• Serie de Módulos Universitarios E4J: Trata de Personas
  

• Módulo 9: Respuestas de la Justicia Penal a la Trata de Personas
  

• Introducción y resultados del aprendizaje
  

• Cuestiones clave

• • Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
    
  • El papel del sistema de justicia penal
    
  • Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
  • Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
    
  • Derechos de las víctimas a la justicia y protección
    
  • Estrategias potenciales para "cambiar el rumbo"
    

• Ejercicios

• Estructura de clase recomendada
  

• Lecturas básicas
  

• Lecturas avanzadas
  

• Otras fuentes

• Evaluación del estudiante
  

• Herramientas de enseñanza adicionales
  

 

Publicado en mayo de 2019  

 

 

 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal

 

Los bajos niveles actuales de procesamientos y condenas de tratantes de personas pueden atribuirse a numerosos factores. De hecho, existen muchos desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal a la trata de personas, todo lo cual puede tener un impacto en la cantidad y el éxito de los enjuiciamientos del delito. Varios ejemplos de estos desafíos se discuten en los párrafos que siguen.

 

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en muchos países carecen de recursos y capacitación

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en muchos países carecen de la capacitación, la experiencia y los recursos para investigar la delincuencia organizada transnacional compleja. En muchos de estos países, las leyes que penalizan la trata son relativamente nuevas y los investigadores simplemente carecen de la experiencia y los conocimientos para investigar con eficacia esta clase de delitos. De hecho, como Gallagher y Holmes (2008, p. 320) observan, en muchos países la trata de personas sigue siendo un delito nuevo, que involucra “leyes nuevas y no probadas” (véase también Farrell, Owens y McDevitt, 2014)

Algunos países también pueden carecer de la capacidad financiera para brindar capacitación, financiamiento adecuado para la tecnología y los costos operativos comparativamente costosos de investigar delitos transfronterizos. La incapacidad de brindar protección, asistencia y apoyo adecuados a las víctimas puede impedir las investigaciones y los procesamientos, ya que las víctimas están menos dispuestas o abiertas a proporcionar información y testimonios a la policía y los fiscales cuando sus necesidades de protección y recuperación no están satisfechas.

 

Naturaleza transnacional de muchos casos de trata

La naturaleza transnacional de muchos casos de trata de personas presenta desafíos particulares para la aplicación de la ley, que debe recopilar pruebas de jurisdicciones extranjeras, algunas de las cuales pueden no estar dispuestas o pueden no cooperar. Este desafío fue reconocido en el caso de los Estados Unidos de Cruz v. Toliver, (W.D. Ky. 30 de marzo de 2007). El tribunal sostuvo que los "Reclamos de trabajo forzado y trata (...) requirieron más tiempo, esfuerzo e investigación para abordarse (...) El abogado del demandante no solo tuvo que realizar un hallazgo aquí en los Estados Unidos, sino también ir al extranjero para hacer un hallazgo con el fin de presentar la reclamación en virtud de estos estatutos".

Los desafíos incluyen:

• Dificultades logísticas en la investigación de actividades delictivas transfronterizas.
• Falta de cooperación, recursos, capacitación, habilidades y leyes adecuadas.
• Deficiencias y conflictos entre las leyes de los distintos países en los que opera un grupo particular de tratantes, lo que crea dificultades para investigar, arrestar, extraditar y procesar a los delincuentes.
• La capacidad de los tratantes para evadir el arresto al fugarse de la jurisdicción que intenta responsabilizarlos.
• La facilidad con que los tratantes pueden blanquear el producto de sus actividades delictivas en países con sistemas de seguimiento de transacciones financieras poco desarrollados.
• Las dificultades logísticas para brindar protección a las víctimas, testigos y sus familias que viven fuera de la jurisdicción procesal.

 

Limitaciones en la cooperación internacional

Un punto relacionado es que el procesamiento de casos de trata transnacional a menudo requiere la colaboración internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los países de origen, destino de tránsito. Este es un proceso exigente, potencialmente costoso y que requiere mucho tiempo y recursos. En el caso estadounidense de United States v. Maksimenko (E.D. Mich. 25 de junio de 2007), los acusados ucranianos recibieron cargos por obtener mano de obra y servicios de mujeres ucranianas en los Estados Unidos mediante el uso de amenazas y restricciones físicas en violación de 18 18 U.S.C. 1589. El tribunal decidió que la moción del Gobierno para un aplazamiento de cinco meses del procedimiento penal con el fin de permitir que los fiscales obtuvieran pruebas desde Ucrania debía ser permitida. El tribunal determinó que el período de cinco meses no era excesivo y no infringía los derechos constitucionales de los acusados a un juicio expedito. El Gobierno presentó una solicitud al Gobierno de Ucrania de conformidad con su tratado bilateral sobre Asistencia Judicial Recíproca en asuntos penales, pero este último demoró un tiempo considerable en responder a la solicitud (Mattar, 2011).

