Puerto España, 24-26 de julio de 2024. Con el objetivo de aprovechar las dimensiones de los derechos humanos y el género en las acciones de justicia penal en Trinidad y Tobago, CRIMJUST, bajo el Programa Global de Flujos Ilícitos y en colaboración con la Oficina Regional de la UNODC para Centroamérica y el Caribe, reunió a la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Asuntos Legales, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, la Rama de Prevención del Terrorismo de UNODC, CARICOM IMPACS, organizaciones de la sociedad civil, la Universidad de las Indias Occidentales y el Centro Stimson, para desarrollar una hoja de ruta para la integración de consideraciones de derechos humanos y género en las investigaciones sobre la delincuencia organizada en Trinidad y Tobago.
Durante la sesión de apertura, el Honorable Reginald T.A. Armour, SC, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales, destacó la importancia de aplicar consistentemente un enfoque de derechos humanos en las acciones de justicia penal. Subrayó la necesidad crítica de considerar los roles tanto de las víctimas como de los perpetradores en el nexo entre la delincuencia organizada, los derechos humanos y el género. Sus comentarios fueron complementados por las reflexiones de otros panelistas distinguidos, incluyendo a Su Excelencia Peter Cavendish, Embajador de la Delegación de la Unión Europea en Trinidad y Tobago, la Sra. Tracey Hutchinson, Jefa de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Trinidad y Tobago, la Sra. Isiuwa Iyahen, Representante Adjunta de ONU Mujeres, la Sra. Reba Granado-John, Asesora de Derechos Humanos de la OACDH y el Sr. Mario Hemmerling, Coordinador de CRIMJUST de la GPCD de la UNODC.
La relevancia de aprovechar las dimensiones de los derechos humanos y el género en las investigaciones sobre delincuencia organizada transnacional: Comprendiendo el vínculo entre la delincuencia organizada, los derechos humanos y el género
A pesar de la necesidad de acciones contundentes contra la delincuencia organizada, la consideración de las perspectivas de derechos humanos y género en las investigaciones es fundamental para generar respuestas efectivas dentro del sistema de justicia penal.
El cumplimiento de las normas de derechos humanos a lo largo de todo el proceso investigativo no solo es un requisito legal, sino también una estrategia clave. Las pruebas obtenidas por medios ilegales o en violación de las normas de derechos humanos pueden ser declaradas inadmisibles en el tribunal, lo que socava el caso de la fiscalía y puede permitir que los perpetradores evadan la responsabilidad. Por lo tanto, las investigaciones, los enjuiciamientos, las adjudicaciones y las sanciones que sean sensibles al género y estén basadas en los principios de derechos humanos no solo aseguran justicia para las víctimas y los perpetradores, sino que también fortalecen los resultados del sistema de justicia penal y son más efectivas contra la delincuencia organizada.
Además, la priorización de consideraciones de género y derechos humanos promueve la inclusión y la equidad dentro del sistema de justicia penal. Como resultado, las investigaciones pueden tener en cuenta mejor las diversas experiencias y vulnerabilidades de los diferentes grupos afectados por la delincuencia organizada, asegurando que se haga justicia de manera equitativa. Asimismo, la incorporación de principios de derechos humanos en las investigaciones ayuda a proteger contra los abusos de poder y las violaciones de los derechos individuales. Esto no solo garantiza la integridad de los esfuerzos de las fuerzas del orden, sino que también fomenta la confianza y cooperación pública, las cuales son cruciales para la prevención y detección efectiva de delitos.
Los enfoques sensibles al género en las investigaciones sobre delincuencia organizada pueden revelar patrones de explotación y victimización que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Comprender cómo el género se cruza con la actividad criminal puede conducir a intervenciones más específicas y servicios de apoyo para las víctimas, rompiendo finalmente el ciclo de victimización y reduciendo la prevalencia de la delincuencia organizada. Al integrar consideraciones de derechos humanos y género en las investigaciones sobre delincuencia organizada, las agencias de aplicación de la ley pueden asegurar que sus esfuerzos sean tanto efectivos como éticos, lo que lleva a resultados más sólidos en la lucha contra la delincuencia organizada.
