Haciendo Frente a los Retos de la COVID-19

Jueza Renuka Devi Dabee

La Jueza Renuka Devi Dabee es Jueza Asociada (Puisne) en el Tribunal Supremo de Mauricio. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.

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Los juicios en Mauricio se celebran tradicionalmente en audiencia pública en presencia de asesores jurídicos, partes litigantes,  testigos y personal judicial. En circunstancias normales el público también tiene acceso físico a los tribunales y a las secciones administrativas en horario de oficina. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 plantea nuevos retos a métodos antiguos y ha obligado a la judicatura a ampliar sus operaciones virtuales.

El Gobierno de Mauricio ordenó el confinamiento el 20 de marzo de 2020 en virtud del artículo 79 de la Ley de Salud Pública para frenar la propagación de la COVID-19, siendo una medida extraordinaria que podía limitar o suspender los derechos y libertades fundamentales. Se cerraron todos los negocios públicos y privados, pero los tribunales siguieron funcionando como uno de los "servicios esenciales" para tratar asuntos urgentes. El poder judicial, bajo la dirección del Presidente del Tribunal Supremo, ideó rápidamente una estrategia para tratar los asuntos urgentes, asegurando al mismo tiempo que no se negara al público el acceso a la justicia, lo que vulneraría los derechos constitucionales. Se establecieron mecanismos procesales para proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos y salvaguardar el Estado de derecho.

La judicatura emitió otras directivas estableciendo que todas las acciones judiciales urgentes se resolverían durante el confinamiento, siendo el punto de contacto inicial la Oficina del Fiscal del Distrito, que evaluaba las solicitudes. En lugar de juicios públicos se celebraron videoconferencias. Las directivas autorizaban a los magistrados a trabajar a distancia en cuestiones urgentes como las solicitudes de libertad bajo fianza, las órdenes de protección de menores y de víctimas de violencia doméstica y la revocación de las órdenes de detención.

Se observaron y respetaron los derechos constitucionales de los detenidos, así como las normas del Derecho natural. Los detenidos que desearon solicitar libertad bajo fianza lo hicieron personalmente o contrataron los servicios de un abogado. Los magistrados celebraron virtualmente las audiencias de libertad bajo fianza, dictando las resoluciones correspondientes de la misma manera. Además, los nuevos medios tecnológicos de comunicación se utilizaron para todos los asuntos urgentes en los tribunales intermedios y los tribunales de trabajo.

Sin embargo, a nivel del Tribunal Supremo, sólo se atendieron solicitudes y mociones urgentes. Durante el confinamiento, se marcó un hito judicial cuando el 14 de abril de 2020 el expresidente del Tribunal Supremo, Eddy Balancy, decidió oír a los abogados en una moción urgente ante el Tribunal Supremo por videoconferencia.

Todos los documentos estaban accesibles en línea y los abogados de ambas partes presentaron sus alegatos por videoconferencia. El Tribunal Supremo falló concediendo la moción de suspensión temporal de las actuaciones de la Autoridad Independiente de Radiodifusión relativas a su decisión de sancionar a un titular de licencia.

Esto ha sido aclamado como una gran innovación que ha marcado un punto de inflexión significativo en la afirmación del Tribunal Supremo de su función como autoridad máxima para la aplicación de los derechos fundamentales, demostrando su compromiso con la accesibilidad. El poder judicial de Mauricio supo hacer frente a los retos impuestos por la COVID-19 y reafirmó su función constitucional de salvaguardar el tejido democrático de la República de Mauricio.