 

Víctimas renuentes a testificar

Muchas víctimas se muestran renuentes a participar en juicios penales (véase Davy, 2017). Numerosos factores influyen en esta renuencia, incluidos, entre otros, el temor a las represalias de los tratantes y sus asociados, el estatus irregular y el temor a la deportación, la desconfianza de las autoridades, la vergüenza y la percepción de que las acciones de sus tratantes no son delictivas ni incorrectas. Otros pueden simplemente querer ir a casa y reiniciar sus vidas, en lugar de quedarse por períodos posiblemente prolongados en un país donde experimentaron explotación y abuso. Como observa Davy (2017, p.123), "hay ciertas dudas de que la experiencia de proporcionar evidencia como testigo pueda ser un evento traumático y que pueda llevar a una 'victimización secundaria'".

Se reconoce ampliamente que brindar protección y asistencia a las víctimas de la trata respalda los objetivos de la justicia penal. Es más probable que las víctimas ayuden a las autoridades cuando se sienten seguras y se satisfacen sus necesidades. De esta manera, una respuesta efectiva de la justicia penal a la trata de personas está intrínsecamente vinculada a un enfoque del delito basado en los derechos humanos: se refuerzan mutuamente (McSherry y Cullen, 2007). El Módulo 8 analiza el enfoque de la trata de personas basado en los derechos humanos, mientras que los derechos humanos en el contexto específico del proceso de la justicia penal se analizan en la sección sobre los derechos de las víctimas a la justicia y la protección en este módulo.

Un tema controvertido dentro de la comunidad contra la trata de personas es si las víctimas deben ser obligadas a declarar en los tribunales contra sus tratantes. Un punto de vista, apoyado por los principios internacionales, es que esta debería ser decisión única de la víctima. La opinión contraria es que esta debe ser una decisión del Estado porque, sin el testimonio de la víctima, los tratantes no pueden ser procesados. En este último caso, las víctimas deben ser obligadas a declarar para garantizar que los tratantes sean llevados ante la justicia y, por lo tanto, se les impida la trata de otros. Cabe señalar que esta opinión va en contra de las directrices internacionales y los conflictos con un enfoque de la trata centrado en la víctima. Como también se señaló en El Proceso de Bali (2015):

“Las víctimas no deben ser obligadas a participar en el proceso de la justicia penal, sino que deben tener la facultad de elegir si lo desean o no. Para aquellas víctimas que estén dispuestas y sean capaces de contribuir a la investigación y enjuiciamiento de los tratantes, se aplican consideraciones de protección particulares”.

 

Testimonio de la víctima

Como se señaló en la publicación de 2017 de la UNODC Cuestiones Probatorias en los Casos de Trata de Personas - Resumen de Casos, “muchos desafíos están relacionados con los testimonios de las víctimas en casos de trata de personas. Algunos testimonios de las víctimas no parecen ser sinceros, directos y firmes, sino que parecen ser inconsistentes, irracionales, no convincentes o claramente falsos. En algunos casos, no hay otra evidencia creíble para corroborar el testimonio. Además, las víctimas no siempre se presentarán para denunciar el delito, y es posible que no haya un testimonio, o que esté limitado, de las víctimas disponible" (pág. 12). Cuando los testimonios de las víctimas sufren estos problemas, se puede dificultar el procesamiento exitoso de los tratantes. Algunos de estos problemas son discutidos por David (2008).

Las debilidades típicas de en el testimonio incluyen:

• Declaraciones inconsistentes.
• La falta de puntualidad en la presentación de una queja. Con razón o sin ella, los tribunales a menudo tienen en cuenta la puntualidad al evaluar la credibilidad de una víctima, en el supuesto de que una persona que ha sido perjudicada se quejaría en la primera oportunidad, ya sea a la policía o a otras partes apropiadas.
• Divulgación de historias de trata pieza por pieza durante un período de tiempo. Esto puede dar la impresión de que las víctimas están inventando o adornando su testimonio, ya que no han contado toda su historia a la primera oportunidad.
• Algunas víctimas cuentan historias traumáticas de trata mientras hacen gestos aparentemente de sorpresa o reacciones emocionales como la risa. La misma víctima en un caso puede mostrar diferentes reacciones emocionales durante la investigación o el juicio. Estos comportamientos pueden llevar a suponer que una víctima no es un testigo confiable.
• Muchos testimonios de víctimas carecen de pruebas que los corroboren, mientras que los acusados y sus asociados están dispuestos a corroborarse mutuamente. Un ejemplo particularmente difícil es la trata de mujeres jóvenes, vulnerables y sin educación para la servidumbre doméstica. El delito se comete en hogares privados, cuyos miembros corroborarán sus negaciones mutuas. Esto se traduce en un concurso de credibilidad entre una sola víctima vulnerable y varios miembros de la familia que a menudo son articulados, bien educados y con muchos recursos.

