El juez David Maraga es presidente del Tribunal Supremo de Kenia. Antes de convertirse en presidente del Tribunal Supremo, se desempeñó como juez en el Tribunal de Apelaciones y presidió la Comisión Electoral del Poder Judicial en Kenia. El juez Milton Ray Guevara es el actual presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Se desempeñó con anterioridad como ministro de trabajo de la República Dominicana y también como senador por la provincia de Samaná. El juez Rhee Young Hwan es el juez principal del Tribunal de Distrito de Uijeongbu en la República de Corea. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.
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Es una lástima que en los medios se discuta sobre la integridad judicial solo cuando se la considera deficiente, pero es entendible. Después de todo, la integridad judicial y la ética deben ser la norma, no la novedad. En todo el mundo, desapercibidos y sin ser mencionados, decenas de miles de jueces, abogados y auxiliares judiciales dedican su vida a defender la inviolabilidad del Estado de derecho, con frecuencia enfrentándose a problemas por ajustes presupuestarios graves, a los ataques contra su independencia y a las tentaciones de la maquinaria bien engrasada de la corrupción, tan difícil de afrontar por sí solos. Cuando la independencia, la imparcialidad y la integridad de los jueces son dudosas, por no decir inmorales, tiemblan los mismos cimientos de la justicia.
Como miembros del sistema judicial, es nuestro deber colectivo proteger los derechos y las libertades de las personas, y garantizar que tengan acceso a la justicia en su sentido más puro. Para lograrlo, debemos buscar continuamente formas de mejorar la independencia, imparcialidad e integridad de los jueces y del personal judicial, y garantizar que su decencia, equidad, competencia y diligencia sean irreprochables. Estos son los valores fundamentales establecidos en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, y estipulados en el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, valores a los que todos nosotros aspiramos.
La motivación para construir instituciones transparentes y responsables ya es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre todo el Objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero un camino para lograrlo es crear y fortalecer una relación especial entre aquellos cuya responsabilidad es la interpretación y la impartición de la justicia: una justicia como debe ser.
Por eso la Red Mundial de Integridad Judicial, puesta en marcha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) esta semana, es tan constructiva y vital. Cuando trabajamos juntos para dar respuesta a los problemas presentes y reunimos a jueces de todo el mundo para compartir buenas prácticas, intercambiar conocimiento y experiencia, y fomentar la cooperación y la colaboración, sabemos que la integridad judicial es posible.
Esta Red, más que nada, es una plataforma para ofrecer ayuda a las judicaturas de todo el mundo mientras trabajan para alcanzar los objetivos interdependientes de mejorar la integridad judicial y luchar contra la corrupción en sus sistemas de justicia. Tal ayuda se provee de varias maneras.
Primero, la Red promoverá la recopilación de conocimientos aprovechando la experiencia y pericia de los jueces, las asociaciones judiciales y otros interesados esenciales. Segundo, facilitará a los miembros un acceso inmediato a miles de recursos y herramientas pertinentes sobre varios asuntos relacionados a la integridad judicial, a los que de otra forma no todos habrían podido acceder con facilidad. Tercero, fomentará el aprendizaje entre homólogos y apoyará actividades entre los jueces, ofreciéndoles una línea de comunicación más directa y eficiente. Por último, la Red apoyará la subsiguiente elaboración y la implementación efectiva de los principios de conducta judicial, ayudando a prevenir la corrupción en el sistema de justicia.
Cuando los jueces de cada país pueden acceder a los recursos legales y judiciales pertinentes para estudiar las buenas prácticas o revisar la cantidad de material que la UNODC puso a su disposición, dentro de una red que les ofrece la oportunidad de cooperar y consultar directamente entre homólogos de otras jurisdicciones, sus esfuerzos individuales para luchar contra la corrupción y para proteger la integridad judicial se ven fortalecidos por el poder del consenso y sostenidos por la fuerza de su universalidad.
Básicamente, y lo que es más importante, estos pasos protegerán el derecho de las personas a la justicia. Puede parecer inspirador e idealista, pero este es el objetivo de cada honorable miembro del sistema de justicia.
Como miembros de la Red Mundial de Integridad Judicial y como presidentes de Tribunales Supremos que han visto con sus propios ojos los obstáculos y los problemas que se enfrentan tantos hombres y mujeres íntegros en sus esfuerzos para servir a la causa de la justicia, creemos en el poder de aunar fuerzas a través de las fronteras para compartir nuestras perspectivas e incentivarnos unos a otros en nuestro afán colectivo por un sistema judicial independiente, imparcial y ético.
Mientras más homólogos y colegas de todo el mundo se nos unan a esta red internacional única, más potentes y fructíferos serán nuestros esfuerzos, y más accesibles serán nuestros tribunales para todos los ciudadanos del mundo