La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC,por sus siglas en inglés) - a través de la Iniciativa TRACK4TIP- y la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena organizaron el Evento Paralelo Fortalecimiento de la capacidad de los profesionales de la justicia penal en las Américas para combatir la trata de personas en el contexto de los flujos migratorios: ¿Cómo incorporar los estándares internacionales en la respuesta nacional? en el Marco del 30 Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)
Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la UNODC fue el moderador del evento. Junto él estuvieron Jatzel Román González, Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana; Elizabeth Salmón, Directora Ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP); Romina Sijniensky, Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Ángel Fernando Castro, Fiscal contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de Colombia; Natividad Ramona Santos, Jueza de La Tercera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo, República Dominicana.
El evento de alto nivel tuvo como objetivo debatir sobre los retos de la justicia penal para combatir la trata de personas en contextos migratorios y compartir buenas experiencias que han fortalecido las capacidades de los operadores de justicia de los países invitados desde la puesta en marcha de TRACK4TIP (Transformando Alertas en Respuestas de la Justicia Penal), iniciativa desarrollada por la UNODC con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El delito de la trata de personas aparece como uno de los más peligrosos riesgos que afectan a los y las migrantes. Las particularidades de este delito, tales como su impacto diferenciado en razón de la edad y el género, o el desconocimiento del perfil de perpetradores y víctimas como consecuencia del alto sub registro del delito, imponen una serie de desafíos para los Estados”, dijo el señor Zuleta durante la presentación del evento.
Al respecto, Jatzel Román González, comentó que República Dominicana está llevando a cabo cambios a su legislación en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. “A la capacitación de nuestros policías, fiscales y jueces hay que añadir la importancia de la cooperación internacional para mantener estándares regionales e internacionales que nos permitan enfrentar este delito salvaguardando los derechos humanos de las víctimas”.
Precisamente, combatir la trata de personas de forma eficiente y brindar justicia a las víctimas fue el eje que presentó Elizabeth Salmón de Perú al hacer hincapié no solo en el rol de autoridades judiciales sino en las obligaciones generales y específicas que los Estados tienen de respetar los derechos y libertades. “Un rol mucho más activo respecto a la protección de derechos humanos; cuando los Estados crean barreras vulneran el mandato de no discriminación”, dijo y describió los elementos indispensables para un abordaje adecuado en los casos de trata: en la identificación, investigación y judicialización y en tema de protección y asistencia, interpretación de la norma en función de estándares del Sistema Interamericano; el compromiso con la no impunidad en el contexto migratorio para evitar la repetición; juzgados especializados y con perspectiva de género, con enfoque de interseccionalidad, cooperación internacional; y la articulación con otros funcionarios estatales como autoridades laborales, migratorias para diseñar e implementar herramientas destinadas al empoderamiento de víctimas potenciales y reales.
Mientras, Romina Sijniensky, desde su amplia experiencia como Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recalcó la importancia de incorporar estándares internacionales para analizar las vulnerabilidades que enfrentan a los flujos migratorios, profundizados por la pandemia de COVID19. “La Corte Interamericana ha desarrollado los estándares internacionales, con aplicación de perspectiva de género, identificación, protección y asistencia. Es necesario ahondar en las campañas de difusión a la población en riesgo y el establecimiento de la reparación integral”.
Por su parte, el fiscal colombiano Ángel Fernando Castro, no dejó pasar por alto que los países de la región son víctimas de diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada transnacional que aprovecha las limitadas capacidades de cada Estado. “La pandemia nos ha demostrado que se hace necesaria una homologación de instrumentos de utilidad estratégica y procesal para la totalidad de fiscales del continente. En ese aspecto, el apoyo de UNODC, TRACK4TIP y el Departamento de Estado (de EEUU) ha sido fundamental”.
Finalmente, la jueza de República Dominicana, Natividad Ramona Santos, identificó que la trata de personas es un delito de “bajo riesgo y altos beneficios para las redes criminales” razón por la que los casos no cesan. Frente a ello, su país optó por crear espacios de espacios de atención permanente en el área judicial que están distribuidos en todo el país y trabajan 24/7. “Los testimonios de las víctimas se pueden grabar, se pueden hacer desde entornos virtuales y son considerados testimonio de prueba, lo que evita la revictimización”.
Sobre el programa TRACK4TIP
TRACK4TIP es una iniciativa de tres años (2019-2022), implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir la Trata de Personas / JTIP.
El proyecto beneficia a ocho países de América del Sur y el Caribe con acciones nacionales y regionales en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal regional a la trata de personas, en los flujos migratorios de los países beneficiarios a través de un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas, con acciones a nivel regional y nacional para identificar, prevenir y procesar casos.
Esta nota de prensa fue posible gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en virtud de los términos del Acuerdo Nº SSJTIP19CA0027. Las opiniones expresadas en el son las de su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos
