Jueza Mina Sougrati
La jueza Mina Sougrati es presidenta del Tribunal Administrativo de Casablanca en Marruecos, así como presidenta de la Unión de Mujeres Juezas de Marruecos y del Capítulo marroquí de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.
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Como miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) y como jueza marroquí, creo con firmeza que la corrupción y las prácticas poco éticas afectan significativamente al desarrollo y al progreso, además de entorpecer la estabilidad de los países. Prevenir la corrupción judicial requiere sinergia para consolidar el principio de integridad y la moralización de la vida pública, así como también relacionar la responsabilidad a la identificación y lucha contra la corrupción. En este sentido, el poder judicial de Marruecos ha mejorado tanto los mecanismos para denunciar la corrupción como el abordaje de la corrupción en el poder judicial mismo.
El poder judicial de Marruecos, por ejemplo, continúa modernizando y corrigiendo sus prácticas para solucionar la corrupción en general. En este aspecto, se crearon mecanismos de denuncia más actuales para complementar los métodos de denuncia clásicos (es decir, la policía y la fiscalía iniciaban una investigación luego de que se presentaba la denuncia). Estos mecanismos cuentan con el respaldo de una nueva ley promulgada para proteger a los testigos, los denunciantes, las víctimas y los expertos (Ley número 10/37), y de la inauguración de una línea directa sin cargo del Ministerio de Justicia en junio de 2015. La línea directa para denunciar, conocida como "Línea verde", sirve como un mecanismo rápido y sencillo para denunciar a los culpables en caso de un delito flagrante. El Ministerio también invirtió para optimizar el sitio web y volverlo lo más eficiente posible, transformándolo en una fuente de información ideal para el público.
También es primordial asegurar que cualquier acierto procedimental va guiado a alcanzar una meta más importante, porque el comportamiento poco ético también evoluciona.
En 2018, se creó una nueva entidad: el Centro de Denuncias contra la Corrupción y el Soborno (CRCB). Es un dedicado equipo de 12 agentes que posibilita una interacción más directa con los ciudadanos y, en consecuencia, un tiempo de respuesta más eficiente. La línea directa de teléfono se hizo pública, y se estableció una línea de fax para los ciudadanos que prefieren ese medio. El CRCB recibe llamadas que denuncian cualquier ofensa sobre corrupción financiera (chantajes, malversación, abuso de influencias, traición, etc.). Cuando el centro de recepción recibe una llamada, se la deriva al juez nombrado, quien coordina con el fiscal público de la ciudad donde viven los ciudadanos para detener al sospechoso.
También hubo avances en Marruecos en las denuncias sobre la corrupción relacionada con las cuestiones de género. En un contexto en el que se empodera a las mujeres para defender sus derechos, y para restaurar la confianza en el poder judicial, la Unión de Mujeres Juezas de Marruecos puso en marcha el proyecto "Nuevos estándares para la integridad y la responsabilidad: reconocer el impacto de la corrupción en las mujeres".
Con este fundamento, organizamos talleres para jueces de diferentes departamentos judiciales de Marruecos para presentar el fenómeno de la corrupción sexual, en la que se exigen favores sexuales a cambio de otros servicios. Este tipo de corrupción sexual, llamada "sextorsión" por la IAWJ, se manifiesta en las universidades, en ambientes laborales (tanto del sector público como del sector privado) y en los tribunales. A través de conversaciones entre los jueces y los fiscales durante los talleres, quedó claro que el problema más importante de todos es la denuncia. El miedo y la vergüenza a la estigmatización, la falta de testigos y la dificultad de probar las alegaciones, hace que las víctimas soporten el daño y mantengan el silencio en lugar de denunciar.
Entre las recomendaciones propuestas al final de los talleres, se destacó la necesidad de enfrentar la corrupción existente dentro del poder judicial. Se sugirió que la sextorsión se incluya como un acto inmoral en el Código de Conducta Judicial y entre los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en especial en el comentario sobre el principio de integridad.
Por último, gracias a todos los medios de denuncia hoy en día disponibles para las mujeres marroquíes víctimas de la corrupción, solo puedo decirles: "no se avergüencen, no tengan miedo de denunciar, defiéndanse y denuncien a aquellos que las explotan. ¡En el poder judicial aspiramos a la integridad!"