No quiere decir que las inconsistencias o debilidades en el testimonio de las víctimas siempre afecten la credibilidad de su evidencia. En algunos casos, incluso puede tener un efecto positivo, por ejemplo, cuando las declaraciones anteriores, aunque inconsistentes con las posteriores, son claramente un resultado de la intimidación y son indicativos del control que un delincuente tuvo sobre una víctima. En el caso del Reino Unido de R v Connors (2013), descrito en Cuestiones Probatorias en los Casos de Trata de Personas - Resumen de Casos de la UNODC (2017, p.15):

“la familia Connors obligó a sus trabajadores a laborar por poca compensación y los sometió a un trato degradante. La mayoría de los trabajadores se encontraban en una situación vulnerable: desempleados, sin hogar o adictos al alcohol. Una de las víctimas describió a los acusados como padres sustitutos y declaró que no quería dejarlos. En entrevistas posteriores, contradijo estas declaraciones, describió el comportamiento de los acusados como extremadamente violento y declaró que quería irse, pero temía que lo lastimaran si lo hacía. Al condenar a los cinco acusados de una conspiración para exigir que una persona realizara un trabajo forzado u obligado, el tribunal determinó que la primera declaración de la víctima era resultado de la intimidación por parte de los acusados".

Varios otros casos similares se extraen en el Compendio (véase págs. 13-16).

Dado el trauma que las víctimas comúnmente sufren en las situaciones de trata, combinado con su temor a represalias, su inexperiencia en los procesos judiciales y el interrogatorio que a menudo deben enfrentar de los abogados defensores o los jueces, es comprensible que su evidencia pueda sufrir deficiencias (Davy, 2017). No obstante, confiar solo en el testimonio de la víctima, sin pruebas adicionales que lo corroboren, dificultará que la fiscalía pruebe su caso más allá de toda duda razonable (el estándar de la prueba en los juicios penales).

Estos desafíos de evidencia resaltan la necesidad de que la policía y los fiscales reciban capacitación específica sobre entrevistas y comunicación con las víctimas. Un enfoque cauteloso y proactivo dicta que los investigadores busquen pruebas independientes para corroborar el testimonio de las víctimas. De acuerdo con esta opinión, Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas (OHCHR, 2002) establece que los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las ONG deben considerar:

“Proporcionar a las autoridades policiales los poderes y técnicas de investigación adecuados para permitir la investigación y el enjuiciamiento efectivos de presuntos tratantes. Los Estados deben alentar y apoyar el desarrollo de procedimientos de investigación proactivos que eviten confiar demasiado en el testimonio de las víctimas” (Directriz 5).

De manera similar, por ejemplo, Plan de Acción del Gobierno de Noruega para Combatir la Trata de Personas (2006-2009) provee que:

“El Gobierno considerará las posibilidades de utilizar testigos anónimos en casos de trata de personas. El Gobierno también considerará la posibilidad de utilizar formas especiales de examen para evitar la tensión y el examen repetido de las partes perjudicadas especialmente vulnerables en casos de trata de personas. Esto puede implicar un examen por enlace de video [...] formas más nobles de realizar exámenes durante el procedimiento principal (examen judicial fuera del tribunal) y / o grabaciones de declaraciones hechas en primera instancia."

Los siguientes estudios de caso ilustran los desafíos asociados con confiar únicamente en el testimonio de la víctima, junto con los beneficios de solicitar evidencia que lo corrobore.

Recuadro 2

Recuadro 3

Recuadro 4

 

Conceptos erróneos sobre los elementos del delito

Un análisis de la jurisprudencia de varias jurisdicciones revela que los abogados defensores (y en ocasiones los fiscales y los jueces) malinterpretan los elementos que conforman el delito de trata de personas. Varios ejemplos se describen a continuación. Afortunadamente, en los casos siguientes, los tribunales identificaron correctamente estos errores. Lamentablemente, esto no siempre es así.

1. Algunos abogados defensores han argumentado que si los movimientos de una víctima no están restringidos o controlados por los tratantes, ésta no puede ser víctima de trata.

