Esfuerzo interagencial de Naciones Unidas fortalece las capacidades de 14 fiscalías de Perú en materia de trata de personas
Lima, Perú, 17 de octubre de 2022 – El Primer Congreso Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) se llevó a cabo de forma presencial con el apoyo técnico y logístico de tres agencias del sistema de Naciones Unidas en Perú.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) pusieron a disposición de las 14 fiscalías especializadas a nivel nacional una metodología específica para este encuentro presencial, diseñada sobre la base de las necesidades identificadas por la coordinación de las FISTRAP a inicios de este año y aprobada por la Escuela del Ministerio Público como parte de su plan de trabajo anual.
Para el diseño del congreso, la coordinación de las FISTRAP y las agencias de Naciones Unidas elaboraron una encuesta que fue divulgada y completada por las y los fiscales del país. A partir de este instrumento se recogió evidencia sobre los temas más problemáticos en el trabajo de las fiscalías especializadas, así como su percepción sobre la urgencia de contar con respuestas unificadas.
En el acto de apertura, Thomas Wissing, Director Adjunto de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, felicitó los esfuerzos de la Fiscalía para seguir fortaleciendo su rol en la lucha contra la trata de personas, un crimen que niega condiciones de vida y de trabajo dignos a las personas. “Espacios como este son importantes para seguir avanzando y garantizar que ninguna persona especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, sean víctimas de trata de personas y que, cuando lamentablemente así suceda, instituciones como la Fiscalía actúen con la rapidez y la contundencia necesarias para perseguir a los responsables y tutelar los derechos de las víctimas”, sostuvo.
Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la UNODC (Iniciativa Track4Tip) subrayó la necesidad de luchar contra las vulnerabilidades que aquejan a un importante sector poblacional. “Tenemos que combatir la desigualdad. La trata de personas se nutre de relaciones desiguales de poder. En ese sentido, unificar los criterios y garantizar el acceso a la justicia es un esfuerzo que podemos llevar acabo y alcanzar la agenda 2030”, señaló, al tiempo de colocar a la Fiscal General un corazón azul, el símbolo global del compromiso para combatir este flagelo.
El criterio fue compartido por Joel Jabiles, Coordinador de Protección de OIM, quien recordó el importante desafío que implica para el Perú ser el segundo país de acogida de la región del importante flujo migratorio, sobre todo de origen venezolano. “La trata no es nueva, pero los últimos años se ha agudizado la situación de vulnerabilidad de las personas y la sofisticación del modus operandi de las redes de trata que han captado a las víctimas afectando sus derechos con consecuencias para toda la vida”, dijo.
Finalmente, Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, aseguró que el Congreso contribuirá en el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de los despachos ficales de la FISTRAP a nivel nacional, “con una consecuencia necesaria en la mejora en el abordaje, eficiencia y resultados de las investigaciones de trata de personas y delitos conexos”.
Rocío Gala, Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, fue la encargada de socializar la metodología a través de mesas de trabajo dirigidas por colegas expertos nacionales e internacionales propuestos por las agencias cooperantes de la ONU con directa participación de los fiscales.
La cita concluyó tras dos días de debate: los temas abordados fueron trabajo forzoso como finalidad de la trata, explotación sexual de niños y niñas a través de entornos virtuales, agente encubierto, entre otros.
Este evento ha facilitado la unificación de criterios a nivel nacional en ocho temas en materia de trata de personas:
- actos de colaboración y promoción de la trata de personas,
- distinción entre explotación laboral en términos penales e infracción laboral,
- distinción entre el delito de trabajo forzoso y el delito de esclavitud y otras formas de explotación,
- reparación civil en la trata de personas y sus formas de explotación,
- concursos entre favorecimiento a la prostitución, proxenetismo y explotación sexual,
- prueba anticipada,
- delito de pornografía infantil y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales, y
- víctimas de trata de personas y explotación en situación de movilidad, desde el cumplimiento de diversos principios y enfoques como género, enfoque basado en el trauma, centrado en las víctimas y el principio de no criminalización de la migración.
Finalmente, se espera que los acuerdos adoptados en el I Congreso sean consignados en un oficio múltiple del Ministerio Público y socializados con las Fiscalías Especializadas en materia de trata de personas a nivel nacional.
Sobre el programa TRACK4TIP
TRACK4TIP es una iniciativa hasta 2023, implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir la Trata de Personas / JTIP.
El proyecto, que inició en 2019, beneficia a ocho países de América del Sur y el Caribe con acciones nacionales y regionales en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal regional a la trata de personas, en los flujos migratorios de los países beneficiarios a través de un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas, con acciones a nivel regional y nacional para identificar, prevenir y procesar casos.
Esta nota de prensa fue posible gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en virtud de los términos del Acuerdo Nº SSJTIP19CA0027. Las opiniones expresadas en el son las de su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos.