La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presenta Informe 2021

Los flujos financieros ilícitos y el papel de la dark web bajo la lupa del informe

 

Evento híbrido. En el Perú la presentación estuvo a cargo de Luis Alberto Otárola y César Arce, miembros de la Junta.

 

 

Lima, 10 de marzo, 2022 – La Presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE por sus siglas en español), Jagjit Pavadia, presentó hoy en Viena el Informe 2021 que se enfoca este año en los flujos financieros ilícitos, en sus vínculos con el tráfico de drogas y en sus efectos más amplios en la sociedad.

 Jagjit Pavadia resaltó la importancia del enfoque del informe señalando que los grupos delictivos organizados dependen de los flujos financieros ilícitos para ampliar y mantener sus actividades delictivas, promoviendo el soborno, la delincuencia, la corrupción y la desigualdad, además de generar inestabilidad política y social.

En ese sentido, el informe aborda también las repercusiones de los flujos financieros ilícitos en los países en desarrollo y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el documento plantea la incidencia de las nuevas tecnologías que facilitan a los grupos delictivos organizados el blanqueo de dinero con el consecuente incremento de sus ganancias.

En el informe anual se reflexiona sobre el papel que desempeña el Internet- en especial la dark web- y las redes sociales en la venta y comercio electrónico de drogas y sustancias peligrosas.

En ese contexto, el Informe 2021 de la JIFE concluye con 32 recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de aprobar leyes de transparencia más eficaces en las que se prevean sanciones adecuadas; intensificar aún más las medidas contra el blanqueo de dinero; prestar atención a las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas; colaborar con los sectores privado y no gubernamental y con los líderes para concienciar sobre el vínculo entre los flujos financieros ilícitos y el tráfico de drogas y sobre sus repercusiones negativas en la estabilidad y el desarrollo; tomar medidas encaminadas a prevenir la explotación de nuevos servicios y productos financieros -como la billetera electrónica y las monedas digitales- para el tráfico de sustancias peligrosas.

Los datos del Informe muestran que los países con altos niveles de tráfico de drogas también presentan altos niveles de inestabilidad, violencia y delincuencia. Para hacer frente a esos efectos negativos y al costo humano, la JIFE hace un llamamiento a los Gobiernos para que combatan todas las fases del tráfico
de drogas, desde el cultivo y la producción hasta la venta y ocultamiento de los beneficios financieros ilícitos.

 

PRESENTACIÓN EN EL PERÚ

 

En el Perú la presentación del Informe 2021 de la JIFE estuvo a cargo de dos miembros de la Junta, Alberto Otárola (Perú) y César Arce (Paraguay) en un evento que contó con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

 El evento híbrido se desarrolló entre la ciudad de Lima y seis países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

 En sus palabras de apertura, Antonino De Leo, Representante de la UNODC para Perú y Ecuador, recalcó la imparcialidad del informe. “La JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que sería necesario adoptar.  Desde la UNODC, consideramos que estos informes anuales son una ocasión importante para que la comunidad internacional pueda reflexionar y actuar conjuntamente para abordar los desafíos y los retos que presenta el problema mundial de las drogas y avanzar hacia la Agenda 2030 de desarrollo sostenible”

Pierre Lapaque, Director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, hizo hincapié en la Estrategia 2022-2025 de la Oficina, presentado el mes pasado, como un elemento articulador en los esfuerzos regionales por luchar contra este flagelo. “En los tres países con cultivos de coca en la región, la demanda de sustancias químicas crece continuamente y los métodos de procesamiento de cocaína siguen empleando las mismas sustancias. "Para lograr mejores resultados frente a las dinámicas del narcotráfico es necesario desarrollar nuevas metodologías para su abordaje, basadas en estudios de carácter técnico-científico", señaló

Entre los aspectos más destacados del informe 2021 de la JIFE en relación con América del Sur, se señala que se incautaron mayores cantidades de cocaína y precursores; asimismo, el número de rutas y redes utilizadas por los traficantes aumentó a pesar de las restricciones debidas a la COVID-19. La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca sigue disminuyendo en Colombia, pero el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú notificaron aumentos. El informe señala también que en la región varios gobiernos se preparan para establecer industrias del cannabis y que ha habido un aumento de las drogas, similares al éxtasis, así como de nuevas sustancias psicoactivas.

Ambos especialistas coincidieron en señalar que la JIFE mantiene la determinación de seguir dando apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas y enfatizaron en la necesidad de actuar de manera colectiva dado que los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras ni nacionalidades.

 A través de una detallada exposición del Informe, Alberto Otárola dividió la presentación en cuatro ejes: flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y sus repercusiones en el desarrollo y la seguridad; funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas; cuestiones mundiales y análisis regionales y, finalmente, las recomendaciones.  “Por novena vez en los últimos 13 años, el mundo se volvió menos pacífico, con un deterioro del nivel medio de paz de los países del 0,07 % ese año. El narcotráfico ha incidido en esta situación”, señaló.

Por su parte, César Arce, desde Paraguay, destacó la relación entre drogas y corrupción. “No hay nada que debilite más los esfuerzos encaminados a frenar el comercio de drogas ilícitas que los intentos fructíferos de las organizaciones delictivas de intimidar y sobornar a los funcionarios públicos”, dijo.

“El Gobierno reconoce la necesidad de implementar estrategias sostenibles para el control de la oferta de los cultivos ilícitos, para la producción de estupefacientes en el marco de una experiencia que hemos adoptado en el país, desde hace algunos años. La experiencia de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible constituyen un eje fundamental de nuestro escenario”, aseveró Ricardo Soberón, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

Luisa Fernández, Coordinadora Regional del Programa del Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores de la UNODC centró su reflexión en la post incautación. Felicitamos el esfuerzo de la incautación, pero debemos centrarnos en las etapas posteriores para reducir el riesgo de que estas sustancias puedan ser reintegradas al mercado ilícito”, señaló

Las conclusiones estuvieron a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, quien calificó de “fundamental” la asistencia técnica que brinda la UNODC y destacó el compromiso del país ante los instrumentos internacionales de los cuales es signatario.  “Tomamos nota de las recomendaciones, de la JIFE, reafirmando nuestro compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra el flagelo de las drogas”

 

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Información para editores:

 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano independiente de vigilancia de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1968 con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores, establecidos en virtud de anteriores tratados de fiscalización de drogas, se remontan a la época de la Sociedad de las Naciones. Sobre la base de sus actividades, la JIFE publica un informe anual que se presenta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por conducto de la Comisión de Estupefacientes. El informe contiene un estudio amplio de la situación de la fiscalización de drogas en diversas partes del mundo. Al ser un órgano imparcial, la JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que debieran adoptarse.

 

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