La persistencia de diversas manifestaciones de la corrupción se atribuye a una serie de condiciones de riesgo. Entre estas condiciones se incluye la falta de transparencia y criterios mínimos en la planificación, presupuesto y ejecución del gasto público. También se destacan las deficiencias en recursos y capacidades en las entidades encargadas de la auditoría, fiscalización y control interno, así como en las instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia. Otras condiciones incluyen el funcionamiento limitado y alcance insuficiente de los mecanismos de participación ciudadana y supervisión social, la ausencia de estrategias coordinadas entre autoridades, funcionarios y sociedad para combatir la corrupción, así como la falta de prácticas de autorregulación e integridad en el sector empresarial. Además, se observa un impacto limitado de los programas educativos en la promoción de valores cívicos, éticos, integridad y derechos humanos.

• Crear plataformas regionales para acelerar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a nivel mundial, con miras a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.
• Identificar prioridades anticorrupción que puedan ser abordadas de forma práctica, aprovechando las capacidades y conocimientos regionales. 

Los países y organismos de desarrollo concentran sus esfuerzos en actividades que sirven para lograr resultados tangibles hacia la implementación efectiva de la Convención.

El proyecto tiene como objetivo respaldar los esfuerzos de los Estados parte para llevar a cabo la implementación integral de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). UNODC proporciona asistencia técnica en una variedad de áreas temáticas que se encuadran en los cuatro pilares esenciales del instrumento: prevención de la corrupción, aplicación de leyes y penalización, cooperación internacional y recuperación de activos. Esto implica brindar apoyo en múltiples sectores, con el propósito de fortalecer las capacidades de los Estados parte y fomentar la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional, así como la recuperación de activos vinculados a actividades corruptas.