Publicado en mayo de 2018

Perspectiva regional: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019

Perspectiva regional: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Protección de testigos

 

La capacidad de brindar una protección efectiva a los testigos, así como asistencia y protección a las víctimas, es de suma importancia para asegurar una investigación exitosa y el enjuiciamiento de los grupos delictivos organizados. La protección de testigos forma parte del artículo 24 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. El propósito de esta disposición es proteger de posibles represalias o intimidación a los testigos de casos penales. Estas medidas pueden incluir protección física, como la reubicación, y permiten a los testigos brindar su testimonio de forma que su seguridad esté garantizada.

Los testigos se dividen en tres categorías principales:

  • Colaboradores con la justicia (informantes, otros participantes de la conducta delictiva);
  • Testigos-víctima; y
  • Otros tipos de testigos (testigos inocentes, testigos periciales, entre otros.

Características del programa de protección de testigos

Un análisis de los programas de protección de testigos de 12 países (Alemania, Australia, Canadá, Filipinas, Irlanda, Italia, Jamaica, Kenia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América) encontró importantes similitudes y diferencias en su funcionamiento (Dandurand y Farr, 2010). En particular:

  • La mayoría de los casos de intimidación de testigos que resultaron en la protección de testigos fueron causados por individuos relacionados a organizaciones delictivas.
  • La mayoría de testigos protegidos eran informantes de la Policía con vínculos delictivos o delincuentes asociados a los acusados, mientras que la protección de testigos que no son delincuentes o víctimas era poco común.
  • El nivel de riesgo que enfrenta un testigo dictamina la naturaleza y las dimensiones de las medidas de protección que se deben tomar.
  • La mayoría de los programas de protección de testigos son administrados por fuerzas policiales nacionales o regionales, y la mayoría de estos programas están basados en un punto de vista legislativo.
  • Por lo general, los medios y el público comprenden la necesidad y apoyan la existencia de los programas de protección de testigos.
  • Se identificó que en la mayoría de jurisdicciones existe la necesidad de una mejor supervisión, evaluación y protección de los intereses de los testigos.
  • No existe suficiente información de fuente abierta para realizar una correcta comparación de la efectividad de los programas de protección de testigos en las distintas jurisdicciones.
  • Se han realizado pocos intentos para evaluar sistemáticamente los programas de protección de testigos en cualquier jurisdicción.

La razón por la que son necesarios los procedimientos específicos para la protección de testigos es permitir que estos den testimonio en un entorno judicial o que cooperen con las investigaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sin temor o amenazas de intimidación o represalia. Dicha protección es fundamental para mantener el Estado de derecho.

La protección puede ser tan simple como proporcionar una escolta policial hasta la sala del tribunal o una sala de espera independiente. Otras medidas judiciales de protección incluyen mantener la confidencialidad de la información de los testigos protegidos, cerrar el tribunal, sellar los expedientes del juicio, ofrecer residencia temporal en una casa segura, usar la distorsión de voz, ocultar el rostro o recibir el testimonio por videoconferencia.

Sin embargo, también hay casos en los que la cooperación de un testigo es fundamental para la acusación, pero el poder y el control del grupo delictivo organizado en cuestión son de alto alcance, por lo que se requieren medidas adicionales mediante un programa formal de protección de testigos. En estos casos, la única alternativa viable puede ser el reasentamiento del testigo con una identidad nueva en un lugar de residencia nuevo y no revelado en el mismo país o incluso en el extranjero para garantizar la seguridad del testigo.

Tipos de programas de protección de testigos

La UNODC llevó a cabo un análisis de programas formales de protección disponibles para testigos en procedimientos penales en 43 Estados miembro. De estos, 14 jurisdicciones (33 %) tenían programas completos de protección de testigos que pudieron reubicar y cambiar la identidad de testigos amenazados, cuatro jurisdicciones (9 %) promulgaron una nueva legislación que prevé el establecimiento de programas de protección de testigos, pero aún no se encuentran operacionales. Dieciocho jurisdicciones (42 %) no contaban con programas establecidos, pero contaban con cierto tipo de medidas de seguridad como protección policial o procesal en los tribunales, y siete jurisdicciones (16 %) no tenían ningún tipo de medidas de protección de testigos (UNODC, 2008).

Existen diferencias considerables entre los países en relación a sus tradiciones jurídicas, situación política, fase de desarrollo, sociedad y cultura, y niveles y tipos de delito (Dammer y Albanese, 2014; Reichel, 2017). Estas diferencias reflejan el tipo y la dimensión de la protección que cada país brinda.

