Este módulo es un recurso para los catedráticos
Los sistemas híbridos y los síndromes de corrupción
Como se mencionó anteriormente, Johnston (2005) agrupa a los Estados en cuatro tipos de regímenes y muestra que cada uno está asociado con un síndrome de corrupción correspondiente: por influencia de mercado, por cárteles de élite, por oligarcas y clanes, y por funcionarios magnates.
La corrupción por influencia del mercado usualmente ocurre en democracias liberales desarrolladas que tienen mercados abiertos e instituciones políticas y económicas fuertes. Estas instituciones sostienen y restringen la participación política, y son sólidas y legítimas. Si bien existe corrupción, es de una naturaleza diferente a la de los regímenes autoritarios o híbridos. En las democracias, son comunes los intercambios corruptos entre hombres de negocios, miembros de grupos de presión y ciudadanos adinerados, y entre políticos, burócratas y líderes de partidos. En los lugares en los que las instituciones económicas son fuertes y la capacidad política y social es sólida, la corrupción usualmente ocurre mediante el tráfico de influencias, ya que los intereses privados buscan beneficios específicos (p. ej., obtener un contrato, modificar un reglamento) a través de redes informales de intermediarios políticos como los grupos de presión y el personal parlamentario. De igual manera, los funcionarios electos intercambian acceso e influencias por financiamiento político. Gran parte de este tráfico de influencias ocurre por medio de contribuciones políticas totalmente legales y divulgadas de forma pública, y no a través de un soborno abierto (Johnston, 2017). Otros ejemplos incluyen el financiamiento político de partidos, el patrocinio, el paso del sector público al privado de los nombramientos posministeriales y el mal uso de la hospitalidad corporativa.
La corrupción por cárteles de élite se desarrolla principalmente en las democracias nuevas o en las que se están reformando, con mercados libres e instituciones medianamente sólidas. Tanto las instituciones económicas como políticas son medianamente sólidas. La corrupción está bastante extendida pero las élites empresariales, políticas, militares y de los medios de comunicación la controlan de cerca. Aunque la economía pueda ser liberalizada, existe resistencia por aceptar nuevos participantes y compartir la influencia y la riqueza. Las élites buscan a los competidores políticos y económicos prometedores que provienen de poderosas coaliciones unidas por la corrupción (los grandes conglomerados de empresas familiares financian campañas políticas y entregan dinero en efectivo y regalos a cambio de financiamientos y regulaciones favorables). En particular, las élites económicas hacen un mal uso de su poder para fortalecer sus posiciones y controlar la mayor parte del poder económico del país. En el caso de la corrupción por influencia del mercado, el Estado de derecho es relativamente fuerte; sin embargo, el tráfico de influencias a través de los grupos de presión y las contribuciones políticas a menudo goza de protecciones legales o constitucionales. La corrupción por cárteles de élite puede coexistir con un gran crecimiento económico, ya que las coaliciones de élite respaldadas por la corrupción ofrecen una previsibilidad de facto que compensa parcialmente las debilidades institucionales. Puede que la competencia electoral se lleve a cabo, pero, a la luz de los vínculos tras bambalinas entre las elites, puede ser solo una apariencia. Los líderes de partidos comparten los beneficios de la corrupción y manipulan los resultados de las elecciones. Muchos partidos son una extensión de seguidores personales de ciertas élites y carecen de una base real en la sociedad (Johnston, 2017).
