La delincuencia organizada está en auge a nivel mundial, afecta la gobernanza y los procesos políticos, y debilita la promoción del estado de derecho y de los derechos humanos. Caracterizada por su agilidad y múltiples dimensiones, se nutre de la desigualdad y la marginación, y a la vez se adapta a las nuevas tecnologías. Los grupos de la delincuencia organizada y su modus operandi evolucionan rápidamente a raíz de los cambios estructurales en los planos nacional e internacional, y más recientemente se han aprovechado de las oportunidades creadas por la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Estos grupos a menudo explotan la inestabilidad política y los espacios que están fuera del control de los gobiernos para promover sus fines comerciales ilícitos. Los efectos de la delincuencia organizada se sienten en todo el mundo, por cuanto debilitan la gobernanza, pervierten los procesos políticos, promueven la corrupción y la violencia, explotan a las personas vulnerables, socavan los mercados legítimos y plantean una amenaza ambiental cada vez más grave.
La UNODC respalda a los Estados Miembros en su adhesión y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y en el seguimiento de las observaciones del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención.
La UNODC brinda asistencia técnica a los Estados Miembros para que adopten legislación eficaz y políticas, estrategias y planes para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Esto incluye suministrar apoyo a los responsables de la formulación de políticas, a los redactores de la legislación y a otros profesionales para la transversalización de los derechos humanos en los marcos y estrategias legislativos nacionales y regionales y en otras políticas a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada. La UNODC ofrece a los Estados parte de la Convención y a todas las partes interesadas pertinentes herramientas que podrían ser útiles para diseñar y mejorar las leyes, las estrategias y otras políticas dirigidas a lograr que la Convención se aplique en pleno cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, mediante documentos temáticos y la futura Guía práctica sobre la transversalización de la perspectiva de género y los derechos humanos en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En lo referido a la labor programática, en el marco de su Programa Mundial de Desarticulación Delictiva (GPCD), la UNODC apoya a los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico de bienes ilícitos fortaleciendo su capacidad para investigar y llevar ante la justicia a la delincuencia transnacional organizada, y promueve la cooperación internacional para desarticular las redes delictivas en los países de origen, tránsito y destino.
Asimismo, el Programa de Pasajeros y Carga Fronteriza (PCBT) de la UNODC , mediante el Programa de Control de Contenedores (CCP) y el Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) , busca mejorar la capacidad de los gobiernos nacionales de combatir el delito, las drogas ilícitas y el terrorismo, a fin de velar por los derechos humanos y abogar por el estado de derecho. Un aspecto fundamental de todas las actividades realizadas en el marco del PCBT es la consideración cuidadosa de la perspectiva de derechos humanos. Muchos de los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos son de naturaleza transversal y fundamental para los mandatos de la UNODC, entre otras cosas en la esfera de la observancia de la ley.
En particular, el CCP incluye un módulo de capacitación sobre derechos humanos en su programa de formación básica, diseñado según las directrices de las Naciones Unidas. Dicha capacitación se imparte de manera periódica en el marco del CCP y ha sido específicamente adaptada para abordar las situaciones y los aspectos de derechos humanos a los que podrían enfrentarse los funcionarios encargados del control de fronteras, aduanas y similares.
En la misma línea, el AIRCOP tiene por objeto aprovechar al máximo los efectos positivos de los derechos humanos en su labor, incorporándolos en la formulación, el desarrollo y la ejecución de todas sus iniciativas. Las actividades de observancia de la ley, como la intercepción de pasajeros de alto riesgo en los aeropuertos, deben llevarse a cabo dando la máxima prioridad al respeto y la observancia de las normas de derechos humanos. De hecho, la identificación e intercepción de pasajeros de alto riesgo (entre otras cosas mediante el apoyo del AIRCOP al Programa de Lucha contra los Viajes de Terroristas que lleva adelante la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo) se realiza mediante la recopilación y análisis de datos de los pasajeros (incluidos los datos de información anticipada sobre los pasajeros (API) y el registro de nombres de los pasajeros (PNR)), lo que plantea preocupaciones en materia de las normas humanos con relación al derecho a la privacidad y la protección y retención de los datos.
