Corrupción, derechos humanos, independencia judicial

Diego García-Sayán

La corrupción impacta de manera directa sobre la vigencia de los derechos humanos especialmente por dos vías.

De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura o seguridad. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial.  

Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre la administración de justicia. Reduce la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico.

Al buscar la impunidad, la corrupción tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial en su conjunto. Es una causa de los derechos humanos enfrentar la corrupción y su penetración en la administración de justicia. También lo es que se actúe contra la corrupción desde la administración de justicia. En esto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos.

En mi informe presentado el año pasado a la Asamblea General dejé establecido que " Al ser una herramienta clave para enfrentar la corrupción, se puede decir que esta Convención debe ser considerada, también, un instrumento internacional fundamental para la protección de los derechos humanos, y que debería merecer, en consecuencia, atención permanente por los órganos competentes sobre la materia"[1].

Corrupción en los sistemas judiciales

La corrupción debilita medularmente la administración de la justicia ya que genera un impedimento sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura.

La corrupción tiene varias caras y el soborno es sólo una de ellas, la otra es la de la corrupción política, muchas veces más inasible e imprecisa. Su amplio rango de acción le permite influir no sólo en el sistema judicial sino prácticamente en todos los estamentos de la administración del Estado. 

Las interferencias indebidas en la justicia pueden ser también de naturaleza violenta, especialmente cuando se llevan a cabo directamente por miembros del crimen organizado. Estas interferencias están destinadas a asegurar determinados propósitos como el cierre de un determinado caso o la absolución de un individuo concreto.

Corrupción y responsabilidad histórica de la justicia

Las normas internas en los diferentes estados y varios instrumentos internacionales relevantes establecen distintos rangos de obligaciones para enfrentar la corrupción. Pero así como los sistemas judiciales están en la línea de mira de la corrupción y del crimen organizado, las sociedades tienen precisamente en los sistemas judiciales su principal instrumento de prevención y de combate a la corrupción.

El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción[2] -tratado internacional fundamental- hace hincapié en el papel decisivo del poder judicial en la lucha contra la corrupción y establece  que, para desempeñarlo eficazmente, el propio poder judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad. En la Convención se han regulado y normado lineamientos sustantivos fundamentales en materia de organización interna para prevenir y enfrentar la corrupción.

Hay en el tratado obligaciones medulares -sin precedentes en un tratado multilateral- en materia de cooperación internacional entre aparatos judiciales y de fiscalías de Estados soberanos (Capítulo IV). Así, por ejemplo, obligaciones sustantivas y operacionales en materia de extradición, traslado de personas condenadas y asistencia judicial, remisión de actuaciones penales de un país a otro, investigaciones conjuntas y, en general, obligaciones sustantivas claras en materia de cooperación para el cumplimiento de la ley.

Integridad judicial y combate a la corrupción

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción.

Este es un paso importante en el diseño de un lenguaje y perspectiva común entre distintos espacios de Naciones Unidas. Como Relator Especial he expresado ya mi disposición de colaborar con la ejecución de este programa.