacionales, sino también relatores especiales, organismos nacionales y organizaciones no gubernamentales. Algunos de ellos se dedican a la supervisión regular de determinadas entidades o temas públicos, mientras que otros operan de forma ad hoc. Estos actores tienen distintas capacidades, conocimientos, experiencia y reclamaciones de legitimidad, pero, en conjunto, pueden aportar recursos impresionantes. Es necesario señalar que hallar más hechos no es necesariamente mejor. Si los investigadores de derechos humanos tienden a reunir la misma información que las organizaciones de lucha contra la corrupción y tienden a difundirla por los mismos canales, entonces el análisis de los derechos humanos añadirá poco valor al proceso. Sin embargo, incluso en este escenario, los actores de los derechos humanos pueden tener un papel útil en la verificación de la información recopilada de otras fuentes.
El derecho a una sociedad libre de corrupción
El principal argumento asociado con el enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos es que el reconocimiento de la corrupción como una violación de los derechos humanos conduciría a una mejor aplicación de la ley y mejores reparaciones (Peters, 2018). Las víctimas individuales de la corrupción pueden hacer uso, por ejemplo, de los procedimientos de denuncia vinculados con los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos para buscar alguna forma de rendición de cuentas. Algunos académicos como Spalding y Murray (2015) han llevado esto al extremo, argumentando que estar libre de corrupción debería ser reconocido como un «derecho humano fundamental e inalienable». En otras palabras, algunos académicos han argumentado que el derecho a una sociedad libre de corrupción es, o debe ser, un derecho humano autónomo. Spalding (2019, pág. 3) resalta que la reformulación de la libertad frente a la corrupción como un derecho humano implica que (i) la corrupción no es cultural ni depende de la naturaleza humana; (ii) que el Estado puede violar ese derecho pero no puede eliminarlo; y que (iii) la aplicación estricta de las medidas contra la corrupción no solo es posible, sino esencial. Gebeye (2012, pág. 18) comparte una posición similar y argumenta que «los seres humanos tienen el derecho humano básico de vivir en una sociedad libre de corrupción». En la actualidad, el concepto del derecho a una sociedad libre de corrupción sigue siendo una aspiración.
Críticas al enfoque basado en los derechos humanos
El enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos ha sido objeto de críticas por varias razones. Una de las grandes críticas es que los órganos de derechos humanos no tienen suficientes conocimientos y experiencia para ayudar a los Estados a lidiar con el complejo fenómeno de la corrupción, y pueden, por lo tanto, dar recomendaciones que no aborden apropiadamente los distintos aspectos y causas de la corrupción. El riesgo aquí, como subraya Rose (2016, pág. 419), es que «todos los diferentes órganos creados en virtud de tratados, organismos de la ONU y organizaciones internacionales formulen diferentes medidas de lucha contra la corrupción, y por ello, estos mensajes repetidos y superpuestos podrían empezar a sonar vacíos o perder su significado». Rose (2016, pág. 417) también ha criticado a los órganos de derechos humanos, en especial al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por no tener claridad conceptual acerca de la forma exacta en que el comportamiento corrupto constituye una violación de los derechos humanos y, por ello, se corre el riesgo de aumentar el escepticismo acerca del papel de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción (consulte también Peters, 2018, pág. 1251). En palabras simples, describir muchos problemas de corrupción como problemas de derechos humanos puede llevar a que tanto los derechos humanos como las normas contra la corrupción se tomen con menor seriedad. En este mismo sentido, Rose-Sender y Goodwin (2010, págs. 1–3) han argumentado que los intentos por vincular los discursos sobre los derechos humanos y la corrupción han sido «tan directos que resultan triviales o bien incoherentes cuando se considera que sugieren una conexión más profunda». Los autores sostienen, además, que estos intentos podrían ser parte de una tendencia más amplia dentro del desarrollo y, de forma más general, del derecho internacional para integrar las esferas de interés internacional con los derechos humanos, que antes se encontraban separados.
Esta tendencia de vincular los derechos humanos con otras esferas del derecho internacional se llama a veces «derechismo humano», que puede reforzar los derechos humanos al integrarlos en otras áreas del derecho internacional, pero también puede provocar escepticismo sobre los derechos humanos y una falta de consideración profesional hacia los asuntos de derechos humanos (para una crítica interesante del derechismo humano, consulte Pronto, 2007). Cabe resaltar, como se aclara en el módulo, que no todos los actos de corrupción violan los derechos humanos, y que no siempre es fácil establecer las relaciones causales entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Un clásico ejemplo de esto, como se analizó anteriormente, es que los fondos públicos malversados no se habrían asignado necesariamente a la materialización de derechos humanos (Davis, 2019, págs. 1290–1291; Rose, 2016, págs. 415–416). Por lo tanto, no todos los actos de corrupción constituirían una violación los derechos humanos. Sin embargo, cuando una persona puede demostrar un nexo entre la privación de un derecho protegido y un acto específico de corrupción, es posible argumentar que la corrupción ha violado los derechos humanos de una persona. En este caso, el enfoque de la corrupción basado en los derechos humanos proporciona un mecanismo complementario para abordar este fenómeno junto con el enfoque convencional contra la corrupción penal.
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