Guía práctica sobre la transversalización de la perspectiva de género y los derechos humanos en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (se publicará a finales de 2023)
Guía práctica para elaborar estrategias de alto impacto contra la delincuencia organizada (disponible en varios idiomas)
Disposiciones legislativas modelo sobre la delincuencia organizada (2º edición, 2021)
En el portal SHERLOC hay disponibles más recursos y herramientas.
Trata de personas | Tráfico ilícito de migrantes | Tráfico ilícito de armas de fuego | Insumos médicos falsificados
Delitos que perjudican el medio ambiente | Ciberdelincuencia | Delincuencia marítima | Money Laundering
La trata de personas es un delito grave y constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Ningún país es inmune a este delito, sea como país de origen, de tránsito o de destino. La trata de personas puede adoptar muchas formas, que incluyen, a modo de ejemplo, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la extracción de órganos o el matrimonio infantil.
La UNODC está determinada a garantizar que los Estados tengan el conocimiento, las habilidades y el nivel de compromiso necesarios para prevenir con eficacia y luchar contra la trata de personas, a la vez que protegen los derechos de las víctimas y los sobrevivientes. Sobre la base del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos, la UNODC promueve el desarrollo de marcos éticos integrales y la recopilación de datos confiables que orienten las políticas y la cooperación técnica. La UNODC ha llevado a cabo investigaciones y ha elaborado orientación práctica y en materia de políticas sobre los derechos de las víctimas para guiar las políticas nacionales pertinentes. La Oficina apoya las respuestas a la trata basadas en enfoques sólidos centrados en las víctimas y los sobrevivientes y con sensibilidad a las cuestiones relacionadas con el género y la infancia, y políticas que no vayan en detrimento de los derechos humanos en las víctimas y los testigos. Una Guía práctica para transversalización de los derechos humanos y la igualdad de género en las intervenciones de justicia penal para abordar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes orienta nuestra labor para apoyar a los Estados y a todas las partes interesadas.Además, la UNODC está determinada a propiciar la participación periódica de los sobrevivientes en su labor, a fin de tener en cuenta sus conocimientos y experiencia, de conformidad con estrictas directrices éticas. La UNODC también fomenta la cooperación y el intercambio de buenas prácticas para establecer sistemas de justicia penal sólidos en los que las voces de las víctimas sean escuchadas, donde se investiguen los casos, donde los responsables sean juzgados y donde las víctimas reciban la indemnización que merecen.
Finalmente, la UNODC contribuye a la transversalización de los derechos humanos en las esferas normativa y de políticas conexas mediante la provisión de orientación experta a los Estados Miembros, mediante debates y foros multilaterales y mediante la promoción de la cohesión y la coherencia en todos los diálogos.
En la siguiente página web específica hay disponible más información sobre la labor de cooperación en materia normativa, técnica y de políticas.
La UNODC también coordina el Grupo Interagencial de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT), un foro multilateral de políticas que tiene el objetivo de mejorar la coordinación y la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes para facilitar un enfoque holístico e integral en torno a la manera de prevenir y combatir el tráfico de personas, entre otras cosas brindando protección y apoyo a las víctimas y los sobrevivientes de este delito.
Además, la UNODC gestiona un Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas, Especialmente las Mujeres y los Niños, que brinda asistencia humanitaria, jurídica y financiera directa a las víctimas.
