Las selecciones y nombramientos judiciales eficaces

Jueza Sanji Monageng,

La jueza Sanji Monageng actualmente se desempeña como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI). Con anterioridad sirvió como jueza del Tribunal Superior del Reino de Eswatini, así como en el Tribunal Superior de Gambia. También se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Asociación de Derecho de Botsuana y es miembro de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos desde 2003. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas. 

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"La efectividad de cada tribunal depende de su aparente legitimidad, sobre todo ante la mirada del público. Esta percepción requiere no solo que los jueces respeten los más altos estándares de integridad e independencia, sino que también los estados respeten la independencia judicial y no socaven las decisiones judiciales.

Un poder judicial exitoso es uno en el que se nombra a sus miembros luego de un proceso riguroso que evalúa tanto las calificaciones legales del candidato como su integridad.  Las distintas constituciones de los países y otras leyes exigen requisitos diferentes, pero es crucial que solo se nombre a las mejores personas para ocupar cargos judiciales. Las judicaturas no deben estar politizadas: esto significa que los partidos en el poder no deben nombrar jueces que respondan ante ellos sino ante la constitución y el público.

También es fundamental que las comisiones de servicios judiciales, los órganos encargados de hacer las entrevistas y las recomendaciones, deben ser lo suficientemente independientes, como también sensibles, por ejemplo, a las cuestiones de género.

Como jueza que ejerció con anterioridad en varias jurisdicciones de África, suscribo plenamente el esfuerzo del Foro de Presidentes de Tribunales Supremos del Sur de África para crear las "Directrices de mejores prácticas para la selección judicial y el nombramiento de jueces". Esta es una tarea noble, que, si se ejecuta, situaría a estos países en una buena posición.

Esa ejecución, sin embargo, no va a servir de mucho si las Directrices no se implementan con eficacia. Nos enfrentamos entonces a la pregunta de cómo aumentar al máximo el éxito de esta labor. En cuanto a la implementación, en mi opinión los estados deben establecer obligaciones específicas y medibles.  Estas obligaciones deben monitorearse: 

- A un nivel nacional, a través de, por ejemplo, el establecimiento de órganos independientes de monitoreo interno,

- a través de los informes periódicos que los Estados Miembros entregan cada dos años a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

- y a través de los informes sobre los procedimientos especiales para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En cuanto al monitoreo, los estados tendrán que trabajar duro para encontrar la forma de cambiar la mentalidad presente, porque en la mayoría de los países el poder ejecutivo juega un papel demasiado dominante en la selección y nombramiento de los funcionarios judiciales, y puede que no sea fácil hacer que los ejecutivos acepten un sistema de monitoreo.

Además, si las Directrices se van a implementar, se va a necesitar una financiación para entrenar a los funcionarios. Para lograr la independencia requerida y supervisar su implementación exitosa, los planes tienen que ser realistas y tener en cuenta las dificultades económicas de los diferentes países. Por ejemplo, los países aprobaron diversos acercamientos para la investigación de los candidatos judiciales, y mientras que es un proceso recomendable, algunos pasos pueden ser innecesarios e incluso superfluos teniendo en cuenta su costo adicional.

Por último, es importante mencionar que los tribunales de los países individuales son responsables de formar a sus jueces, quienes podrían ser nombrados para cargos en tribunales y cortes regionales e internacionales. En consecuencia, estos tribunales y sus altos estándares recurren a los tribunales nacionales en búsqueda de jueces cualificados para cubrir candidaturas y nombramientos. Esta es solo otra razón más por la que los estándares a nivel nacional también deben de ser altos."