Los esfuerzos del Tribunal Supremo para prevenir la entrada de la COVID-19 en los Estados Federados de Micronesia

Juez Dennis K. Yamase

El Juez Dennis K. Yamase es el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Federados de Micronesia. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.

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Hasta el 1 de mayo de 2020 no se han confirmado casos de COVID-19 en los Estados Federados de Micronesia (EFM). El 3 de abril de 2020 el Tribunal Supremo se unió al Gobierno Nacional de los EFM y a los cuatro gobiernos estatales con el objetivo de evitar que el coronavirus entre en el país. [1] En este sentido, el Tribunal Supremo emitió la Orden de Emergencia nº 1, en respuesta a la pandemia mundial de COVID-19.

En dicha Orden, el Tribunal estableció sus principales funciones durante este período de estado de emergencia de la salud pública, siendo éstas:

• proteger la salud y la seguridad de todos los usuarios y empleados de los tribunales;

• mantener todas las tareas esenciales del poder judicial;

• y aportar una contribución adecuada del poder judicial al proceso de protección de la salud, la seguridad y el bienestar del público durante esta época de riesgo.

Para continuar con sus responsabilidades, el Tribunal redujo su horario de trabajo y evaluará y restringirá las actividades en los tribunales a aquellas que requieran una presencia física. Las oficinas de los secretarios de los tribunales en cada estado permanecerán abiertas y seguirán aceptando las presentaciones en persona. El Tribunal supervisará todos los asuntos y suspenderá las actuaciones con salas de audiencias abarrotadas en las que no se pueda mantener el distanciamiento social. El Tribunal también ha recomendado la videoconferencia u otros contacto personal. El Tribunal amplió los plazos de presentación y otros plazos durante el tiempo en que la orden de emergencia estuvo en vigor.medios alternativos para evitar un estrecho

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y de los cuatro gobiernos estatales por trabajar en estrecha cooperación para promulgar medidas preventivas destinadas a hacer frente a la pandemia de COVID-19, el 15 de abril de 2020 se presentó la primera impugnación jurídica de las medidas de cuarentena obligatorias establecidas por el Estado Federal de Pohnpei.

La impugnación jurídica se produjo cuando el Gobierno Nacional presentó un recurso de hábeas corpus en nombre de la tripulación de un barco de patrulla marítima nacional, el FSS Micronesia. La embarcación había regresado de un viaje al Estado de Chuuk y al atolón de Oruluk, dentro de las aguas del Estado de Pohnpei, para rescatar a un joven herido que había sufrido una mordedura de tiburón, y necesitaba tratamiento médico en Pohnpei, y a la familia del joven. Cuando la embarcación regresó, la policía del Estado de Pohnpei informó a la tripulación de que debía permanecer a bordo de esta para la cuarentena.

El Departamento de Justicia presentó un recurso de hábeas corpus para que los detenidos comparecieran ante el Tribunal a fin de determinar si las detenciones eran legales. El Estado de Pohnpei argumentó que las detenciones eran legales debido a la imperiosa emergencia de salud pública. Sin embargo, el Gobierno Nacional alegó que la cuarentena era ilegal y que constituía una obstrucción a una facultad que se le había otorgado expresamente para vigilar y patrullar las aguas nacionales. La cuarentena de toda la tripulación del SFS de Micronesia dio lugar a una disminución de la capacidad del Gobierno Nacional para patrullar las aguas de la nación en un tercio, ya que sólo tiene tres barcos de patrulla nacional.

La disputa acabó siendo irrelevante cuando el Estado de Pohnpei liberó a la tripulación del buque antes de que terminara la cuarentena de 14 días y el Tribunal pudo pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esto se debió a que el Estado de Pohnpei recibió kits de prueba de COVID-19 y pudo confirmar que ninguna de las personas transportadas a Pohnpei tenía COVID-19.

El Gobierno Nacional, los cuatro gobiernos estatales y el Tribunal Supremo persisten en sus esfuerzos para que los EFM permanezcan libres de COVID-19. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo está tratando de mantener sus operaciones y el acceso a la justicia con la menor disrupción posible. Si se detecta un caso de COVID-19, el Tribunal enmendará la Orden de Emergencia nº 1 según proceda para tomar nuevas medidas que eviten que la COVID-19 se extienda dentro de los EFM.