Informe Mundial sobre Trata de Personas (2022)
Documento temático sobre la lucha contra la trata de personas en situaciones de conflicto (2018)
ICAT:Nota informativa: Abordar la vulnerabilidad de la trata de personas (2022)
ICAT: Nota informativa: La no penalización de las víctimas de trata de personas (2020)
El tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional que viola la legislación migratoria y genera importantes beneficios económicos. Sin embargo, puede tener consecuencias terribles para las víctimas: miles de migrantes mueren todos los años durante las actividades de tráfico. Además, durante su travesía, las víctimas quedan expuestas a diversos abusos y delitos relacionados con sus derechos humanos. En este contexto, nuestras investigaciones informan que a menudo ocurren hechos de violación, robo, secuestro, extorsión y trata de personas. Los migrantes traficados de manera ilícita también podrían quedar detenidos por periodos prolongados, en condiciones similares a la tortura y el maltrato. A menudo deben enfrentar cargos penales o son víctimas de trato discriminatorio o abusivo, y podrían no acceder a la protección y asistencia que necesitan en los países de tránsito o destino, tal como se ha documentado en otra publicación de la UNODC que trata sobre las formas agravadas de tráfico ilícito de migrantes y las cuestiones de género relacionadas, que arrojó luz sobre las experiencias que sufren los migrantes traficados durante sus viajes, entre otras cosas episodios reiterados de violencia sexual, en particular entre las mujeres migrantes.
La UNODC apoya a los Estados en la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La penalización del tráfico de migrantes que se dispone en el Protocolo no busca castigar a los migrantes, sino traer ante la justicia a quienes trafican a otros para obtener un rédito económico. Por lo tanto, la UNODC promueve el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la justicia penal para que logren desarticular con eficacia las redes delictivas y enjuiciar a los responsables. Al hacerlo, la UNODC hace hincapié en que el enfoque en materia de observancia de la ley debe estar sólidamente basado en los derechos, a fin de poner en primer lugar la protección y la asistencia para los refugiados y los migrantes, independientemente de su condición, y priorizar los derechos y la seguridad de los migrantes que son víctimas de delitos. También cabe destacar que el Protocolo solo penaliza a quienes obtienen beneficios financieros o materiales a partir del tráfico de migrantes, y no a los actores humanitarios que les brindan apoyo a lo largo de su experiencia. La UNODC insta a los Estados a asegurarse de que los migrantes que han sido víctimas de tráfico puedan ejercer todos los derechos que les corresponden, entre ellos el de acceder a la justicia y a ser indemnizados, de conformidad con la legislación sobre derechos humanos. Asimismo, la Oficina promueve el respeto del principio de no devolución, una norma fundamental habitual del derecho internacional que impide que los Estados devuelvan a las personas a lugares donde correrían riesgo de ser torturadas o perseguidas.
En 2021, la UNODC puso en marcha un Observatorio de las Naciones Unidas sobre el Tráfico de Migrantes para evaluar las características, las causas profundas y los efectos del tráfico de migrantes en contextos en rápida evolución. El sitio web público del Observatorio suministra datos actualizados con respecto a la forma de operar de los traficantes de migrantes, las rutas de tráfico ilícito y los abusos perpetrados en esos contextos, lo cual es esencial para proteger mejor los derechos humanos de las personas que son víctimas de este delito.
Abuso y abandono: Una perspectiva de género sobre los delitos agravados del tráfico ilícito de migrantes y su respuesta (2021)
COVID-19 y el tráfico ilícito de migrantes (2021)
Estudio global sobre el tráfico ilícito de migrantes (2018)
El tráfico ilícito y los usos indebidos de las armas de fuego representan una amenaza grave para la paz y la seguridad y obstaculizan el logro de un desarrollo sostenible. Si bien los delitos de fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, de sus piezas y componentes y de municiones no causan víctimas inmediatas, las armas ilícitas socavan el desarrollo, y su mala utilización vulnera gravemente el derecho de las personas a la seguridad, algo que se manifiesta en los elevados niveles de inseguridad física individual (violencia doméstica, violencia callejera, pandillera y delictiva y terrorismo), así como en los conflictos armados a gran escala, en los que estas armas promueven la generalización de la violencia y provocan la mayoría de las muertes.
