El surgimiento de nuevos opioides sintéticos y de una oferta y demanda sin precedentes de otras drogas ha agravado las repercusiones del problema mundial de las drogas, provocando un aumento de los trastornos por consumo de drogas y de los daños ambientales, según el Informe Mundial sobre las Drogas presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“La producción, el tráfico y el uso de drogas siguen exacerbando la inestabilidad y la desigualdad, al tiempo que causan daños incalculables a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas”, declaró la Sra. Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Necesitamos proporcionar tratamiento y apoyo basados en evidencia a todas las personas afectadas por el uso de drogas, mientras nos enfocamos en el mercado de las drogas ilícitas e invertimos mucho más en prevención”.
El número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años. El cannabis sigue siendo la droga más ampliamente consumida en todo el mundo (228 millones de consumidores), seguido por los opioides (60 millones de consumidores), las anfetaminas (30 millones de consumidores), la cocaína (23 millones de consumidores) y el éxtasis (20 millones de consumidores).
Los nitazenos, un grupo de opioides sintéticos que pueden ser incluso más potentes que el fentanilo, han surgido recientemente en varios países de renta alta, lo que ha provocado un aumento en las muertes por sobredosis.
Si bien alrededor de 64 millones de personas en el mundo sufren de trastornos por el uso de drogas, solo una de cada 11 recibe tratamiento. Las mujeres tienen menos acceso al tratamiento que los hombres: solo una de cada 18 mujeres con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento en comparación con uno de cada siete hombres.
En 2022, se estima que 7 millones de personas tuvieron algún contacto formal con la policía (arrestos, amonestaciones, apercibimientos) por delitos relacionados con las drogas, de los cuales cerca de dos tercios se debieron al uso o a la posesión de drogas para su consumo. Además, se procesaron a 2.7 millones de personas por delitos relacionados con las drogas y más de 1.6 millones tuvieron una sentencia en todo el mundo en 2022, aunque hay diferencias significativas entre regiones en cuanto a la respuesta de la justicia penal a los delitos relacionados con las drogas.
Los traficantes de drogas en el Triángulo Dorado se están diversificando hacia otras economías ilícitas, en particular el tráfico de vida silvestre, el fraude financiero y la extracción ilegal de recursos. Las comunidades desplazadas, pobres y migrantes están sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad, viéndose obligadas en ocasiones a recurrir al cultivo de opio o a la extracción ilegal de recursos para sobrevivir, cayendo en la trampa de endeudarse con grupos delictivos o en el autoconsumo de drogas.
Estas actividades ilícitas también están contribuyendo a la degradación ambiental mediante la deforestación, el vertimiento de desechos tóxicos y la contaminación química.
En 2022, se produjo una nueva cifra récord de 2,757 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2021. Por su parte, el cultivo mundial de arbusto de coca aumentó 12% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar las 355,000 hectáreas. El auge prolongado de la oferta y demanda de la cocaína ha coincidido con la escalada de violencia en los estados ubicados a lo largo de la cadena de suministro, principalmente en Ecuador y los países del Caribe, y un incremento en los daños a la salud en los países de destino, incluidos los de Europa Occidental y Central.
Para enero de 2024, Canadá, Uruguay y 27 jurisdicciones de Estados Unidos habían legalizado la producción y venta de cannabis para uso no médico, mientras que en otras partes del mundo han surgido diversos enfoques legislativos.
En estas jurisdicciones en las Américas, el proceso parece haber acelerado el consumo nocivo de la droga y ha dado lugar a una diversificación de los productos de cannabis, muchos de ellos con un alto contenido de THC. Las hospitalizaciones relacionadas con trastornos por consumo de cannabis y la proporción de personas que sufren trastornos psiquiátricos e intentos de suicidio asociados al consumo habitual de cannabis han aumentado en Canadá y Estados Unidos, especialmente entre personas jóvenes adultas.
A pesar de que el interés en el uso terapéutico de sustancias psicodélicas ha seguido creciendo para el tratamiento de algunos trastornos de salud mental, la investigación clínica aún no ha dado lugar a alguna directriz científica estándar para su uso médico.
Sin embargo, dentro del “renacimiento psicodélico” más amplio, los movimientos populares están contribuyendo a un creciente interés comercial y a la creación de un entorno propicio que fomenta un amplio acceso al uso no supervisado, “cuasiterapeútico” y no médico de las sustancias psicodélicas. Estos movimientos tienen el potencial de superar la evidencia terapéutica científica y el desarrollo de directrices para el uso médico de psicodélicos, lo que podría comprometer los objetivos de salud pública y aumentar los riesgos para la salud asociados al uso no supervisado de sustancias psicodélicas.
Tras el drástico descenso de la producción de opio de Afganistán en 2023 (95% respecto a 2022) y el aumento en la producción en Myanmar (36%), la producción mundial de opio disminuyó 74% en 2023. La drástica contracción del mercado afgano de opiáceos hizo que los agricultores afganos fueran más pobres y unos pocos traficantes más ricos. Las consecuencias a largo plazo, entre ellas la pureza de la heroína, el cambio a otros opiáceos por parte de los consumidores de heroína y/o un aumento de la demanda de servicios de tratamiento por opiáceos, podrían sentirse pronto en los países de tránsito y destino de los opiáceos afganos.
El Informe describe cómo el derecho a la salud es un derecho humano reconocido internacionalmente que pertenece a todos los seres humanos, independientemente de la situación de uso de drogas de una persona o si una persona está privada de la libertad, detenida o sentenciada a prisión. Esto incumbe por igual a las personas que usan drogas, a sus hijos e hijas, a sus familias y a otras personas de sus comunidades.