«El Departamento de Libertad Condicional tailandés, en estrecha colaboración con los tribunales, llevó a cabo una exitosa campaña contra la conducción bajo los efectos del alcohol, la cual ha sido, durante mucho tiempo, una de las principales causas de los accidentes de tráfico. En esta iniciativa, los conductores ebrios, que normalmente habrían sido condenados a tres meses de prisión, fueron condenados a cumplir con 24 horas de servicio comunitario como condición de ponerlos en libertad condicional. Las autoridades seleccionaron actividades de servicio comunitario diseñadas para sensibilizar a los conductores ebrios sobre el tipo de lesiones que podrían causarse a sí mismos o a otros. Entre ellas se incluyen la asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico, el trabajo en hospitales y el voluntariado en las unidades de rescate de emergencia en caso de accidentes de tráfico.

El departamento trabajó arduamente para hacer llegar al público el mensaje de esta campaña. Además de los anuncios de televisión y los concursos de cortometrajes, algunos famosos que habían sido arrestados por conducir ebrios y fueron puestos en libertad condicional participaron en la campaña para reducir el número de muertos y heridos durante las festividades. Esos esfuerzos produjeron beneficios adicionales. Recientemente, la encuesta ABAC, con base en Bangkok, reveló que el 91% del público estaba de acuerdo con la idea de que los conductores ebrios deban recibir sanciones de servicio comunitario. Cuando se les preguntó si habían oído hablar del Departamento de libertad condicional, que en su momento fue la organización menos conocida del sistema de justicia penal, el 83 % de los encuestados respondió afirmativamente; lo que supone un fuerte aumento con respecto al 48 % registrado en una encuesta de octubre del 2000».

Fuente: UNODC (2007). Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment . New York: Naciones Unidas, pág. 36.

En el 2001, Portugal eliminó las sanciones penales por posesión menor de todo tipo de drogas controladas y reclasificó esas actividades como infracciones administrativas en virtud de la Ley 30/2000.

La adquisición y posesión de drogas controladas se consideran delitos administrativos (consulte los artículos 4 y 36 de la Convención única sobre estupefacientes de 1961), sancionables con medidas administrativas y no con condenas penales (siempre y cuando la cantidad en posesión del delincuente no exceda lo que corresponde a diez días de suministro personal). El sistema de justicia penal sigue procesando el tráfico y la posesión de sustancias controladas en cantidades superiores legalmente previstas.

Cuando se encuentra una persona en posesión de cualquier droga para consumo personal no médico, esa persona es derivada a una «Comisión para la disuasión del abuso de drogas». Esta comisión (que es el elemento clave del modelo portugués)- está compuesta por un profesional de la justicia y dos representantes de servicios de salud o sociales que determinan si la persona sufre un trastorno relacionado con el consumo de drogas y, de ser así, en qué medida lo padece. Tras examinar las circunstancias personales del delincuente, la comisión evalúa las posibles medidas de tratamiento, educación y rehabilitación. La comisión puede remitir una persona con un trastorno relacionado con el consumo de drogas a un tratamiento voluntario, imponerle una multa o imponer otras sanciones administrativas (como una advertencia o una prohibición de ingreso a ciertos lugares).

En junio del 2012, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) realizó una misión a Portugal para examinar los resultados de la aplicación de la Ley 30/2000. La junta reconoció que las Comisiones para la disuasión del abuso de drogas son un elemento clave del mecanismo de reducción de la demanda en Portugal (Junta de la JIFE, 2015). Observó que el Gobierno estaba comprometido en fortalecer la prevención primaria de los trastornos relacionados con el uso de drogas. La JIFE llegó a la conclusión de que el Gobierno de Portugal está plenamente comprometido con los objetivos de los tratados de fiscalización internacional de drogas, ya que la Ley 30/2000 no ha legalizado la posesión y adquisición de drogas.

Fuente: UNODC and the World Health Organization (2018). Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System . Vienna: UNODC and WHO, págs. 52-53.