La UNODC, sobre la base del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, brinda asistencia a los Estados Miembros para establecer sistemas de justicia penal adecuados que respondan con eficacia a los desafíos que plantea la delincuencia organizada, en particular con relación a la fabricación ilícita y el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. La Oficina promueve enfoques integrados que combinan medidas preventivas y reglamentarias dirigidas a garantizar la existencia de controles adecuados con respecto a la fabricación, la transferencia y el movimiento de las armas de fuego a lo largo de su vida útil, a fin de prevenir su fabricación ilícita, robo, desvío para otros fines, tráfico y usos indebidos. En este proceso, promueve el estado de derecho fomentando un enfoque basado en los derechos humanos y velando por el respeto, la protección y la observancia de tales derechos en todos los aspectos de su labor, en particular en sus actividades de asistencia en materia legislativa y en el contexto de sus sesiones de capacitación para detectar e investigar el tráfico de armas y otros delitos relacionados y enjuiciar a los responsables.
Los insumos médicos falsificados constituyen una grave amenaza a la salud pública, ya que podrían ser ineficaces para curar enfermedades, perjudicar a los pacientes e incluso provocar su muerte, por lo que van en menoscabo del derecho a la salud. Otro aspecto que agrava este riesgo para la salud pública es el hecho de que la cadena de suministro de los medicamentos funciona a nivel mundial, por lo que se requiere un esfuerzo concertado a escala internacional para detectar y combatir con eficacia la introducción de medicamentos fraudulentos en las distintas etapas de la cadena.
La UNODC fortalece las capacidades de los Estados Miembros para luchar contra la fabricación ilícita y el tráfico de medicamentos fraudulentos en coordinación con otras partes interesadas, entre otras cosas mediante la elaboración de directrices legislativas, lo que promueve el derecho a la salud.
Además de generar importantes pérdidas en activos e ingresos para muchos países en desarrollo, el robo y la comercialización ilícitos de recursos naturales ponen en riesgo la biodiversidad y las especies amenazadas, así como los medios de subsistencia de las comunidades rurales e incluso la seguridad nacional. Hoy en día, los delitos que perjudican el medio ambiente representan una de las principales actividades de la delincuencia organizada. Los delitos que afectan el medio ambiente tienen particular incidencia en los países en desarrollo, ya que los Gobiernos, que carecen de los recursos necesarios, a menudo no son capaces de regular la explotación de sus recursos naturales. Lejos de promover el progreso económico, la gestión ineficaz de la riqueza natural puede traducirse en una mala gobernanza, corrupción e incluso conflictos, con impactos potencialmente trágicos sobre los derechos humanos.
Sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la UNODC, mediante su Programa Mundial sobre los Delitos que Afectan al Medio Ambiente y al Clima, promueve la lucha contra el comercio ilegal de los productos de la fauna y flora silvestres, los bosques y la minería en tres niveles: la prevención, el cumplimiento y los medios de subsistencia. La UNODC brinda apoyo en materia de fortalecimiento de las capacidades a los países de origen, tránsito y destino de las rutas de tráfico de los productos de la fauna y flora silvestres y los bosques, entre otras cosas mediante la provisión de capacitación y apoyo especializados a guardabosques, funcionarios policiales y aduaneros, fiscales, investigadores y al poder judicial, y promueve la cooperación interinstitucional y transfronteriza. La Oficina también suministra asistencia legislativa a los países afectados por delitos que perjudican el medio ambiente, como el tráfico de desechos o el comercio ilícito de recursos naturales. Asimismo, la UNODC promueve medios de subsistencia alternativos que fomenten y favorezcan el desarrollo de los Estados afectados, sobre la base de los principios de responsabilidad compartida y derechos humanos.
La ciberdelincuencia puede manifestarse en delitos que dependen de los recursos informáticos y delitos que estos recursos posibilitan. En general, todas las modalidades de la delincuencia organizada transnacional y del tráfico ilícito se han vuelto cada vez más dependientes de las herramientas informáticas o las han incorporado. Esta situación en proceso de cambio constante exige que los Estados se mantengan al día con los avances de la tecnología y que desarrollen habilidades para luchar contra esos delitos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y asegurándose de que las respuestas del sistema penal se ajusten al derecho internacional.
