Responsabilidad corporativa frente a delitos de corrupción en Colombia, Perú y Panamá

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Problemática

En el período de octubre de 2022 a marzo de 2023, la corrupción continúa siendo la principal preocupación en Perú, según un 54.1% de la población. La Contraloría General del Estado estima que la corrupción habría ocasionado pérdidas económicas de alrededor de S/24.419 millones en 2022, con un 56% atribuible a gobiernos regionales y municipalidades. Un 81% de las personas percibe un aumento en la corrupción en los últimos cinco años, mientras que solo un 10% mantiene la esperanza de su reducción. El gobierno central es percibido como una de las instituciones más afectadas por la corrupción por primera vez desde 2004.

Objetivos

  • Fortalecer la capacidad institucional del Estado peruano para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción.

¿Cuáles son los resultados esperados?

  • Adopción de buenas prácticas en materia de técnicas de investigación, cooperación internacional, negociación de acuerdos y otros aspectos de importancia, hitos que contiene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
  • Contar con un sector privado fuerte que promueva y fomente los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas para la construcción de la seguridad y estabilidad económicas, el desarrollo social y la inversión internacional es tarea de todas y todos.

¿De qué se trata?

Con el apoyo de la Embajada Británica, UNODC desarrolla este proyecto que tiene como objetivo fortalecer el diseño, la implantación y eficacia de los programas de cumplimiento como mecanismo de prevención frente a la responsabilidad corporativa por delitos de corrupción en la región.

¿Cuál es la población objetivo?

Fiscalías anticorrupción; Superintendencias de sociedades y de mercados de valores; Procuradurías anticorrupción; Policía y Jueces