La corrupción por oligarcas y clanes usualmente prevalece en los regímenes transitorios débiles que están pasando por una liberalización, donde los procesos de gobernanza y los mercados oficiales tienen un funcionamiento deficiente. Por lo general, se da en sociedades que acaban de salir de un conflicto o de una dictadura con instituciones políticas y económicas débiles. El Estado de derecho y los derechos patrimoniales son débiles, y puede ser riesgoso enfrentar la corrupción. Los procedimientos democráticos formales no ofrecen rendiciones de cuentas en la medida suficiente. La confianza mutua y la credibilidad en los funcionarios son bajas, y la autoridad cotidiana del Gobierno puede estar en tela de juicio en algunas áreas. A diferencia de la corrupción por funcionarios magnates, no queda claro si alguien realmente está al mando. Con apuestas políticas y económicas muy importantes sobre la mesa y pocas restricciones efectivas, la competencia política y económica puede ser intensa, puesto que los oligarcas y sus clanes (a veces facciones políticas, a veces familias) saquean tanto al sector público como al privado utilizando, a menudo, la violencia para hacer cumplir contratos, cobrar deudas y proteger bienes. Así, los mecanismos de control del Estado son débiles o ineficaces y la corrupción se desarrolla e interfiere con la economía y las inversiones. Un ambiente de impunidad, inseguridad e imprevisibilidad incentiva a que los oligarcas actúen rápido para proteger las ganancias de la corrupción y hacer cumplir sus acuerdos mediante la violencia, mientras que debilita a la oposición social y política. La sociedad civil tiende a ser débil, al igual que los límites entre el sector público y el privado. Las elecciones pueden ser rutina, pero la competencia más importante se da fuera del sistema, entre los oligarcas y sus seguidores, quienes influyen tanto en el Gobierno como en la economía (Johnston, 2017).
La corrupción por funcionarios magnates puede manifestarse en los entornos de los sistemas autoritarios, los mercados disfuncionales y las instituciones oficiales débiles. Las instituciones políticas y económicas son débiles, y existen numerosos ejemplos de enriquecimiento ilícito de la familia y los amigos de los líderes, así como de soborno y extorsión en todos los niveles. En contraste con la corrupción por oligarcas y clanes, donde no está claro si alguien está al mando, en el caso de la corrupción por funcionarios magnates, el poder está monopolizado por un dictador, una familia o una junta que controla las oportunidades políticas y económicas para su propio beneficio o el de sus 'amiguitos'. Estos líderes manipulan la economía e influyen en las inversiones y en los flujos de ayuda. Aunque estas economías se hayan abierto en cierto grado, siguen siendo sociedades pobres y sorprendentemente desiguales. Las instituciones económicas son débiles, aunque, si los cambios de régimen ocurren con frecuencia, los países y sus estructuras cambian con frecuencia. Las oportunidades económicas suelen estar monopolizadas por el régimen y se utilizan como patrocinio para algunos personajes directamente vinculados con los líderes (Johnston, 2017). La violencia relacionada con la corrupción es menos común porque, en este caso, no hay duda de quién está al mando, pero, a diferencia de la corrupción por influencia del mercado o por cárteles de élite, el poder y la corrupción se basan en lealtades personales y no en funciones y deberes oficiales. En los lugares donde los magnates operan con impunidad, o donde los oligarcas y los clanes se enfrentan en un clima de inseguridad, una nueva legislación y transparencia, que son fundamentales para la mayoría de los escenarios de lucha contra la corrupción, probablemente no lograrán mucho. Los grupos de oposición son débiles, corruptos, clandestinos o no existen. La sociedad civil y el Estado de derecho pueden significar poco en el día a día (Johnston, 2017). El régimen reprime a los críticos mediante la intimidación o la tortura. Los poderes, las funciones, los deberes y las lealtades oficiales son menos importantes que los personales y, a menudo, protegen a los sistemas corruptos. En estas situaciones, la corrupción no es una desviación sino el sistema mismo. Johnston (2014) muestra que, en el caso de los Estados débiles y no democráticos, existe poca o ninguna protección social contra la corrupción, y que la cleptocracia (el gobierno de los ladrones), la intimidación y el patrocinio prevalecen. Para una discusión relacionada sobre la interacción entre la integridad, la ética y el derecho para suplementar los conceptos explorados anteriormente, consulte el Módulo 12 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Integridad y Ética.
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