Este módulo es un recurso para los catedráticos
La corrupción y la mala gobernanza
Hasta mediados de la década de 1990, los académicos y profesionales eran relativamente ajenos a las cuestiones de mala gobernanza y corrupción. Muchos de ellos incluso argumentaban que algunos tipos de corrupción podrían tener un impacto funcional en el desarrollo económico, ya que podrían «engrasar las ruedas» y acelerar este desarrollo. No obstante, desde que se encuentran disponibles distintos índices y mediciones, como los Indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, numerosos estudios han demostrado que las instituciones gubernamentales que están libres de corrupción y prácticas relacionadas a esta, dentro de lo razonable, influyen de manera muy positiva en un gran conjunto de resultados relacionados con el bienestar humano. Un punto central de este debate ha sido el vínculo entre la calidad de las instituciones gubernamentales que aplican políticas (control de la corrupción y Estado de derecho) y el desarrollo económico (Holmberg, Rothstein y Nasiritousi, 2009).
Las instituciones ineficaces socavan la prestación de servicios públicos, tales como la atención de la salud, la educación y la aplicación de la ley. Cuando los funcionarios públicos no actúan como burócratas que prestan los servicios que se esperan de ellos, las personas pueden intentar obtenerlos de otras formas. En muchos países, las personas a menudo tienen acceso a servicios públicos sin tener que recurrir a alguna forma de soborno, pero no ocurre lo mismo en todo el mundo. Asimismo, cabe destacar el papel de los medios de comunicación en la promoción de la buena gobernanza y en la contribución a la percepción sobre la calidad de la gobernanza a nivel internacional, nacional y local. Para un mayor análisis sobre el papel de los medios de comunicación, consulte el Módulo 10 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Integridad y Ética, así como el Módulo 10 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.
Los conceptos de corrupción y de buena gobernanza tienen una relación causal bidireccional entre sí y se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. Si no existen principios y estructuras de buena gobernanza, se generan más oportunidades para la corrupción. La corrupción, a su vez, puede impedir que se establezcan o se hagan cumplir los principios y estructuras de la buena gobernanza. Las violaciones de los principios de transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho están, al parecer, relacionadas con la corrupción de una manera más cercana. Al final, la corrupción y la gobernanza deficiente son desafíos de seguridad que socavan la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo económico (para un análisis más profundo de cómo la corrupción se relaciona con la paz y la seguridad, consulte el Módulo 11 de la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Anticorrupción.
Una gran cantidad de literatura revela las consecuencias negativas de la mala gobernanza, sobre todo en la forma de corrupción y falta de derechos de propiedad, en áreas como la salud de la población y su acceso a agua potable (Swaroop y Rajkumar, 2002; Holmberg y Rothstein, 2011). La percepción de la mala calidad del Gobierno —que incluye el régimen autoritario, la corrupción y la recesión económica— afecta el voto y la participación en el proceso político de la población (Hooghe y Quintelier, 2014; Kostadinova, 2009;). Råby y Teorell (2010) muestran que las mediciones de buena gobernanza predicen la ausencia de conflictos violentos entre Estados de forma más contundente que las mediciones de democracia. Lapuente y Rothstein (2010) aportan resultados similares para el caso de las guerras civiles. Gilley (2006, pág. 57) incluso demuestra que «la gobernanza general (una combinación del Estado de derecho, el control de la corrupción y la eficacia del Gobierno) es de gran importancia, incluso global, para las evaluaciones que la ciudadanía hace de los Estados». Además, afirma que estas variables de gobernanza repercuten más en la legitimidad política que las variables que miden los derechos democráticos y el bienestar.
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