Problemática
Perú, con su basto bosque amazónico, que cubre casi el 60% de su territorio y sustenta a más de 50 comunidades originarias, se enfrenta a una seria amenaza: la deforestación, tala y tráfico ilegal de madera, dirigido por organizaciones criminales. Esta actividad ilícita tiene consecuencias devastadoras en términos económicos, ambientales y sociales; desafiando la legalidad, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Además, se complementa con crímenes convergentes, como la corrupción y los delitos económicos relacionados.
Objetivos
- Ampliar la asistencia técnica para asegurar protección de los bosques de Perú mediante el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y las capacidades de los operadores de justicia para abordar los delitos forestales
¿Cuáles son los resultados esperados?
La Fase II facilitará la cooperación y capacitación de las autoridades nacionales a nivel local a través del:
- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales, intercambio de información y coordinación para responder conjuntamente a los delitos forestales
- Mejora de la capacidad técnica para investigar y enjuiciar los delitos forestales
- Refuerzo del conocimiento y sensibilización de la problemática para responder a la corrupción y delitos económicos en el sector forestal
¿De qué se trata?
Ante esta problemática, la respuesta es clara: trabajar de manera conjunta, multisectorial e interinstitucional, impulsando la asistencia técnica a nivel local para hacer frente a los delitos forestales en el país.
Entre el 2019 al 2021, el Equipo Ambiental de UNODC y la Cooperación Alemana, junto al Estado peruano, cooperación internacional, academia y sociedad civil, implementaron la primera fase del proyecto, logrando resultados exitosos a nivel nacional, como la constitución de la Plataforma de Delitos Forestales y el desarrollo de herramientas técnicas para hacer frente a la problemática. Desde el 2023, se continúa con la fase II, fortaleciendo la colaboración entre instituciones del sector y las capacidades de los operadores de justicia para combatir los delitos forestales, brindando asistencia técnica, herramientas innovadoras y conocimientos de expertos nacionales e internacionales, enfocados en la prevención, investigación y persecución de los delitos forestales.
¿Cuál es la población objetivo?
Operadores de justicia (policías, jueces y fiscales) y autoridades del sector forestal