Protección del personal judicial y otros agentes clave en casos de delincuencia organizada

Es importante también considerar si existen protecciones para el personal judicial. En la mayoría de países, solo en circunstancias excepcionales se incluye en los programas de protección de testigos a jueces, fiscales, agentes encubiertos, testigos periciales, intérpretes, transcriptores o jurados. Se considera que la intimidación y las amenazas en contra de sus vidas están relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Pueden calificar a protección policial especial, transferencias de trabajo o jubilación anticipada, pero su protección es de una naturaleza diferente a la de las medidas de protección destinadas a los testigos en situación de riesgo.

Las similitudes entre programas nacionales de protección de testigos pueden resumirse de la siguiente manera:

  • Existe una combinación de protección de testigos, mitigación de penas y testimonio;
  • Existe una atención casi exclusiva sobre el pequeño grupo de testigos cruciales que ofrecen cambiar de bando y cooperar con la acusación, pero exigen protección para seguir con vida;
  • El uso de la reubicación y el cambio de identidad —basado en casi el mismo criterio (tipo de delito, amenaza, idoneidad, participación voluntaria)— como último recurso para garantizar la seguridad del testigo.

Algunos de los elementos más importantes para el establecimiento y la operación de los programas de protección de testigos incluyen políticas y criterios claros (UNODC, 2008). A continuación, se resumen ejemplos de los tipos de políticas:

  • Una base jurídica y normativa clara para diseñar una metodología y realizar operaciones;
  • Una financiación adecuada que sea estable y continúe durante muchos años;
  • Calificaciones estrictas del personal y exámenes de antecedentes;
  • Protección de la integridad del programa;
  • Estrecha coordinación con autoridades gubernamentales, judiciales y otras comprometidas con el cumplimiento de la ley y la información de inteligencia, la administración penitenciaria, la vivienda pública, la salud y los servicios de seguridad social, entre otros;
  • Rendición de cuentas y transparencia que se ajusten a las necesidades especiales de seguridad del programa;
  • Obligación de las autoridades gubernamentales de prestar la asistencia apropiada, salvaguardando la información que se les ha revelado;
  • Capacidad de brindar asistencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales.

Además de las cuestiones de proceso en el funcionamiento de un programa formal de protección de testigos, existen también diversas cuestiones administrativas fundamentales que requieren atención. Por ejemplo, proteger a los testigos mediante un programa formal de protección de testigos es más difícil de lo que parece. En algunos casos, los familiares del testigo u otras personas cercanas también son amenazadas o lastimadas con el fin de intimidar al testigo protegido. Los cónyuges y los hijos que son reubicados con el testigo también sufren, pues deben abandonarlo todo y mudarse a un lugar nuevo con una identidad nueva, sin sus demás familiares. Los tres principales problemas a los que se enfrentan quienes están en los programas de reubicación son el dinero, la confidencialidad y el hogar (Earley y Shur, 2002; Kelly, Schatzberg y Chin, 1994; Violet y Partington, 2011).

a) El dinero nunca es suficiente: muchos colaboradores con la justicia son despilfarradores que pueden no tener las habilidades para presupuestar o ahorrar dinero, además de carecer de disciplina para trabajar. Estas habilidades se tienen que aprender.

b) Confidencialidad perpetua: a pesar de que se les pide a los delincuentes que no revelen su nueva ubicación a nadie, suelen decírsela a sus padres, hermanos o amigos. Esta información puede filtrarse y ser una amenaza para la seguridad de la persona en el programa.

c) Nunca poder volver a casa: existe finalmente un innato deseo de volver a casa para visitar a la familia, los amigos y el antiguo vecindario. El riesgo de realizarlo es bastante alto y el programa de protección de testigos debe trabajar muy duro para convencer a los delincuentes de que deben dejar el pasado atrás para siempre.

Estos tres aspectos de la naturaleza humana hacen que la reubicación de los testigos sea más difícil de gestionar debido a la necesidad de mantenerse vigilantes para proteger al testigo y sus familias de las represalias, y del deseo de volver del propio testigo. El programa de protección de testigos exige un alto nivel de motivación por parte de los testigos protegidos para cambiar sus vidas por completo, algo que suele ser difícil de hacer.

Costos de los programas de protección de testigos

Los costos que comprenden los programas de protección de testigos son los de reubicación y asistencia brindadas a los testigos, además de la posibilidad de que los testigos protegidos que son delincuentes puedan cometer nuevos delitos luego de ser reubicados. También hay preocupación al proteger a testigos que son nacionales extranjeros, lo que implica un gasto para las autoridades nacionales, así como para la seguridad y responsabilidad interna (Abdel-Monem, 2003; Trotter, 2012).
  
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