Durante el evento de lanzamiento de la Red Mundial de Integridad Judicial en abril de 2018 y previamente, a través de una encuesta en línea difundida en 2017, los jueces y otras partes interesadas del sector de la justicia de todo el mundo expresaron su preocupación por el uso de las redes sociales por parte de los miembros del poder judicial. Esta preocupación también se ha reflejado en la Declaración sobre la Integridad Judicial, adoptada al final del evento de lanzamiento y que establece las prioridades de la Red. En particular, la Declaración destacó la importancia del desarrollo de materiales de orientación y otros productos de conocimiento para ayudar a los jueces a abordar los desafíos para la integridad e independencia judicial, incluidos los creados por la aparición de nuevas herramientas de tecnología de la información y las redes sociales. Con esto en mente, la Red Mundial de Integridad Judicial se ha embarcado en el desarrollo de un conjunto de directrices internacionales, no vinculantes, que podrían por n lado servir como fuente de inspiración para los poderes judiciales que están contemplando abordar el tema y por otro informar a los jueces sobre los diversos riesgos y oportunidades en el uso de las redes sociales.

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por parte de los jueces se elaboraron en una reunión de un grupo de expertos que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Viena (Austria) en noviembre de 2018, y ese mismo año se puso en marcha una encuesta mundial para determinar cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan los jueces cuando utilizan las redes sociales. Cabe notar que en la actualidad existen traducciones de las directrices al árabe, bahasa malayo, chino, croata, francés, italiano, coreano, portugues, rumano, ruso, español y turco.

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por parte de los jueces , pretenden orientar tanto a los jueces como a las autoridades judiciales (así como a otros titulares de cargos judiciales y al personal de los tribunales, según proceda, dado que su conducta también puede repercutir en la integridad judicial y en la confianza del público en el poder judicial), y delinear un marco más amplio sobre cómo orientar y formar a los jueces en el uso de las diferentes plataformas de las redes sociales, en consonancia con las normas internacionales y regionales de conducta y ética judicial y los códigos de conducta existentes.