"El encuentro de partes interesadas es importante para Trinidad y Tobago, ya que proporcionó una base fundamental para que los legisladores y responsables de políticas consideren e integren estos temas, garantizando un enfoque justo, transparente y equilibrado, y aumentando la probabilidad de éxito en la disuasión y prevención de la proliferación de la delincuencia organizada transnacional", dijo Vyana Sharma, Directora de la Unidad Antiterrorismo de la Oficina del Fiscal General y del Ministerio de Asuntos Legales.
Sue Ann Barratt, Jefa del Instituto de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales, expresó que este "encuentro fue una conversación necesaria para visibilizar las capacidades y limitaciones implicadas en la integración prevista". Añadió que "demostró cómo las barreras de entendimiento pueden infiltrarse fácilmente en estos proyectos, especialmente cuando el tema sigue siendo tan tenue en su contexto". "Crucialmente, estableció la complejidad de articular e implementar tales acciones en sistemas jerárquicos e instituciones que a veces ven su propia estructura como una amenaza al cambio. Significativamente, reunió a un grupo viable de personas que pueden continuar con el ejercicio, una vez que se cultive su dedicación dentro y entre las instituciones", concluyó.
"La relación entre la protección de los derechos humanos y el género como constructos sociales es un hilo común en la aplicación de la ley moderna. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS) como Trinidad y Tobago ven la dinámica de esta relación de manera muy gráfica. Debido a nuestra ubicación geográfica, somos particularmente susceptibles a la actividad criminal transnacional organizada, por lo que las herramientas desarrolladas en este tipo de consultas nos colocan en una mejor posición para abordar efectivamente este tipo de delitos. La incorporación de los derechos humanos y el género en la investigación del crimen organizado sin duda refina la capacidad de los SIDS para enjuiciar a los criminales de manera más efectiva y eficiente", destacó Ian Rampersad, Director de la Unidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos de Trinidad y Tobago.
Desarrollo del encuentro de partes interesadas
Para sentar las bases para el desarrollo de la hoja de ruta, los participantes discutieron la importancia de la sensibilidad de género en las investigaciones sobre la delincuencia organizada, la razón por la cual los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier estrategia contra la trata de personas, el nexo entre la delincuencia organizada y el terrorismo, y la evaluación de las consideraciones de derechos humanos y género en la intersección de la contraproliferación y la lucha contra el terrorismo.
Después de una visión general de las convenciones internacionales relevantes sobre delincuencia organizada transnacional y derechos humanos y una discusión sobre los marcos legales y políticas nacionales existentes relacionados con la sensibilidad de género y los derechos humanos en las investigaciones de la delincuencia organizada, los participantes profundizaron en debates sobre la construcción de capacidades institucionales, estrategias para la incorporación de consideraciones de derechos humanos y género en las investigaciones sobre delincuencia organizada y la importancia de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Durante el encuentro de partes interesadas, se discutieron temas clave como la victimización, centrándose particularmente en grupos vulnerables como las mujeres y las comunidades marginadas, y garantizando la aplicación de los principios de derechos humanos -igualdad, no discriminación, rendición de cuentas y estado de derecho- en todas las etapas de las investigaciones sobre delincuencia organizada. Las discusiones subrayaron la necesidad de sensibilización para asegurar que los titulares de derechos comprendan sus derechos y la importancia de enfoques sensibles al género. Los participantes también exploraron la intersección entre la delincuencia organizada y el terrorismo, enfatizando la necesidad de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos, garantizar juicios justos y proteger las libertades civiles. La reunión resaltó la importancia de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, los informes públicos y el papel fundamental de la capacitación para adherirse a las leyes y normas internacionales y evitar una mayor victimización.
Posteriormente, los participantes desarrollaron el borrador de la hoja de ruta en diferentes grupos. El borrador consolidado será discutido y refinado con las partes interesadas. La versión final se compartirá con las instituciones responsables.
CRIMJUST está financiado por la Unión Europea y por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos (INL). Busca mejorar las estrategias de aplicación de la ley y judiciales contra los narcóticos más allá de las actividades de interdicción y fomentar respuestas transnacionales que aborden cada etapa de la cadena de suministro de drogas.