Los solicitantes formaban parte de un grupo de unas doscientas personas que abandonaron Libia en 2009 a bordo de tres embarcaciones con el objetivo de llegar a la costa italiana. El 6 de mayo de 2009, cuando las embarcaciones se encontraban dentro de la región de responsabilidad de búsqueda y rescate de Malta, fueron interceptadas por barcos de la Policía de Italia y la Guardia Costera. Los ocupantes de las embarcaciones interceptadas fueron trasladados a buques militares italianos y devueltos a Trípoli. Los solicitantes declararon que durante ese viaje las autoridades italianas no les informaron de su destino y no tomaron medidas para identificarlos. A su llegada al puerto de Trípoli, los migrantes fueron entregados a las autoridades libias. Según los solicitantes, se opusieron a ser entregados a las autoridades libias, pero se vieron obligados a abandonar los barcos italianos. En una conferencia de prensa celebrada al día siguiente, el Ministro del Interior italiano declaró que las operaciones para interceptar embarcaciones en alta mar y hacer retroceder a los migrantes a Libia fueron consecuencia de la entrada en vigor, en febrero de 2009, de acuerdos bilaterales celebrados con Libia que representaban un importante punto de inflexión en la lucha contra la inmigración clandestina.

Dos de los solicitantes murieron en circunstancias desconocidas después de los hechos antes mencionados. Catorce de los solicitantes obtuvieron la condición de refugiado por la Oficina del ACNUR en Trípoli entre junio y octubre de 2009.

El Tribunal determinó que los solicitantes estaban dentro de la jurisdicción de Italia a los efectos del artículo 1 de la Convención. El principio de derecho internacional consagrado en el Código de navegación italiano prevé que un barco que navega en alta mar está sujeto a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón que enarbola. En consecuencia, los hechos que dieron lugar a las presuntas violaciones cayeron dentro de la jurisdicción de Italia en el sentido del artículo 1 de la Convención.

El Tribunal tomó nota de las inquietantes conclusiones de numerosas organizaciones con respecto al tratamiento de inmigrantes clandestinos en Libia. No se hizo ninguna distinción entre los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo, que fueron arrestados y detenidos sistemáticamente en condiciones que los observadores describieron como inhumanas, informando, en particular, casos de tortura. Los migrantes clandestinos corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen en cualquier momento. El Tribunal observó que la existencia de leyes nacionales y la ratificación de tratados internacionales que garantizan el respeto de los derechos fundamentales no eran en sí suficientes para asegurar una protección adecuada contra el riesgo de malos tratos ya que fuentes confiables habían informado de prácticas contrarias a los principios de [tratados internacionales de derechos humanos]. Además, Italia no podía evadir su propia responsabilidad en virtud de [tratados internacionales de derechos humanos] confiando sus obligaciones posteriores derivadas de acuerdos bilaterales con Libia. Dado que la situación en Libia era bien conocida y fácil de verificar al momento concreto, las autoridades italianas habrían sabido o deberían haber sabido, al retirar a los solicitantes, que estarían expuestos a un tratamiento que infringe la Convención. Además, el hecho de que los solicitantes no solicitaran expresamente el asilo no eximía a Italia del cumplimiento de sus obligaciones. La Corte tomó nota de las obligaciones de los Estados derivadas del derecho internacional de los refugiados, incluido el "principio de no devolución". Además, el Tribunal consideró que la situación compartida de los solicitantes y muchos otros migrantes clandestinos en Libia no hizo que el supuesto riesgo fuera menos individual y concluyó que, al transferir a los solicitantes a Libia, las autoridades italianas los habían, en pleno conocimiento de los hechos, expuesto al tratamiento proscrito por [el derecho internacional de los derechos humanos]. El Tribunal también concluyó que cuando los solicitantes fueron transferidos a Libia, las autoridades italianas sabían o deberían haber sabido que no había garantías suficientes para protegerlos del riesgo de ser devueltos arbitrariamente a sus respectivos países de origen.

El Tribunal (...) trató de determinar si el traslado de los solicitantes a Libia había constituido una "expulsión colectiva de extranjeros" [dado que los migrantes habían sido interceptados fuera del territorio de Italia]. El Tribunal observó que [nada] excluía la aplicación extraterritorial de ese artículo. Además, limitar su aplicación a las expulsiones colectivas del territorio nacional de los Estados miembro significaría que un componente importante de los patrones migratorios contemporáneos no entraría en el ámbito de esa disposición y privaría a los migrantes de un examen de sus circunstancias personales antes de ser expulsados. La noción de "expulsión" era principalmente territorial, al igual que la noción de "jurisdicción". Sin embargo, cuando, como en el presente caso, la Corte había determinado que un Estado Contratante había ejercido, de manera excepcional, su jurisdicción fuera de su territorio nacional, podía aceptar que el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por ese Estado había tomado la forma de expulsión colectiva. Además, la naturaleza especial del entorno marítimo no podría justificar un área fuera de la ley donde las personas no estuvieran cubiertas por ningún sistema legal capaz de brindarles el disfrute de los derechos y garantías protegidos por la Convención. La transferencia de los solicitantes a Libia se había llevado a cabo sin ningún examen de la situación individual de cada solicitante. Los solicitantes no habían sido sometidos a ningún procedimiento de identificación por parte de las autoridades italianas, que se habían limitado a embarcarlos y desembarcarlos en Libia. El retiro de los solicitantes había sido de naturaleza colectiva, en violación de [derecho internacional de los derechos humanos].

El Tribunal reiteró la importancia de garantizar a cualquier persona sujeta a una medida de remoción, cuyas consecuencias podrían ser irreversibles, el derecho a obtener información suficiente para permitirle acceder de manera efectiva a los procedimientos pertinentes y fundamentar sus reclamaciones. (...) Los solicitantes habían sido privados de cualquier recurso que les hubiera permitido presentar sus reclamaciones con arreglo a [el derecho internacional de los derechos humanos] ante una autoridad competente y obtener una evaluación exhaustiva y rigurosa de sus solicitudes antes de que se aplicara la medida de remoción.