Recuadro 5

2. Algunos abogados defensores han argumentado que las víctimas deben haber sido explotadas para completar el delito de trata de personas. Sin embargo, como se señala en el Módulo 6, solo es necesario que el delincuente actúe "con el propósito de explotación". Por lo tanto, el delito está completo si el delincuente ha reclutado, transportado o albergado a la víctima utilizando uno de los medios prohibidos, a pesar de que el delincuente aún no haya explotado a la víctima, suponiendo que exista la intención de hacerlo.

Recuadro 6

3. Algunos abogados defensores han argumentado (en el primer caso con éxito) que la existencia y la relativa facilidad con que la víctima tiene acceso a su red de familiares y amigos crea dudas razonables sobre si fueron retenida contra su voluntad.

Recuadro 7

 

Inmunidad diplomática

Cuando los delincuentes son diplomáticos, surgen desafíos adicionales. Dado que los diplomáticos disfrutan de inmunidad diplomática, pueden estar protegidos contra las acusaciones. Se han expuesto varios casos en que mujeres y niños fueron objeto de trata para ser explotados como empleados domésticos por diplomáticos extranjeros.

Recuadro 8

Sin embargo, la inmunidad diplomática no es absoluta (OSCE, 2014):

• La inmunidad es un privilegio del empleador del Estado, no del diplomático individual. En consecuencia, el empleador del Estado puede renunciar a la inmunidad para permitir que un diplomático sea procesado.
• Es deber de todas las personas que disfrutan de tales privilegios e inmunidades respetar las leyes y regulaciones del Estado receptor. La policía debe investigar las denuncias de trata y abuso de manera consistente con las inmunidades diplomáticas. Una vez que finaliza la función de agente diplomático, éste solo se beneficia de la inmunidad penal y civil en relación con los actos oficiales y puede ser procesado o demandado civilmente por abuso y trata.
• Al igual que para los agentes diplomáticos, el personal administrativo y técnico (incluidas sus familias) gozan de total inmunidad penal, excepto las reclamaciones civiles por infracciones cometidas fuera del curso de sus funciones. Además, una vez que un miembro del personal administrativo y técnico ha terminado su mandato, solo se beneficia de la inmunidad en relación con los actos oficiales. El empleo de personal doméstico no debe considerarse un acto oficial.

Los gobiernos anfitriones también tienen una serie de medidas diplomáticas para sancionar a los empleadores diplomáticos abusivos, como ejercer presión y retirar privilegios.

Para superar la dificultad de procesar a un diplomático, los Estados Unidos promulgaron la Ley de reautorización para la protección de las víctimas de la trata de personas (TVPRA) de 2008, que crea medidas preventivas, como la limitación de la emisión de visas A-3 y G-5 en caso de que misiones diplomáticas u organizaciones internacionales toleren el abuso o la explotación. Establece que:

El Secretario suspenderá, durante el período que el Secretario determine necesario, la emisión de visas A-3 o G-5 a los solicitantes que buscan trabajar para funcionarios de una misión diplomática o una organización internacional, si el Secretario determina que existe evidencia creíble de que 1 o más empleados de dicha misión u organización internacional han abusado o explotado a 1 o más no inmigrantes que tienen una visa A-3 o una visa G-5, y que la misión diplomática u organización internacional toleró tales acciones.

Otro cambio notable introducido por TVPRA 2008 es el poder del gobierno de los Estados Unidos para revocar el pasaporte de una persona condenada por participar en el turismo sexual internacional.

Los siguientes casos ilustran los problemas que surgen cuando los delincuentes son diplomáticos.

Recuadro 9

Recuadro 10

 

Períodos de prescripción legales

Otra barrera al procesamiento que se presenta en algunas jurisdicciones son los plazos de prescripción legales que impiden que un delincuente sea procesado después de un período específico de años a partir de la fecha de su delito o la detección de su delito. Debido a la naturaleza oculta, la complejidad inherente y los desafíos probatorios del delito, los casos de trata a menudo toman un tiempo considerable para ser investigados. Sin embargo, una vez que el período de prescripción expira, los perpetradores del delito pueden evadir la justicia.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) hace un llamado a los Estados parte para que promulguen períodos de prescripción prolongados. El Artículo 11 (5) requiere que “cada Estado Parte, según corresponda, establezca según su legislación interna un plazo de prescripción largo para iniciar un procedimiento por cualquier delito contemplado en esta Convención y un período más largo en el que el presunto delincuente haya evadido la administración de justicia". De manera similar, el artículo 29 de Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) establece que "Cada Estado Parte deberá, según corresponda, establecer con arreglo a su legislación nacional un período prolongado de prescripción para iniciar un procedimiento por cualquier delito establecido de conformidad con esta Convención y establecer un plazo más largo de prescripción o estipular la suspensión de la prescripción cuando el presunto delincuente haya evadido la administración de justicia”.

 

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