Puerto Maldonado, Perú, 26 de febrero de 2025.– Representantes de autoridades forestales y aduaneras, operadores de justicia y expertos en tecnología de Brasil y Perú fortalecieron acciones conjuntas para mejorar la lucha contra la tala ilegal, el tráfico de madera y la deforestación en la Amazonía durante su participación en el Foro Regional sobre Cooperación Operativa para la Coordinación Transfronteriza contra los Delitos Forestales entre Perú y Brasil. El evento, realizado en Puerto Maldonado, Perú, fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Perú y Brasil, en cooperación con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) e INTERPOL, en el marco del proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), con el objetivo de promover mecanismos para combatir los delitos que afectan el medio ambiente.
Durante el foro, se destacó la importancia de promover el intercambio de información estratégica y táctica y de fortalecer la coordinación en las zonas fronterizas críticas entre Perú y Brasil. Se resaltaron innovaciones en sistemas de detección e investigación, así como metodologías de intercambio de información para la identificación de tala selectiva y la implementación de sistemas de alerta temprana mediante imágenes satelitales, drones y algoritmos especializados. Estas herramientas permiten garantizar la trazabilidad y origen legal de la madera, además de alertar a las autoridades de manera oportuna. Asimismo, se acordó la necesidad de involucrar a países vecinos y fortalecer la cooperación en delitos emergentes para lograr una coordinación operativa regional más amplia y efectiva.
Como parte del foro, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la metodología de monitoreo y supervisión forestal utilizada por el OSINFOR durante una visita a una concesión forestal cerca de Puerto Maldonado, en la zona fronteriza de la región Madre de Dios con el estado de Acre, Brasil. Mediante el uso de drones, imágenes satelitales y el algoritmo de tala ilegal de OSINFOR, se logró identificar evidencia de tala selectiva en el bosque y compartir buenas prácticas entre ambos países sobre el uso de algoritmos avanzados en campo. Estas herramientas permiten la activación de medidas de protección y proporcionan pruebas sólidas y oportunas para que los operadores de justicia investiguen y sancionen la tala ilegal y el tráfico de madera. También se presentaron medidas de prevención, incluyendo la "Mochila Forestal", una herramienta de capacitación para comunidades locales orientada a prevenir los delitos forestales y fortalecer el conocimiento.
Para Giulia Donnici, Oficial de Proyecto de UNODC Brasil, en el marco del Proyecto LEAP, "los delitos que afectan el medio ambiente requieren una respuesta global e integrada. La interconexión entre los grupos criminales refuerza la necesidad de cooperación internacional, intercambio de información y esfuerzos conjuntos. En UNODC, creemos que el diálogo y la colaboración entre instituciones son esenciales para proteger los recursos naturales y combatir eficazmente los delitos ambientales, lo que nos permite abordar estos desafíos comunes en defensa de la Amazonía y de los biomas amenazados."
Por su parte, el jefe de OSINFOR, Williams Arellano, enfatizó que "este tipo de foros y la colaboración con la UNODC nos permiten compartir nuestras metodologías y fortalecer la lucha contra los delitos forestales en la Amazonía. La tecnología y la cooperación regional son claves para enfrentar la tala ilegal."
El superintendente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) en Rondônia, Brasil, César da Silva Guimarães, resaltó la importancia de la colaboración regional, señalando que "la cooperación operativa y el intercambio de información son esenciales para combatir los delitos forestales." A su vez, el coordinador de delitos forestales en INTERPOL, Adrián Sánchez, subrayó que "la coordinación entre instituciones es crucial para generar pruebas sólidas y actuar de manera efectiva contra la tala ilegal."
El foro concluyó con el análisis de estudios de caso y el compromiso de realizar acciones coordinadas a corto y mediano plazo. Se están organizando acciones conjuntas en campo y un mayor intercambio de información, con el objetivo de desarticular redes criminales involucradas en el tráfico ilegal de madera y la deforestación. Las conclusiones y propuestas acordadas serán compartidas con otras entidades regionales y países amazónicos para consolidar un frente común para la protección y uso sostenible de la Amazonía.
Los resultados del trabajo conjunto continuarán a través de coordinaciones en curso con UNODC e INTERPOL, así como mediante futuros foros operativos trilaterales que incluirán a autoridades de Colombia, Brasil y Perú, junto con otros países de la región amazónica, para abordar nuevas zonas críticas transfronterizas y tecnologías emergentes, reuniendo a las autoridades de primera línea a nivel local.
El foro fue posible gracias a los proyectos de UNODC: Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales, con el generoso apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), y LEAP, en colaboración con INTERPOL, financiado por la Iniciativa Internacional de Noruega sobre el Clima y los Bosques (NICFI). A través de la lucha contra la deforestación tropical, UNODC contribuye a la mitigación del cambio climático y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
LEAP - Programa de Asistencia Policial para Reducir la Deforestación Tropicales el resultado de una asociación entre la Iniciativa Internacional de Noruega sobre el Clima y los Bosques (NICFI), el Programa de Control de Contenedores (CCP), INTERPOL, el Programa Global contra el Lavado de Dinero (GPML) y el Programa Global para el Fortalecimiento de Capacidades en la Prevención y Combate del Crimen Organizado y Delitos Graves (GPTOC). Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda fase, con el objetivo de compartir conocimientos y construir redes globales para combatir la deforestación ilegal y los delitos relacionados, apoyando la aplicación de la ley en países clave de América Latina y el Sudeste Asiático.