Capacitar a jueces en ética y conducta judiciales contra la corrupción: una prioridad para los Poderes Judiciales

María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador

Consejera del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Ha sido magistrada de la Corte Constitucional.

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El combate contra la corrupción es esencial para la garantía de los derechos humanos, ya que de su eficacia depende la confianza pública en el sistema judicial, la independencia judicial y el acceso a una justicia imparcial. Como destaca Anne Peters “la corrupción en la administración de justicia hace peligrar los derechos básicos a la protección judicial”[1].

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 11 destaca que, para desempeñar eficazmente el combate contra la corrupción, los miembros del Poder Judicial deberán actuar con integridad.[2] La Constitución de la República del Ecuador[3] en el artículo 3, numeral 8, señala que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, esto conexo al numeral 5 del artículo 181 ibídem, que determina como una de las funciones del Consejo de la Judicatura: “Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”.[4]

La actual administración del Consejo de la Judicatura de Ecuador, que asumió funciones en enero 2019, decidió que el primer eje de acción institucional sea la “lucha contra la corrupción”, con el objetivo específico de institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial.

En la aplicación de esta política, cabe destacar la reforma del Código de Ética de la Función Judicial que hemos emprendido, la cual cuenta además con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la Organización de Estados Americanos, para que la nueva versión del instrumento incluya los más altos estándares internacionales sobre ética e integridad judicial.

Adicionalmente, con el objetivo de dotar a Ecuadorcon herramientas especializas en el combate a la corrupción, el Consejo de la Judicatura se encuentra implementando la primera unidad judicial especializada en materia de corrupción y delincuencia organizada, fruto del trabajo conjunto con nuestra Asamblea Nacional en la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos otorga esta facultad. Ecuador se une a otros países de América Latina que cuentan con jurisdicciones especializadas anticorrupción, por ejemplo, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Paraguay y Perú.  

En cuanto al fomento de la ética e integridad, hemos contado con el apoyo decidido del Equipo de Integridad Judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Desde mayo del 2020, el Consejo de la Judicatura se vinculó formalmente, como Lugar de capacitaciónde la Red Mundial de Integridad Judicial, con el objetivo de desarrollar actividades de difusión de los estándares internacionales sobre la materia[5].

La formación continua en ética e integridad a los servidores judiciales sirve de marco para analizar y resolver cuestiones éticas bajo el enfoque de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que esgrimen los valores de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia, además de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconoce el papel decisivo del poder judicial para adoptar medidas tendientes a reforzar la integridad y evitar todo atisbo de corrupción e incorrección entre los miembros de las judicaturas.

El estudiar estas materias permite clarificar conceptos e identificar potenciales conflictos éticos en el ejercicio de las funciones de los operadores de justicia, sobre todo a la luz de los desafíos contemporáneos que enfrentan, que van desde el uso de redes sociales a los cuestionamientos a la legitimidad de los sistemas de justicia.

La Escuela de la Función Judicial del Ecuador ha generado nueve cursos de formación en forma de herramientas nacionales de lucha contra la corrupción, que cuentan con más de 25.000 participaciones, y se ha especializado a operadores de justicia en combate a la delincuencia organizada, con más de 400 jueces y juezas capacitados hasta mayo de 2021. Además, dentro del currículo de formación, se incluyó el Curso de aprendizaje virtual sobre conducta y ética judiciales” de la Red Mundial de integridad Judicial, como requisito obligatorio a jueces y secretarios en el país, habiendo obtenido hasta la fecha más de 2.000 servidores jurisdiccionales su certificado de aprobación.

Estamos convencidos que a través de la sensibilización se refuerza la integridad institucional que deriva en un servicio de justicia para la paz social. La gran participación de nuestros operadores en la herramienta virtual provista por la Red Mundial de Integridad Judicial, refleja el compromiso de la Función Judicial ecuatoriana con la ética e integridad, y representa un hito para el Ecuador, ya que nos encontramos entre los primeros países, por número de participantes, en haber aprobado el curso.

La transparencia judicial es un referente moral para  los miembros de la judicatura y, por lo tanto, debe guiarlos en la toma de decisiones éticas tanto en su vida profesional como privada.