La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son crímenes horrendos y generalizados que ocurren en todas las regiones del mundo. A continuación, se responden siete preguntas clave que nos ayudan a entender mejor estos delitos y sus particularidades en América Latina y el Caribe.
Solo en 2020, las autoridades de 25 países de la región detectaron y reportaron alrededor de 4 300 víctimas de trata de personas a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ese mismo año, el promedio de víctimas en América del Sur fue de aproximadamente 0.9 por cada 100 000 personas, mientras que en Centroamérica y el Caribe fue de 0.64 por cada 100 000 personas.
Sin embargo, estas cifras solo representan los casos detectados. La trata de personas a menudo es oculta y subreportada. Es probable que su verdadera magnitud sea mucho mayor y que involucre a millones de personas.
Las víctimas en América Latina suelen ser tratadas principalmente dentro de sus propios países. De manera similar, los tratantes son, en su mayoría, ciudadanos del país donde fueron condenados.
No obstante, alrededor del 25% de las víctimas en 2020 eran de otros lugares, algunas de países vecinos y otras de regiones distantes.
Según estimaciones de UNODC, entre 200 000 y 400 000 personas migrantes centroamericanas son traficadas a través de México hacia los Estados Unidos cada año.
Con cientos de miles de personas en movimiento en América, huyendo de la pobreza o la violencia, muchas veces con estatus migratorio irregular, muchas terminan en manos de tratantes.
Las personas migrantes pueden ser engañadas, coaccionadas o forzadas por criminales a situaciones de explotación, como el trabajo forzado por poco o ningún salario.
La trata de personas y el y el tráfico ilícito de migrantes suelen ser impulsados por la pobreza, la desigualdad, la violencia armada, el crimen, la inestabilidad política, los desastres naturales y otros factores de desplazamiento y vulnerabilidad, como el cambio climático.
Estos factores crean desesperación, lo que lleva a las personas a buscar oportunidades, a veces en el extranjero, lo que puede derivar en explotación.
Una proporción significativa de las víctimas de trata de personas en América Latina y el Caribe son mujeres y niñas.
En América del Sur, las mujeres representan el 45% de las víctimas detectadas, mientras que las niñas constituyen otro 15%. En Centroamérica y el Caribe, el panorama es alarmante: las niñas representan la mayoría –52%– de las víctimas detectadas, con las mujeres constituyendo el 30%.
El principal propósito de la trata es la explotación sexual y laboral. La explotación ocurre principalmente en clubes nocturnos, burdeles no oficiales, hoteles, apartamentos y bares.
Los casos recopilados por UNODC revelan un patrón de pequeños grupos que se enfocan en mujeres para explotación sexual.
Las víctimas son reclutadas mediante engaños para trabajar en clubes nocturnos y otros lugares, solo para encontrarse atrapadas en situaciones de explotación, bajo constante vigilancia y control.
Los tratantes pueden operar solos, en redes informales, como organizaciones comerciales o como parte de grupos criminales altamente organizados y jerárquicos.
En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, la mayoría de los perpetradores en América no tienen antecedentes criminales y operan a pequeña escala mediante conexiones personales.
Los grandes grupos criminales no parecen estar muy involucrados en este delito, aunque se benefician al cobrar un "impuesto" por el paso de las personas migrantes.
Una de las áreas de trabajo de UNODC es capacitar y asesorar a personas que utilizan este conocimiento para combatir a los tratantes y traficantes, además de apoyar a las víctimas.
El 26 de agosto de 2024, UNODC, junto a la Universidad para la Paz (UPEACE) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), organizó un programa especial de aprendizaje: la Academia Internacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El curso de dos semanas, llevado a cabo en San José, Costa Rica, ayudará a 40 profesionales de la justicia penal de América Latina y el Caribe a aprender sobre las técnicas de investigación más recientes, los medios de cooperación internacional efectiva, la protección de víctimas y otros temas.
Entre los panelistas de la Academia se incluyeron representantes de gobiernos nacionales y agencias de aplicación de la ley, así como de UNODC, INTERPOL y UPEACE.
Durante la Academia, el Sr. Roberto Almendras, de la Fiscalía de Bolivia, señaló: "La delincuencia organizada está en aumento en nuestra región y necesitamos organizarnos como países para combatirlo, compartir conocimientos y adquirir nuevas habilidades".
Se planea una segunda Academia en 2025, así como más ediciones en el futuro.
La Academia Internacional es financiada por Asuntos Globales de Canadá como parte del Proyecto Turquesa, una iniciativa liderada por UNODC y la INTERPOL, que tiene como objetivo identificar y responder a los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en América.
