Publicado en julio de 2018.
Este módulo es un recurso para los catedráticos
Temas de actualidad clave
Dentro de la prevención de actos terroristas y la investigación de posibles complots terroristas, que son de carácter clandestino, no queda duda que la captación, el análisis y el uso de información sobre grupos terroristas, por medio de la interceptación de las comunicaciones y otros medios de vigilancia electrónica, son herramientas esenciales para perseguir objetivos vitales y legítimos, específicamente, la protección de la vida y la seguridad nacional al igual que garantizar justicia para las víctimas de ataques terroristas. Por lo general, la comunidad de inteligencia se centra en la prevención de actos terroristas, mientras que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están preocupados principalmente por llevar a presuntos infractores ante la justicia, sin embargo, parte de su rol también es intrínsecamente de carácter preventivo.
Con los avances de las tecnologías modernas, una amplia variedad de técnicas de investigación están al alcance de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir el terrorismo. La continua innovación tecnológica le permite a los gobiernos usar técnicas más invasivas para monitorear las actividades de las personas. Sin embargo, puede que las personas en cuestión tengan menos oportunidades de saber o detectar que han sido puestos bajo vigilancia. Por ejemplo, antes de la llegada de las tecnologías modernas las agencias del gobierno dependían principalmente del reclutamiento de informantes y del envío de agentes encubiertos para recopilar información sobre una persona. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de inteligencia solían diferenciar entre inteligencia secreta y inteligencia abierta. Esta diferenciación se basaba en cuánto contacto tiene un agente del gobierno con el objetivo. Las tecnologías de vigilancia modernas han eliminado esta diferenciación. Actualmente, se habla de vigilancia en términos de función, específicamente, para obtener información y monitorear el comportamiento de las personas (UNODC, 2009, pág. 2).
Las tecnologías modernas le permiten a los agentes del gobierno infiltrarse en varios aspectos de la vida de una persona. Esto puede tomar distintas formas como la utilización de cámaras miniatura ocultas; (UNODC, 2009, pág. 2) el uso de softwares de reconocimiento facial para determinar la identidad de las personas que aparecen en el sistema de videovigilancia al enlazar el material de video con una base de datos que contenga fotografías de todos los ciudadanos (Pettit, 2017); la utilización de softwares para identificar actividades sospechosas basándose en las imágenes de videovigilancia captadas en lugares públicos (Mallonee, 2017); y de distintos dispositivos de grabación y escucha para reenviar conversaciones hechas a través de un protocolo de voz por internet a un servidor especial; el monitoreo de los movimientos de una persona a través de un dispositivo GPS instalado en un vehículo o monitoreando el teléfono móvil de una persona; o acceder a los archivos almacenados en una computadora e interceptar las comunicaciones hechas por medio de internet (UNODC, 2009, pág. 2). Estos no son necesariamente ilegales por si mismos, siempre y cuando vayan de la mano de mecanismos de responsabilidad y evaluación apropiados y adecuados, además de cumplir con los requisitos legales de privacidad descritos anteriormente.
A pesar de los beneficios significativos que traen consigo dichas tecnologías, incluso en términos de prevención de ataques terroristas, también hay grandes preocupaciones sobre el impacto que dichas medidas pueden causar en el disfrute de los derechos humanos, en especial del derecho a la privacidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) advirtió que existe «el riesgo de que un sistema secreto de vigilancia para la protección de la seguridad nacional puede afectar o, incluso, destruir la democracia en su búsqueda por defenderla» (Weber y Saravia contra Alemania, 2006, párr. 106).
Un problema específico que puede surgir en relación con la cooperación internacional en el intercambio de inteligencia es cuándo los Estados cooperan con otros Estados que tienen garantías legislativas de protección de datos y mecanismos de supervisión de inteligencia débiles para obtener y transferir inteligencia que puede ser ilegal para ciertos órganos del Estado de su propio país recopilar. Dichas prácticas podrían perjudicar la esencia del derecho a la privacidad y del requisito de legalidad (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 2011, párr. 5).
Otra área de preocupación separada, pero que a menudo guarda relación, es el efecto de una legislación sobre la lucha contra el terrorismo mal redactada y a menudo confusa y amplia, al igual que las definiciones de conceptos clave como «terrorismo» o «grupo delictivo organizado». Esto puede facilitar interferencias no permitidas en la privacidad de las personas u organizaciones (Organización de la Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017).
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