¿Compromete la sobrecarga judicial la independencia y autonomía de los jueces?

El Magistrado Israel Guerrero Hernández es miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, Colombia.

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No hay discusión ni foro sobre la administración de justicia en el que no se mencione la independencia judicial como pilar del estado constitucional de derecho. Debe preservarse contra amenazas reales o percibidas de otras autoridades, especialmente del poder ejecutivo.

La Constitución de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho y que la judicatura es independiente. Por lo tanto, el poder judicial no puede ni debe ser sometido a situaciones de interferencia abierta o encubierta por parte del poder ejecutivo, grupos económicos o armados.

Sin embargo, en mi experiencia judicial, algunas políticas públicas del poder ejecutivo y legislativo debilitan la independencia de la judicatura sin posibilidad de una verdadera reparación. Por ejemplo, la creación de nuevos delitos en respuesta a la agitación social y al deterioro de la seguridad ciudadana genera un aumento descontrolado de las penas de prisión y la eliminación de medidas penales alternativas. Si bien la "inflación" del sistema judicial con nuevos delitos puede generar la impresión de que es un instrumento eficaz para combatir la inseguridad ciudadana, también se convierte en un obstáculo que impide a los jueces atender casos que causan el mayor daño a la sociedad, como los actos de corrupción pública.

Los casos de corrupción pública, una vez que la atención inicial de los medios y los escándalos pasan, a menudo se convierten en parte de la creciente impunidad y, por lo tanto, aumentan la desconfianza del público en la administración de justicia. Esto resulta en una mayor presión sobre los jueces, quienes también son vistos como corruptos, ya que, al final, todos sus esfuerzos se dedican a perseguir delitos menores.

La carga de trabajo de los miembros del poder judicial aumenta día a día. Esta congestión judicial se debe a la proliferación de leyes debido a la introducción de nuevos delitos y al aumento de las penas. Los jueces están bajo presión para cumplir con las estadísticas y satisfacer la demanda de justicia rápida y eficaz. Por lo tanto, surge la pregunta de si esta situación permite la dispensa de justicia precedida por un análisis considerado y tranquilo de cada caso. Si la respuesta no es afirmativa, entonces: ¿se garantiza la independencia judicial o se ha socavado en medio de las demandas de productividad sin más consideraciones?

Con la congestión de la maquinaria judicial, los jueces son progresivamente menos independientes a la hora de impartir justicia rápida y efectiva. Esto afecta las demandas y expectativas de los usuarios del sistema de justicia y conduce a la pérdida de prestigio y desconfianza en los operadores de justicia, que solo se miden por parámetros de productividad, más característicos de las empresas en una sociedad de libre mercado.

En este escenario, la inteligencia artificial (IA) está irrumpiendo con fuerza, y ya se ha anunciado que los jueces pronto serán en gran medida reemplazados por máquinas, como ChatGPT. Muchos abrazan esta aspiración con entusiasmo. Naturalmente, es absurdo oponerse al creciente progreso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de aumentar el bienestar de la humanidad. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿las herramientas de IA, dada su productividad extremadamente alta, reemplazarán a los seres humanos en la tarea de impartir justicia? Además, uno debe preguntarse si las herramientas de IA asumirán el papel del juez "Hércules" aludido por el considerado jurista Ronald Dworkin. Entonces, ¿cuál será el destino de la independencia y autonomía judicial, desaparecerá o se abordará desde una perspectiva diferente? En mi papel como juez, considero muy pertinente seguir reflexionando sobre estos temas y las implicaciones que tendrán para la entrega de justicia en la práctica.