Los derechos de defensa en los procedimientos de justicia a distancia

Ilze Tralmaka 

Ilze Tralmaka es Asesora Jurídica y Responsable de Política en Fair Trials, una organización internacional dedicada a promover el derecho a un juicio justo. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.

______________________________

La pandemia global de la COVID-19 está poniendo de manifiesto las deficiencias de los sistemas de justicia penal en todo el mundo a la hora de garantizar el acceso a la justicia. Muchos Estados han recurrido al cierre de los tribunales y al aplazamiento de los procedimientos como medidas de distanciamiento social a fin de evitar la propagación del virus. Una característica común de estas medidas es que mantienen a los acusados fuera de los tribunales e incluso apartados de sus abogados. Sin embargo, el derecho de un acusado a ser procesado en persona en un juicio público es un componente fundamental del derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los países recurren a las videoconferencias o las conferencias telefónicas para garantizar el acceso a la justicia de manera remota, pero si bien estos instrumentos pueden parecer la opción obvia para mantener los tribunales en funcionamiento durante la emergencia, su utilización sin las garantías adecuadas plantea riesgos importantes para el derecho de los acusados a un juicio justo.

La justicia a distancia no es nueva. Hay estudios que demuestran que comparecer en una vista virtual a través de un enlace de vídeo no es lo mismo que hacerlo en persona con el apoyo de un abogado, y tal vez, de amigos y familiares en la sala del tribunal. Los acusados a menudo tienen una visión fragmentada de lo que debe ser un proceso en un tribunal. Sin un abogado en la misma sala que los guíe, la realidad es que muchos acusados tienen dificultades para entender lo que sucede en su propio juicio penal, y estos efectos del aislamiento pueden ser aún más duros para los acusados más vulnerables.

La justicia a distancia también es difícil para los jueces. Ver a las partes a través del vídeo también dificulta que éstos puedan captar elementos de comunicación no verbales y detectar cuando el acusado tiene dificultades,

Especialmente cuando la tecnología no funciona correctamente durante toda la vista. Algunos estudios sugieren que esto puede resultar en sentencias más duras. Con el fin de evitar que se violen los derechos a un juicio justo, los Estados deben ampliar los programas de asistencia jurídica para asegurarse de que ningún acusado quede sin representación en vistas remotas por motivos financieros.

Para prevenir que se vulnere el derecho a un juicio justo y preservar la imparcialidad de los procedimientos a distancia, Fair Trials ha elaborado recomendaciones orientando a los Estados en la creación de sistemas de justicia remota y supervisa constantemente la forma en que los sistemas de justicia penal responden a la crisis en curso.

Es esencial que los abogados tengan un acceso adecuado a sus clientes en privado antes, durante y después de las vistas. La imposibilidad de reunirse en persona con sus clientes en las cárceles y comisarías debe compensarse ampliando los derechos de llamadas telefónicas y videollamadas. Los abogados y los acusados también deben tener acceso oportuno al expediente del asunto en aras de prepararse para la audiencia y, cuando sea necesario, para presentar sus pruebas. Además de las cámaras de vídeo y los micrófonos, el equipo para las vistas a distancia debe permitir examinar las pruebas de manera satisfactoria.

En la actualidad, estamos aprendiendo y descubriendo mucho en cuanto al acceso remoto a la justicia y puede que se extraigan lecciones útiles con las que avanzar. Sin embargo, el aprendizaje no puede hacerse a expensas del derecho a un juicio justo. En el mejor de los casos, si no se prevén garantías adecuadas para el derecho a un juicio justo, aumentará la carga de trabajo de los tribunales de apelación. En el peor de los casos, a largo plazo esta crisis dejará un grupo más de víctimas.