La UNODC promueve iniciativas de fortalecimiento de la capacidad sostenibles y a largo plazo y brinda asesoramiento técnico para prevenir y luchar contra la ciberdelincuencia aplicando un enfoque holístico, sobre la base de las normas internacionales y las mejores prácticas. La Oficina brinda asesoramiento técnico en seis esferas: ciberinvestigación, análisis forense digital, pruebas digitales, criptomonedas, explotación y abuso sexual infantil en línea y prevención de la ciberdelincuencia.
Nuestros recursos sobre la ciberdelincuencia:
Capacitación en línea
Módulo sobre ciberdelincuencia 3 (unodc.org)
La piratería y la delincuencia marítima amenazan la seguridad marítima al poner en riesgo el bienestar de los navegantes y la seguridad de la navegación y el comercio. Estos actos delictivos podrían dar lugar a la pérdida de vidas, a daños físicos o a la toma de rehenes entre los navegantes, al tráfico ilícito de migrantes y de sustancias ilegales y a perturbaciones del comercio y la navegación. Los ataques de piratas pueden tener consecuencias de gran alcance, entre ellas impedir la entrega de ayuda humanitaria y aumentar los costos de nuevos envíos a las zonas afectadas.
Mediante su Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima, la UNODC apoya a los estados miembros para que lleven a cabo reformas jurídicas con respecto a la piratería y la delincuencia marítima, para que capaciten a los agentes de cumplimiento de la ley y para que preparen a fiscales y jueces para llevar adelante procesos judiciales contra los delitos marítimos de conformidad con el estado de derecho. El Programa atribuye una gran importancia a la selección de contrapartes nacionales idóneas en lo relacionado con su perfil en materia de derechos humanos, las cuales deben pertenecer al sistema formal de seguridad y operar dentro de un marco legislativo claro. Además, este Programa de la UNODC incorpora un enfoque de derechos humanos en su labor, lo que garantiza que las intervenciones de la policía y la guardia costera, incluidas las interdicciones y los arrestos, se lleven a cabo de conformidad con estándares mínimos. También se ha brindado capacitación en cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con respecto a las responsabilidades de protección que se establecen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, con relación a las flujos de personas que huyeron del Yemen a Somalia en 2015. Mediante la provisión de intérpretes en todas las etapas, cuando se necesitan, y la asistencia jurídica brindada al comparecer ante los tribunales, el Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima garantiza que se respeten los derechos de los acusados. Este Programa de la UNODC también promueve y facilita la repatriación a su país de origen de los piratas somalíes condenados en el extranjero, lo que les permite mantener vínculos más cercanos con sus familias. Asimismo, la UNODC brinda formación profesional en centros penitenciarios para facilitar la reinserción a la sociedad de los reclusos liberados. Se presta especial atención a los delincuentes o reclusos que son mujeres y a los jóvenes. Este programa de la UNODC también tiene en cuenta los aspectos de derechos humanos en toda su labor legislativa, y ha destinado a la cuestión de los derechos humanos en el mar un capítulo de la tercera edición de su manual de capacitación sobre la delincuencia marítima para los profesionales de la justicia penal.
Delincuencia marítima: Manual para los profesionales de la justicia penal
El lavado de dinero obstaculiza el progreso hacia el desarrollo sostenible y va en menoscabo del estado de derecho, lo cual también repercute en el ejercicio de los derechos humanos. Los delincuentes se valen de este proceso para disfrutar de ganancias ilícitas sin poner en riesgo su procedencia. Si no se aplican controles, las organizaciones delictivas pueden socavar la integridad de las instituciones financieras o hacerse con el control de vastos sectores de una economía nacional. Conscientes de la necesidad de hallar un equilibrio entre la criminalización y los aspectos relativos a la justicia penal y la protección y resguardo de los derechos humanos, la UNODC evalúa de manera permanente la gama de grupos objetivo que se benefician de sus programas, se asegura de que sus actividades de fortalecimiento de las capacidades y gestión de los conocimientos incluyan la protección de los derechos humanos como componente clave, y vela por que la legislación, las políticas y las estrategias de lucha contra la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incorporen principios de derechos humanos.
Capacitación en línea:
UNODC Global eLearning: lavado de dinero y delitos financieros
